Madrid, 21 abr (EFE).- El juez español que investigaba a exdirigentes chinos por presuntos delitos de genocidio y lesa humanidad en el Tíbet concluyó el sumario y dejó en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el futuro del caso.
Este tribunal debe decir si lo archiva o plantea un recurso de inconstitucionalidad, después de la reforma de la justicia universal en España, que limita su aplicación.
Tras la reforma aprobada por el Parlamento español el pasado febrero, los jueces españoles sólo podrán investigar delitos de genocidio o lesa humanidad cuando la causa se dirija contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España o cuya extradición hubiera sido denegada.
Además, establece el archivo retroactivo de las causas abiertas por el principio de jurisdicción universal, que no se ajusten a esos criterios.
Según han informado fuentes jurídicas, el juez instructor Ismael Moreno ha hecho caso al informe de la Fiscalía que le pedía que concluyera el sumario para elevar las actuaciones a la Sala de lo Penal, que decidirá en un pleno si archivarlo o si plantear a las partes la posibilidad de presentar una cuestión de inconstitucionalidad contra la reforma de la ley de la justicia universal.
La postura del ministerio público es la misma que en el caso del periodista español José Couso, muerto en Irak en 2003.
El pasado 10 de febrero, Moreno ordenó la busca y captura para su detención e ingreso en prisión incondicional de cinco exlíderes comunistas chinos, entre ellos el expresidente Jiang Zemin, por delitos de genocidio, torturas y lesa humanidad en relación a la represión en el Tíbet.
Tras esta decisión, China expresó en varias ocasiones su “fuerte malestar” y su “firme oposición” a la decisión de la Justicia española y expresó su deseo de que el Gobierno resolviera “de forma apropiada” este asunto.
La querella por el supuesto genocidio en el Tíbet en los años ochenta y noventa, recayó en 2006 en el juez Moreno, quien el 11 de octubre de 2013 la amplió al expresidente chino Hu Jintao.
Otro juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, y la Fiscalía del alto tribunal mostraron sus dudas sobre la constitucionalidad de la reforma de la justicia universal, mientras que los seis jueces centrales de instrucción tomaron la decisión de dirigirse a las partes para que ellas se posicionen sobre los efectos de la reforma. EFE
