Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo).– En los últimos 24 años, México ha recibido 295 recomendaciones internacionales para mejorar los derechos de los niños y niñas del país, de las cuales sólo atendió 30 por ciento, dijeron Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) en el marco de la reunión en Ginebra, Suiza, de una comisión de autoridades mexicanas con el Comité de Derechos de la Infancia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Es decir, el país se convirtió en un acumulador de recomendaciones durante el paso de los años, sin dar cumplimiento al 70 por ciento de ellas, dijeron. Así, el Gobierno federal ha hecho caso omiso en la problemática que tienen que ver con niños migrantes, abuso sexual, tortura institucional, violencia armada, feminicidios y desaparición forzada de familiares cercanos de menores, que terminan influyendo en su vida cotidiana.

“No hay un mecanismo formal de seguimiento. No tenemos un antes y después. A partir de ahora debemos tener un después de las recomendaciones. La información que el Estado reporta a la Convención son medidas paliativas, que no necesariamente están respondiendo a un tema de fondo”, dijo Mónica Ramírez García, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

Las organizaciones no gubernamentales mexicanas enfatizaron en la necesidad de informar sobre las ejecuciones extrajudiciales, como en el caso Tlatlaya en donde se presume hay tres menores asesinados entre los 15 y 17 años.

Ramírez García reconoció que existe un avance en la Ley General para la Protección de los Niños y Adolescentes. Sin embargo es ambigua. No cuenta ni siquiera con información presupuestal.

“Nos preocupa que no haya un presupuesto asignado para esto y que entonces no tenga una consecuencia real”, indicó.

LA CRIMINALIZACIÓN Y LA PEDERASTIA

Alfonso Poiré Castañeda, de Save the Children México, indicó que el asesinato que cometieron los niños y adolescentes en Chihuahua contra un menor de seis años, es un reflejo de la descomposición de la vida social de México y de que el Estado está fallando en garantizar la erradicación y la prevención de la violencia en todas sus formas.

“La tendencia incorrecta sería centrarlos en la criminalización de esos niños. Es una tendencia latente, pero por lo contrario, este caso debería darnos claridad sobre la complejidad de las estrategias que se tienen que desarrollar de parte del Estado mexicano y la sociedad para prevenir esta violencia”, dijo.

Otro de los crímenes en contra de los niños en donde el Gobierno mexicano ha sido omiso e incluso cómplice e encubridor es en el tema de la pederastia, dijo Aidé García, coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir.

“Tenemos preocupación por el abuso a los niños por parte de sacerdotes católicos. Hay una tendencia de las autoridades mexicanas a proteger a los sacerdotes. Existen denuncias de abuso sexual contra niños cometidos por sacerdotes y las autoridades encubren, privilegiando la investidura sacerdotal, sobe el derecho a la integridad de los niños. Hay casos concretos como en el Distrito Federal, San Luis Potosí y Puebla”, detalló.

El caso del ex sacerdote prófugo Eduardo Córdova Bautista, acusado de abusar de unos 100 niños en San Luis Potosí durante sus 30 años de servicio, quien además cuenta con una orden de aprehensión y está prófugo, es paradigmático.

Al sacerdote no sólo lo protegió el Gobierno mexicano, sino el mismo Vaticano, recordó.

El ex sacerdote llegó a ocupar cargos de alto de rango en la administración clerical y tuvo funciones ciudadanas en el Gobierno estatal. Fue Consejero Ciudadano de Transparencia y Vigilancia para las Adquisiciones y Contratación de Obra Pública.

En abril del año pasado, el Arzobispo de San Luis Potosí, Carlos Cabrero Romero, denunció entrevista que sí hubo un proceso en El Vaticano por pederastia en contra del ex sacerdote, pero que la institución religiosa no instruyó removerlo.

Tampoco el Gobierno del estado, encabezado por el priista Fernando Toranzo Fernández, ni el anterior hicieron nada para someter al presunto pederasta a investigación.

En mayo de 2014, el Vaticano anunció su expulsión y su caso llegó hasta la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que ofreció asesoría legal y jurídica a los presuntos afectados, y se pronunció porque se ejerza una investigación a fondo no sólo al sacerdote sino a las instituciones religiosas y civiles que, pese a las denuncias en su contra, permanecieron mudas durante tres décadas.

Las denuncias que tienen al cura más cerca de ser presentado ante la ley se hicieron más álgidas al conformarse un expediente enviado por los padres de un menor del que el cura abusó sexualmente en 2012.

La activista de Católicas por el Derechos a Decidir destacó que cuando no hay acceso a la justicia, el delito sexual no se detiene. A los sacerdotes los cambian de parroquia y cometen abusos en contra de otros niños.

REUNIÓN EN GINEBRA

La comisión mexicana que se encuentra en Ginebra, Suiza rindiendo un informe ante el Comité de Derechos de la Infancia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue cuestionada severamente por los expertos, y se quedó callada, reveló ayer Juan Martín Pérez, director de Redim.

El directivo se encuentra también en Ginebra y a través de un enlace esta mañana dio a conocer algunos pormenores de la actuación de 25 autoridades mexicanas, encabezadas por Laura Vargas, directora del Sistema Nacional Desarrollo Integral de la Familia.

“Lo que nos preocupó es que no contestaron la mitad de las preguntas que hizo el Comité. No tuvieron respuesta y el Comité les pidió que en un plazo de 48 horas entreguen por escrito las respuestas a las preguntas que no contestaron”, dijo.

Entre los cuestionamientos estuvo presente el tema de la falta de presupuesto para “cambiar la realidad de la niñez en México” en la nueva Ley General para la Protección de Niños y Adolescentes.

“La frase que destacó fue que: ’es difícil para este Comité entender cómo un país tan rico, tenga un nivel de desigualdad y pobreza como México”.

Los expertos de la ONU afirmaron que en el país “la pobreza tiene el rostro de un niño”.

La ONU cuestionó al Teletón por considerarlo violatorio de los derechos de los niños.

“Porque explota la tristeza y que se haga un uso mercantil de la lástima. Pero el Estado mexicano defendió al Teletón ante el Comité de expertos”, dijo Juan Martín.

La ONU cuestionó el incrementó del número de deportaciones de niños migrantes entre 2013 y 2014.

México se justificó y respondió que “no es que se incremente. Ahora entrega más rápido a los niños a sus familiares”, lo cual generó risas entre los asistentes, relató el director de Redim.

Los expertos de la ONU cuestionaron a México sobre la impunidad en el caso de la Guardería ABC de Hermosillo y sobre el asesinato del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, muerto por una bala de goma en Puebla.

“Preguntaron muy insistentes en si las familias y los niños sobrevivientes de la Guardería ABC tenían otros recursos jurídicos para poder acceder a la justicia”, expuso Juan Martín.

El Comité de la ONU solicitó al Gobierno mexicano precisar las cifras de niños desaparecidos, debido a que hay fuentes que aseguran que son siete mil, mientras que la cifra oficial reconoce tres mil.

El Comité emitirá recomendaciones al Estado mexicano el próximo 7 de junio, las cuales se sumarán a la lista de las 295 que datan desde 1990 a la fecha.