Espionaje telefónico y fake news
El pasado lunes, activistas y periodistas denunciaron el espionaje por parte del gobierno federal, aunque este lo negó categóricamente e insistió en que existen pruebas contundentes que señales su culpabilidad, la denuncia volvió a poner en el centro de la polémica el respeto a la libertad de expresión y la intimidación por parte de la administración de Enrique Peña Nieto. Sobre ello  en Milenio, el periodista Carlos Marín, escribe que “el informe del Citizen Lab de la Universidad de Toronto sobre el espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas en México es tan amplio que abarca unas 300 veces el espacio de este Asalto… La lectura íntegra del documento […] doblegó mi crónico escepticismo […] porque, a diferencia de la nota periodística del NYT, me parece verosímil y lo doy por cierto. Es comprensible que el gobierno federal emplee las mejores herramientas para salvaguardar la seguridad nacional y combatir la delincuencia organizada, pero quedo convencido de que los enlistados en el informe han sido víctimas del repugnante, aviesamente ilegal, espionaje político. Me uno a la indignación de los que se sabe espiados: Juan Pardinas, Stephanie Brower, Santiago Aguirre, Carmen y Emilio Aristegui, Alexandra Zapata, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, Carlos Loret de Mola, Daniel Lizárraga, Salvador Camarena y Mario Patrón… y la ignorancia de cuántos más habrá […]me sobresalta”.

En el Excélsior, el periodista Jorge Fernández Menéndez, escribe que el reportaje publicado por The New York Times no cuenta con las fuentes suficientes para dar por determinado que el Gobierno espía a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas, ya que señala existen diversas empresas que se dedican al espionaje: “el primer domingo de junio del 1998, en la elección de Zacatecas que ganó Ricardo Monreal[…]. Fue un día frenético, donde tuve una larga reunión con Monreal en la que acordamos que ganara o perdiera […]. El fin de semana siguiente me sorprendió ver en la revista Proceso, una larga entrevista con López Obrador, entonces Presidente del PRD que reproducía una conversación telefónica que yo había mantenido con Emilio Gamboa Patrón[…] la revista se decía, lo decía López Obrador, que esa grabación era la prueba de cómo se había preparado el fraude. Era evidente que López Obrador había hecho espionaje telefónico en mi contra y había utilizado esa grabación para sus propios fines […] era la primera vez que se hacía espionaje telefónico a un periodista, se divulgaba abiertamente y como sucedería después en innumerables ocasiones, no pasaría nada[…]. Hace unos pocos meses, me reuní con unos buenos amigos empresarios[…] casualmente simpatizantes de López Obrador. En la plática, alguno de ellos había citado a un agente de una empresa de seguridad israelí que venía a ofrecerles un sistema de escuchas e intervención telefónica que podía extender a los números que quisiera[…] habían tenido mucho éxito entre empresarios y políticos […]. La intervención telefónica en México es masiva, la realizan políticos, empresas, personajes públicos, gobiernos en todos sus niveles, partidos políticos. Se espía a periodistas, socios y adversarios políticos y empresariales, pero también a artistas y personajes de todo tipo. Existe una ley que castiga tanto el espionaje telefónico como la divulgación del mismo. Obviamente, la ley nunca se ha aplicado ni hace 19 años cuando López Obrador intervino mi teléfono en Zacatecas, ni hoy, en ningún caso. Las compañías de seguridad que ofrecen ese servicio son innumerables[…]. Por eso, entre otras muchas razones, es absurdo y desconcertante el reportaje de The New York Times que retomó rápidamente […]. El reportaje no tiene una sola fuente, ninguna, y reconoce explícitamente que no puede atribuir esas intervenciones telefónicas al gobierno federal, pero línea seguida afirma que sí ha sido el gobierno por el perfil de los espiados, o sea porque a los autores se les ocurre[…]. No dudo que Carmen, Carlos, y decenas de periodistas tengamos nuestros teléfonos y cuentas de mail intervenidas por quien sea […]. Tanto lo sabemos que todos los periodistas hemos usado, por lo menos una vez, alguna información proveniente de una filmación o grabación que proviene de una fuente ilegal […]. El espionaje telefónico es una realidad[…] pero inventar ahora una trama de espionaje gubernamental, sin una sola fuente, de un puñado de ‘espiados’ con programas sofisticados que en realidad son accesibles para cualquiera que tenga la intención de usarlos y dinero para comprarlos, es una fake news de esas que, con toda razón, The New York Times combate, día con día, en su enfrentamiento contra Donald Trump”.

Por su parte en Reforma, el analista y periodista Sergio Sarmiento, coincide que la publicación NYT carece de fuentes para sugerir que el Gobierno mexicano está inmiscuido en espionaje, sin embargo subraya que debe de hacerse una investigación exhaustiva y de fondo para dar con los responsables: “los críticos del gobierno mexicano han dado por hecho que son objeto de espionaje. Muchos expresaban incluso orgullo cuando decían que sus teléfonos estaban intervenidos […]. La frecuencia con la que hemos escuchado conversaciones telefónicas de políticos y otros personajes públicos recalca que las intercepciones no son algo inusitado. Quienes saben del tema me dicen que en la actualidad no hay que ser agente del Cisen para realizar estas grabaciones[…]. Por eso se ha hecho común que los funcionarios del gobierno, e incluso algunos altos ejecutivos de empresas, pidan que las personas con las que conversan dejen sus celulares fuera del lugar[…]. El New York Times ha denunciado un presunto esfuerzo del gobierno de México para espiar a periodistas y a activistas[…]. La Presidencia de la República ha reconocido que realiza labores de espionaje, pero sólo para combatir el crimen.[…]. Si bien el New York Times no confirma en su artículo que efectivamente el Gobierno mexicano esté espiando a activistas o periodistas, sí subraya que el software sólo se vende a gobiernos y que el Citizen Lab de la Universidad de Toronto ha examinado los teléfonos de las presuntas víctimas y ha certificado que han sufrido intentos de captura de su información[…]. El Gobierno de Enrique Peña Nieto sería el sospechoso número 1. Las presuntas víctimas han presentado denuncias ante la PGR al mismo tiempo que pregonan su escepticismo de que esta institución pueda realmente ser imparcial. Habrá que ver ahora la investigación […]. El tema es demasiado serio para que termine en un artículo de periódico, que no puede comprobar el espionaje pero que sí aporta información que lo sugiere, o en un desmentido abstracto del gobierno. Por ley toca a la PGR hacer una investigación. Merecemos que se haga bien y a fondo, y que sea realizada o supervisada por personal calificado independiente”.

Respecto a este caso de espionaje, en Milenio, el periodista Carlos Puig, escribe que: “Vivo en un país en que al responsable de perseguir los delitos no le importa perseguirlos cuando hay posibilidad de que los haya cometido el gobierno que le dio la chamba […]. El lunes conocimos un informe detallado producto de una larga investigación encabezada por Citizen Lab […], en que se probó que periodistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil y activistas habían recibido mensajes de texto cuya intención era que hicieran clic en una liga que lleva a un servidor que daría acceso, a quien lo hubiera enviado, a todo el contenido de sus teléfonos inteligentes […]. A partir de esos hechos, lo que hay son (muy) probables delitos. Si quien mandó los mensajes fue el gobierno federal o algún gobierno estatal, hay delitos. Los gobiernos solo pueden hacer eso con una orden judicial. Si no fue un gobierno, sino un privado, pues les robaron un software que ellos compraron y solo ellos pueden tener, así que hay que aumentar el delito de robo al gobierno. Si Pegasus está siendo utilizado por alguien en el gobierno federal o en un gobierno estatal sin permiso de sus jefes, pues aumenten otro delito que tiene que ver con las responsabilidades de los funcionarios públicos. Si al procurador le interesara perseguir el delito, pues lo hubiéramos escuchado el mismo lunes, o ayer, anunciando el inicio de una investigación, acompañada de recursos y urgencia, sobre quién cometió los delitos que, no hay mucha duda, se cometieron. Todo esto, si el señor que trabaja de procurador quisiera perseguir delitos. Unos tan graves como los que describe el informe del lunes. Pero no. Lo único que tuvimos fue un gobierno que nos dijo […] que no había pruebas, que pasáramos a la ventanilla 34 y que… lero, lero. En este país vivo”.

En el Excélsior, la periodista Yuriria Sierra, escribe que tras la denuncia de espionaje, el gobierno federal deberá salir y explicar de los que se le acusa en el NYT y no dejar apaciguar el fuego con el silencio: “Miguel Ángel Osorio Chong. Había estado muy callado, aunque no le quedó de otra. En un evento en Sinaloa fue cuestionado por los medios que acudieron, y los cuales, de paso, protestaron por la violencia […] y sobre el asunto del #GobiernoEspía que el lunes pasado fue la primera plana de The New York Times […]. Y aunque la nota del New York Times deja muchísimas interrogantes ( 1. ¿Qué instituciones son las que habrían pagado millones y millones por la adquisición del software? 2. ¿En qué fechas exactamente fue adquirido? 3. ¿Solamente el o los gobiernos pueden adquirirlo o cabría la posibilidad de que particulares también lo hubieran comprado?; 4. ¿Con base en qué certezas puede afirmarse que esos teléfonos fueron intervenidos?), lo cierto es que la tan escueta declaración que escuchamos del titular de la Secretaría de Gobernación, así como el comunicado de la vocería del gobierno federal del lunes por la tarde, más de 12 horas después de publicada la nota, dejan mucho que desear[…]. Será que tal vez no encuentran la manera de responder a las preguntas que hoy se les plantean. Si bien han llamado a la denuncia […] el reporte divulgado, incluso ayer por el mismo Edward Snowden en su cuenta de Twitter, no reveló quién pagó los 80 millones de dólares que habría costado Pegasus[…]. Ayer por la tarde-noche se anunció que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión iniciaría una investigación para indagar sobre esta gravísima acusación […]. En cualquier democracia que quiera ser llamada así, las preguntas se responden en favor de la transparencia y la gobernabilidad. Qué mejor ejemplo que el que tenemos cruzando la frontera norte: a Donald Trump[…]. Y el otro tema que queda en el aire es que un gobierno que espía no sólo espiaría a periodistas y a opositores. Siempre empieza por los suyos. […]. El gobierno federal tendría hoy que mostrar que ha aprendido de los errores cometidos: salir y dar santo y seña de que lo revelado, según declaran, es mentira, que ninguna dependencia pagó los 80 millones de dólares que habría costado el software de espionaje”.

En contraste en el Reforma, el abogado Manuel J. Jáuregui, escribe que,  lo que no es suficiente son los argumentos del Gobierno para deslindarse de la acusación del espionaje y señala los puntos por lo que es válido el reportaje publicado en el NYT: ” Los argumentos de nuestro Gobierno federal para negar su responsabilidad del espionaje invasor de la vida privada de periodistas, activistas y rivales políticos, equivalen a los que usan los ‘pozoleros’ del narcotráfico[…]. De nuevo: ¡fállale, compadre! Claro que hay pruebas y las enumeramos: 1. Un laboratorio independiente […] descubrió científicamente la presencia del virus Pegasus en los celulares de varios prominentes colegas mexicanos, y de titulares de vitales ONGs[…]. 2. Este virus Pegasus, que convierte los iPhones en un arma de espionaje total […] lo desarrolló una sola empresa en todo el mundo: NSO Group de Tel-Aviv, Israel, que le vende de manera exclusiva a gobiernos[…]. 3. Es un hecho comprobado que NSO Group le vendió este ‘software’ al Gobierno mexicano, y en concreto a tres de sus dependencias, las cuales son seguramente el CISEN, la SEDENA y/o la SEGOB o la PGR. 4. El espionaje, la intervención total a la privacidad de estos ciudadanos mexicanos, se realizó en México, pues son celulares mexicanos. Es de tomar en cuenta que -a menos que alguien haya violado, por ejemplo, la seguridad interna del CISEN y haya puesto en manos privadas el acceso a este sistema, cuya captura de datos se instala en una computadora determinada, que es una violación intolerable a la seguridad del Estado mexicano, lo cual es peor de grave- nadie pudo haber realizado este espionaje más que quien compró a NSO Group el software. ¿Y quién lo compró y quién lo usa? ¡El Gobierno mexicano! Por lo tanto, la primera parte de la defensa de la Presidencia de la República, que es el ente ‘desmentidor’ ante la fuerte, sustentable y grave denuncia publicada por el NYT […]. La segunda parte de la ‘aclaración’ enviada al NYT por un funcionario de tercer nivel, la de que los ciudadanos afectados presenten una denuncia ante la PGR, resulta risible. ¡Es el Gobierno el que espía de manera súper sofisticada! ¿Qué caso tiene entonces que se denuncie ante el ente que viola los derechos constitucionales con este delito? Delito que, además, ante la Corte de la opinión pública ya quedó demostrado, esta frase tan gastada por ser la muleta más refriteada de los delincuentes gubernamentales[…]. En conclusión: los ‘genios’ encargados de la comunicación del Gobierno de México insultan la inteligencia no sólo de los investigadores del NYT, sino de los ciudadanos mexicanos de quienes se mofan con la ligereza y falibilidad de la respuesta dada a lo que constituye una grave denuncia que representa un tremendo e intolerable abuso de poder por parte del Gobierno mexicano y sus integrantes”.

En La Jornada, el periodista Julio Hernández López, escribe sobre otros casos de espionaje, supuestamente cometidos por otros funcionarios y con otros programas: “el especialista en tecnología para fines de espionaje, Edward Snowden, quien fue empleado de la CIA y de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, antes de revelar secretos de esas oficinas y de la operación de redes mundiales de vigilancia, tuiteó ayer, en español: ‘No importa si es una sorpresa, o si nos advirtieron. Lo que importa es que se trata de un crimen contra el público’. Estas líneas, en referencia a lo publicado en The New York Times respecto del uso peñista del malware Pegasus contra periodistas y activistas. Ha sido vinculado a proceso Rafael Herrera Piedra, primo del priísta Jorge Herrera Caldera, durante cuyo gobierno fue operador financiero y muy especial contacto, portafolio en mano, con periodistas, empresarios y políticos. Tal vez éste sea el único punto relevante del informe de labores que dentro de tres meses presentará el sucesor panista José Rosas Aispuro quien, por cierto, no encuentra el equipo de espionaje (comprado a la firma italiana Hacking Team) que debería haberle entregado la administración de Herrera Caldera: Lo que sé es que el equipo no aparece, es parte de las investigaciones que se han estado realizando, pero hasta este momento no se ha podido detectar dónde está ese equipo… Y, mientras la imagen del sombrero de Javier Valdez volvió a aparecer, en manos de periodistas y con la demanda de justicia, durante una visita de Osorio Chong y jefes militares y de seguridad nacional a Mazatlán”.

Tren Toluca-CDMX
En el diario Reforma, su columna de trascendidos Templo Mayor, retoma la suspensión del Tren Toluca-México y la doble moralidad que hay detrás de quien la impone: “ahora resulta que un priista se opone a uno de los más importantes proyectos de infraestructura de Enrique Peña Nieto. Se trata del Diputado capitalino Adrián Ruvalcaba, quien pidió detener las obras del Tren Toluca-CDMX. Pese a que la construcción tiene ya tres años, el ex Delegado en Cuajimalpa apenas se dio cuenta de la supuesta afectación. Y, además, exige que le pongan una mesa de diálogo. La demanda del Diputado tricolor causó extrañeza entre las autoridades, toda vez que el mayor impacto -y beneficio- es para el Estado de México, y no en Cuajimalpa. Dicen que, realidad, lo que Ruvalcaba busca es presionar, obvio, para obtener recursos de algún tipo”.

En el Excélsior, su columna de trascendidos, Frentes Políticos, cuestiona si vale la pena el costo elevado para perredistas: “parece que nadie recuerda que hace unos meses se hablaba de reducir los gastos de toda índole en la administración pública. Interesante ejercicio en este diario informar el costo del aparato legislativo y detectar, por ejemplo, que entre senadores, los ocho perredistas que lidera Dolores Padierna cuestan 715 mil 525 pesos al mes, y que los más baratos, a pesar de ser la primera fuerza, sean los priistas, quienes cuestan 574 mil 275 pesos, todo en torno a las partidas presupuestales que se entregan a los grupos parlamentarios. Pero lo mejor será la reflexión sobre si el excesivo gasto vale la pena”.

Redacción/SinEmbargo

https://www.sinembargo.mx/author/redaccion

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.

#Análisis ¬ Álvarez Máynez le quita puntos a Xóchitl; la izquierda se afianza entre los jóvenes