Comparece Procurador ante el Congreso y refuta lo declarado por Los Zetas en Estados Unidos, quienes aseguraron haber desaparecido a 300 personas en el municipio de Allende, en Coahuila, en marzo de 2011. De acuerdo con él, sólo fueron 27 víctimas.
Por Alejandro Montenegro
Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo/Vanguardia).- El Gobierno de Coahuila insistió ayer en “la verdad” oficial sobre la masacre de Allende, en la que –según su versión- desaparecieron 27 personas, contrastando con las declaraciones de ex integrantes de Los Zetas que participaron como testigos en un proceso contra un líder criminal en Estados Unidos, quienes dijeron que habían sido 300.
“Al referirse al caso Allende, [el Procurador] detalló que derivado de las investigaciones correspondientes se ha concluido hasta hoy sobre el secuestro y privación de la vida de 27 personas”, dice un comunicado de prensa del Estado, luego de la comparecencia del Procurador Homero Ramos Gloria ante el Congreso estatal.
En su reunión con los legisladores –la cual fue a puerta cerrada para la prensa-, Ramos Gloria expuso los avances en las investigaciones de las masacres de Allende y el Cereso de Piedras Negras, procesos que siguen abiertos, según aclaró.
El Procurador afirmó que el autor intelectual de la masacre, en ese momento jefe de plaza del Cártel de Los Zetas, fue detenido junto con otras 14 personas por el delito de secuestro agravado, de ellos siete son criminales y los siete restantes policías municipales de Allende.
De esas detenciones se desprenden 21 órdenes de aprehensión, pues contra algunos implicados hubo hasta dos. No se dio a conocer ningún nombre.
Respecto a los avances en las investigaciones de los hechos ocurridos en el Penal de Piedras Negras, 33 personas víctimas han sido identificadas, siete personas han sido consignadas por el delito de desaparición de personas y cinco personas por el mismo delito pero agravado.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) solicitará a las autoridades de Estados Unidos tener acceso al expediente del juicio contra Marciano Millán, exintegrante de Los Zetas que el pasado martes fue declarado culpable de 10 delitos en aquel país.
En marzo de 2011, Allende, municipio ubicado en la región de Los Cinco Manantiales con una población de 20 mil habitantes, padeció una masacre que apenas ahora es investigada por las autoridades. Comandos de Los Zetas saquearon y destruyeron medio centenar de edificaciones, al tiempo que secuestraron, según se calcula, a 300 personas durante aquella primavera.
Durante diez días, entre el domingo 26 de enero y el miércoles 5 de febrero de 2014, casi un centenar de funcionarios públicos de Coahuila dejaron sus escritorios y realizaron un inusual trabajo de campo para investigar qué pasó con decenas de personas desaparecidas en esta región del noreste de México.
El ambicioso operativo oficial incluyó inspecciones forenses a medio centenar de casas, negocios, cárceles, ranchos y predios abandonados así como interrogatorios a ex alcaldes, ex regidores y ex secretarios de once pueblos y ciudades cercanos a la frontera con Estados Unidos.
Sin embargo, la cruzada gubernamental terminó en medio de confusión y reclamos de un sector de la prensa interesada en el tema, y dudas sobre su eficacia por parte de las organizaciones locales que representan a familiares de desaparecidos.
Aunque participaron policías estatales, federales, soldados y marinos, la operación estuvo a cargo de una dependencia del gobierno de Coahuila creada en 2012, cuyo largo nombre resume la tragedia que ha padecido este estado que encabeza la lista de denuncias de desapariciones forzadas en el país: la Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas, Atención a Víctimas, Ofendidos y Testigos de Coahuila. En esta historia la llamaremos la Subprocuraduría, a secas.
