Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).– La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atraviesa una crisis de legitimidad debido a que la cercanía de su titular, el doctor Raúl Plascencia Villanueva, con el poder público, lo que hace dudar de su independencia, de la imparcialidad de las investigaciones que realiza por violaciones a derechos humanos, especialmente ahora en el caso de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, advirtieron activistas.

Simón Hernández León, integrante del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, aseguró que el caso de San Bernardino Chalchihuapan es el más visible; sin embargo, acusó que el actuar de la Comisión sobre las leyes que pretenden regular las manifestaciones y que promueven el uso de la fuerza letal para dispersar a las mismas ha sido omiso.

Incluso “avaló ante los congresos locales dos de ellas, la llamada Ley Borge [Quintana Roo] y la llamada Ley Bala [Puebla]. Fue un aval explícito por parte de la Comisión señalando que las legislaciones no tenían ningún problema de constitucionalidad. Es una incongruencia a la luz de la investigación por violación a los derechos humanos que se está dando por los hechos acontecidos en San Bernardino Chalchihuapan. La aplicación de una de estas leyes generó ya violaciones a derechos humanos”.

En el mismo tono, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, oficial adjunto del programa legal de la organización Artículo 19, dijo que han señalado repetidamente junto con otras organizaciones que dudan de la “independencia e imparcialidad de la CNDH”, específicamente en el caso del enfrentamiento en Puebla el 9 de julio pasado.

Ayer, el diario Reforma publicó un reportaje en el que evidencia al Ombudsman nacional quien en al menos tres estados ha inaugurado en los últimos dos años un busto, un auditorio y cátedras universitarias que llevan su nombre.

El más reciente fue en enero de 2013, cuando develó la placa del salón de usos múltiples de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, entidad en la que se ha cuestionado su papel por avalar la llamada “Ley Bala” y actuar de manera tibia en el caso del niño muerto por una bala de goma disparada por policías de la entidad a cargo del Secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas.

Al respecto, Maldonado Gutiérrez aseguró que estas acciones comprometen “seriamente la imparcialidad, la autonomía, la independencia, no sólo de la investigación por violaciones graves derivada de los hechos ocurridos el 9 de julio, sino que también demuestra cuáles son los intereses del titular del organismo encargado de velar por los derechos humanos. Estos intereses claramente se enfocan a defender la actuación de las autoridades, aunque esta sea abusiva y violatoria de los derechos fundamentales y no defenderá a la sociedad”.

Aseguró que todos los reconocimientos públicos que ha recibido por parte del Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, “lo único que demuestra es que comprometió sus obligaciones constitucionales”.

Raúl Plascencia Villanueva tomó posesión como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 16 de noviembre de 2009, en tres meses será su ratificación o se nombrará a un nuevo Ombudsman nacional, por ello, los especialistas advirtieron que muchas de sus acciones de Plascencia son para promover su ratificación.

“Sería muy grave que alguien como Raúl Plascencia fuera ratificado en el cargo por otros cinco años. Ha demostrado, no nada más en el tema del derecho a la libre expresión, reunión o asociación pacífica, también entendido como el derecho a la protesta social, que tiene intereses, que los protege de manera importante”, dijo Maldonado Gutiérrez.

Plascencia, agregó, también ha dejado de lado importantes temas en la agenda de derechos humanos como “la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad destinadas a las corporaciones policiacas civiles, el tema del arraigo, las violaciones a derechos humanos de las víctimas de desapariciones forzadas, de migrantes. La agenda de derechos humanos se ha visto seriamente comprometida por los intereses personales de Raúl Plascencia”.

“Es muy claro que busca tener gran presencia en los medios de comunicación en las vísperas del proceso de ratificación o en su defecto de un nuevo titular de la CNDH, pero es evidente que bajo estas evidencias que son contundentes e irrefutables de que Plascencia actúa con total parcialidad a favor de los gobiernos locales y del gobierno federal no debe ser ratificado en el cargo porque está comprometiendo la autonomía institucional de un organismo”, mencionó.

En el mismo tono, Simón Hernández, quien también es integrante del Centro Prodh, dijo que “la actividad institucional de la CNDH está volcada más en construir una imagen positiva, en generar en su discurso y una apariencia de eficacia institucional, de una identidad garante de los derechos humanos independiente de los poderes públicos pero es una imagen artificial que no corresponde con lo que las organizaciones monitoreamos día con día”.

Aseguró que está privilegiando más una agenda política y de cercanía con actores políticos que con víctimas de violaciones a derechos humanos “incluso muchas veces el ombudsman se ha efrentado con ellos. Nos parece muy preocupante que la CNDH comience a trabajar o a generar esta imagen justamente en el marco del proceso de reelección”.

“Es preocupante que se desdeñen los llamados de la sociedad civil, los llamados incluso de los representantes populares como el Congreso de la Unión la comparecencia que hubo en el Senado, esta última que se le hizo a la Cámara de Diputados y que no sean los resultados los que están hablando por la CNDH sino toda una campaña publicitaria y esto es sumamente preocupante”, expuso.

PUEBLA RESERVA INFORMACIÓN

Medios locales del estado de Puebla revelaron ayer que el gobierno de Moreno Valle calificó como reservada la información sobre cuántos uniformados acudieron a controlar la manifestación en San Bernardino Chalchihuapan, en la carretera Puebla-Atlixco, así como el nombre del funcionario que estuvo al frente del operativo.

Además, el gobierno de Moreno Valle Rosas rechazó informar sobre la cantidad y tipo de armas que llevaron los oficiales y las características de los proyectiles que se usaron para disolver el bloqueo carretero.

El diario Un1ón Puebla hizo cuatro solicitudes de acceso a la información directamente a la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla sobre la estrategia y otros detalles del operativo en la comunidad de Chalchihuapan.

Sin embargo, la dependencia a cargo de Facundo Rosas Rosas respondió que los datos no podían ser entregados y se mantendrán bajo reserva durante siete años, debido a que proporcionarla ocasionaría “un daño a la función de la seguridad pública”.

Tanto Facundo Rosas como el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Puebla, Víctor Carrancá Burget, comparecieron en los primeros días de agosto ante la Comisión por el caso.

Ambos funcionarios, según informó Raúl Plascencia Villanueva, entregaron información parcial en sus declaraciones y prometieron reportar todos los detalles por escrito en los siguientes días.

Hasta el momento, no se sabe si esa información cedida a los investigadores de la CNDH contiene realmente las exigencias del organismo que, a decir del propio Plascencia Villanueva, se centraban en el reporte de cuántos elementos policiacos intervinieron en el desalojo, el tipo de armas que usaron, quién encabezó el operativo y, además, quién dio la orden para disolver con el uso de la fuerza la manifestación.

Leopoldo Maldonado aseguró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene la facultad de sancionar o iniciar procedimientos administrativos de sanción a funcionarios que falten a sus requerimientos y mandatos.

También explicó que puede ejercer estas facultades para que sea sancionado Rosas Rosas de lo contrario, va a demostrar “que los alcances de la investigación que está realizando el ombudsman son muy limitados y por lo tanto se le privará de elementos de prueba necesarios para llegar a los hechos”.

El integrante de Artículo 19 también dijo que las averiguaciones previas, en el caso de las procuradurías de justicia sobre hechos que constituyen o puedan constituir violaciones graves a derechos humanos, son de acceso público. “No se puede restringir su acceso. Eso lo determinan claramente las leyes en materia de transparencia a nivel nacional y la propia CNDH ya clasificó esto como violaciones graves. Es muy lamentable que se haya reclasificado la información como restringida o confidencial”.

Simón Hernández dijo que esta respuesta del gobierno de Moreno Valle es una suma más al tratamiento que le han dado las autoridades estatales al caso.

“Lejos de transparentar la investigación, de presentar información confiable, lo que hemos visto es la variación en cuanto a las versiones que van desde el Gobernador, la Secretaría de Gobierno, y el Secretario de Seguridad Pública y el Procurador responsabilizando a los manifestantes, señalando que fue un impacto de un cohetón, luego la onda expansiva y todas estas versiones que lejos de garantizar condiciones de veracidad en la investigación han venido a cuestionarla. En lugar de transparentar la investigación lo que vemos es una acción reactiva por parte de las autoridades para reservar la información y en consecuencia la sociedad no puede tener certeza de lo que está pasando ni de las investigaciones”, dijo.

“Es muy preocupante que el signo sea la opacidad, la falta de transparencia y los cambios de versiones y no la presentación de resultados”, advirtió.