México, 21 Sep. (Notimex).- La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que da seguimiento al ejercicio de los recursos federales destinados a la Línea 12 del Metro de la ciudad de México está lista para profundizar en los hallazgos que sugieren irregularidades.
En un comunicado, el presidente de dicha comisión, Marco Antonio Calzada Arroyo, dijo que algunos ex funcionarios del gobierno local deberán rendir cuentas.
Agregó que se conocieron los resultados del informe final de la empresa Systra, la cual concluyó que hubo fallas en la planeación, diseño, construcción y operación de la línea.
A partir de la solicitud, recepción y revisión de la información proporcionada por las secretarías de la Función Pública, de Finanzas, la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Contraloría General y el gobierno local, la comisión está lista para profundizar en las indagatorias.
Los legisladores que la integran acordaron reunirse esta semana para establecer un calendario de reuniones con funcionarios y ex-funcionarios del Distrito Federal.
Se pretende una interlocución directa y pública con los titulares y ex-titulares de Finanzas, Obras Públicas, Contraloría y Proyecto Metro del Distrito Federal (PMDF), para que aclaren las dudas que se desprenden del trabajo de análisis realizado.
Deberá aclararse el aumento del costo de estaciones que no cambiaron su trazo, el pago por más de 675 millones de pesos por obra inducida de la que no se presentaron anteproyectos, modificaciones con ventaja para el consorcio, que van de dos por ciento a 169 por ciento; aumentos en los porcentajes de anticipos que van de 21 por ciento a 37 por ciento.
Calzada Arroyo dijo que habrá que ventilar el conflicto de interés por la relación familiar entre el director general del PMDF y uno de los directores generales de ICA, empresa integrante del consorcio constructor.
También se tratará el caso de las áreas no realizadas conforme al proyecto ejecutivo en la Estación Ermita, equivalente a más de 32 millones de pesos, sanciones contra los responsables del pago de 119 millones de pesos por la certificación para iniciar operaciones a pesar de los problemas de interfaz entre el riel y la rueda de los trenes.
