Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).– México, al igual que la mayoría de los países de América Latina, requiere un sistema integral de rendición de cuentas, que le permita salir de la crisis de legitimidad y representatividad por la que atraviesan las instituciones, concordaron especialistas nacionales e internacionales.

En el marco del Seminario Internacional “Diseño de política pública de rendición de cuentas y combate a la corrupción”, organizado por la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), los especialistas plantearon que este sistema integral debe fomentar políticas articuladas en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Al mismo tiempo, advirtieron, debe alejarse de la lógica electoral, pues es muy común que los políticos utilicen un discurso propagandístico de combate a la corrupción, mismo que se olvida en tanto llegan a ocupar los cargos para los fueron electos.

“En la Red [por la Rendición de Cuentas] se ha diagnosticado que estos avances han respondido a momentos políticos, a voluntades, a una lógica de construcción de una política pública de rendición de cuentas”, explicó la doctora Lourdes Morales, profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), en entrevista para SinEmbargo.

En pleno arranque del proceso electoral 2014-2105 la especialista recalcó lo fácil que es para candidatos en campaña la lucha contra la corrupción como herramienta discursiva, porque es muy atractivo electoralmente.

“Y uno de los mayores peligros que tenemos es usar el combate a la corrupción como una manera de legitimación política”, alertó.

Es fácil entender porqué la ciudadanía está interesada en escuchar como oferta política el combate a la corrupción. De acuerdo con datos del Banco Mundial, la corrupción le cuesta a México 1.5 billones de pesos cada año (9 por ciento del PIB). Esto equivale a 45 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o cerca de 10 veces el costo del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

Por lo que los especialistas que participaron en el Seminario Internacional concordaron en la urgencia de ir más allá de coyuntura electoral, a fin de diseñar una política pública de rendición de cuentas.

“Creemos que las soluciones normativas son un avance pero no resuelven concretamente el problema. Hay que atajar comportamientos, hay que cambiar mentalidades, cambiar prácticas, pero trabajar sobre todo en el tema de las responsabilidades públicas. En este país nadie se hace responsable de nada”, sostuvo la doctora Lourdes Morales.

Al abordar el tema de la rendición de cuentas, es vital considerar las sanciones que se impondrán a los infractores.

México es un país en el que existe un alto nivel de impunidad de los servidores públicos corruptos. De casi 2,500 promociones de sanción en la última Cuenta Pública revisada por la Auditoría Superior de la Federación, sólo cuatro servidores públicos recibieron la máxima sanción administrativa.

En este punto de la discusión es vital considerar la experiencia internacional.

Pierre Rosanvallon, profesor, investigador y director de estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia, expuso que una estrategia para combatir la corrupción que se limite a perseguir personas y servidores públicos no generará un cambio sustantivo, sino una estrategia integral que inicie por devolver la confianza ciudadana en el Estado y sus instituciones.

Ioannis Papadopoulos, profesor de Política Pública de la Universidad de Lausana, Suiza, comentó que las sanciones son fundamentales para que la rendición de cuentas funcione, sin embargo esto no debe entenderse exclusivamente como castigo, sino como un sistema de responsabilidades positivas y negativas.

“Si bien las sanciones son importantes, también lo son los premios: la recompensas. Es decir hay sanciones positivas y negativas, por ejemplo los premios para aquellos políticos  que son reelectos por su buen desempeño”, afirmó el analista internacional.

Rodrigo Salazar, coordinador de la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos de FLACSO, expuso que el combate a la corrupción es fundamental para la consolidación democrática, porque cuando hay más transparencia, se reduce la opacidad. El académico consideró una buena sanción el que al señalar actos de corrupción se arruine la carrera política del infractor.

“La transparencia no necesariamente mejora a las personas, pero sí les da a los malos funcionarios un motivo para comportarse como si fueran buenos funcionarios”, reconoció.

MÉXICO, AVANCES INSUFICIENTES

Aunque en el último año México ha dado pasos importantes para fortalecer el derecho constitucional en materia de transparencia, aún queda mucho camino por recorrer antes de alcanzar niveles de óptimos de rendición de cuentas, es decir, un sistema de responsabilidades de los servidores públicos.

“Estamos en pisos mínimos todavía, no podemos hablar exitosamente que haya un sistema completo de rendición de cuentas”, reconoció Areli Cano, comisionada del IFAI, en entrevista para SinEmbargo.

La comisionada del IFAI refirió que si bien son importantes los avances realizados hasta el momento para transparentar información desde los distintos niveles de gobierno, el principio de rendición de cuentas permitirá ascender hacia un nuevo nivel que implicaría otra de forma de explicar las políticas públicas, donde el Gobierno deberá razonar y justificara las decisiones que va tomando.

Para tener un sistema integral de rendición de cuentas, dijo, éste debe coordinar las labores de los organismos garantes de transparencia, la Auditoría Superior de la Federación, así como de las autoridades electorales y financieras, a fin de poder vigilar a los actores fundamentales de la vida democrática, como son los servidores públicos, partidos políticos, organizaciones que reciben dinero público, etcétera.

“Propiamente implica un pasito adelante de lo que toca a la transparencia y acceso a la información, es decir que se le exija al propio gobierno las razones por las cuales se toman determinadas decisiones. Y también requiere un monitoreo constante de la ciudadanía, para que en caso de que no se cumplan con esas determinaciones, los funcionarios públicos se hagan sujetos de sanciones”.

En concordancia, Juan Manuel Portal Martínez, auditor superior de la federación, consideró que México requiere un sistema integral de rendición de cuentas que ponga en contacto diversos elementos aún dispersos, como la fiscalización superior, el control interno, la contabilidad gubernamental, la transparencia y el acceso a la información.

La doctora Lourdes Morales resaltó como positivos los avances plasmados en diversas leyes, principalmente en la Constitución. El problema, dijo, es que estos logros están fragmentados, ha habido reformas de vanguardia, pero se requieren mecanismos que instrumenten la propia norma y que los hagan operativos y eficientes.

“Estamos convencidos de que en México ha habido una evolución muy importante en materia de normatividad de las instituciones que facilitan el acceso a la información, la evaluación, la fiscalización, la contabilidad gubernamental y recientemente la reforma constitucional en materia de transparencia, creemos que da pistas para la creación de un sistema nacional de  rendición de cuentas”, explicó.

Sin embargo, consideró que este sistema debe de ir más allá de la propuesta del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto para la Agencia Nacional Anticorrupción, la cual dista mucho de  ser el régimen integral de rendición de cuentas que el país requiere.

“Es muy poco el esfuerzo gubernamental, tal y como se planteó y se aprobó en el Senado [la Agencia] es un órgano burocrático más, centralizador, en el cual no se van a atajar las causas del problema de la corrupción ni tampoco hay posibilidad e prevención ni de corrección”, sostuvo la especialista del CIDE.

REFORMAS SIN RENDICIÓN DE CUENTAS

La apresurada aprobación de 11 reformas estructurales y su legislación secundaria, durante los primeros 20 meses de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto dejó al descubierto cuáles  son las prioridades de la clase gobernante: establecer nuevas reglas que prometen impulsar el desarrollo del país, sin ninguna herramienta de transparencia ni rendición de cuentas.

Según Transparencia Mexicana, sólo para trámites básicos, los hogares mexicanos destinan 32 mil millones de pesos al año en gastos relacionados con la corrupción. Asimismo, las familias mexicanas pagan sobornos para asuntos que van desde llevar un proceso ante el ministerio público hasta inscribir a un niño en la escuela.

El fenómeno no es exclusivo de México, varios países de América Latina atraviesan un periodo “de gran creatividad institucional, de ímpetu legislativo” encaminadas a resolver las crisis de desempeño, legitimidad y representatividad que enfrentan los sistemas democráticos.

No obstante, la mayoría de los cambios normativos en la región carecen de herramientas, instituciones y normas que parecería iban a conducir a la generación de un sistema sólido de rendición de cuentas, por lo que está muy lejos el objetivo de combatir con efectividad los altos niveles de corrupción.

“A pesar de todo este impulso institucional y normativo sabemos que el momento que enfrentan las regiones es un momento crítico para las democracias, es un momento crítico para la rendición de cuentas en el que están muchas cosas en juego, no sólo la efectividad para la promoción y el desarrollo, sino la propia legitimidad de las democracias”, afirmó Claudia Maldonado, coordinadora del Centro CLEAR para América Latina.

Por su parte, la doctora en ciencia política, Lourdes Morales, calificó como preocupante que la clase política hay desdeñado en reiteradas ocasiones las propuestas académicas para incluir una visión de transparencia y rendición de cuentas en las reformas estructurales.

“Es un problema de diagnóstico, es un problema de visión. La rendición de cuentas debió ser el elemento central de las reformas estructurales, eso se debió haber pensado desde el inicio del diseño. Y todas deberían de tener de manera concatenada mecanismos de rendición de cuentas”, lamentó.

PROPUESTA LEGISLATIVA DEL PAN

Coincidentemente, el mismo día en que se realizó la primera jornada del Seminario Internacional “Diseño de política pública de rendición de cuentas y combate a la corrupción”, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó su propuesta para crear un “auténtico Sistema Nacional Anticorrupción”.

El sistema contaría con los siguientes elementos:

• Un Consejo Nacional en el que participan todos los órganos públicos que intervienen en el sistema, así como una amplia representación ciudadana.
• Un Comité Ciudadano para la Ética Pública, integrado por ciudadanos de reconocido prestigio en materia de combate a la corrupción, encargado de formular denuncias y proponer políticas públicas para el combate a la corrupción, a través de observatorios ciudadanos instalados en todo el territorio nacional.
• Una Secretaría de la Función Pública fortalecida en materia de auditoría e investigación, cuyo titular sea ratificado por el Senado de la República.
• Crear dos órganos en materia de control externo, independientes del Poder Ejecutivo, encargados de auditar el uso de los recursos públicos e investigar, con las más amplias facultades, posibles actos de corrupción.
• En materia de sanciones, los panistas proponen quitar esta responsabilidad al Presidente y gobernadores y otorgar las facultades de sanción a los jueces en materia penal. Asimismo, plantea transformar al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en un Tribunal Federal de Cuentas.
• Reproducir el sistema integral en el ámbito local de los estados y los municipios, donde también son altísimos los niveles de corrupción.

“Se trata de una propuesta seria, de combate frontal contra la corrupción. Del tamaño del problema debe ser el tamaño de la solución”, sostuvo el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés.