El informe “El yugo Zeta. Norte de Coahuila 2010-2011”, presentado hoy en el Colegio de México, exhibió que el cártel de Los Zetas hizo del penal de Piedras Negras su centro de negocios, en donde no sólo asesinaban y desaparecían a sus víctimas, sino que usaban las instalaciones como hotel para hacer “grandes bacanales” y los talleres de rehabilitación para los presos en la adaptación de sus vehículos para pasar droga a Estados Unidos, todo bajo el ojo del Gobierno federal y del estatal,

El investigador Sergio Aguayo, coautor de la investigación, dijo que el penal coahuilense era una pieza fundamental en el engranaje de contrabando y secuestro de toda la región y alertó que este caso se puede estar replicando en otras cárceles del país en los que hay “autogobierno, que son controladas de diferente manera por el crimen organizado”.

Jacobo Dayán, también autor del informe, apuntó que en el penal de Piedras Negras “el Estado mexicano subsidiaba las operaciones criminales de los Zetas”.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debe entrar a los penales de todo el país para evitar otro caso como el del penal de Piedras Negras, dijo Ruth Villanueva Castilleja, tercera visitadora del organismo autónomo en la presentación de la investigación “El yugo Zeta. Norte de Coahuila 2010-2011”, presentado hoy en el Colegio de México.

“No deja de llamar la atención que estamos hablando de un suceso de 2011, en donde no pudo entrar los derechos humanos. No es suficiente que se haya dado una calificación cero, no pudieron entrar. Estamos en 2017 y nadie le dio importancia a ese suceso. Pareciera que es normal que entremos los visitadores y si no entraban, no pasaba nada y únicamente sacaban cero. Esto tiene que ser visto con toda su magnitud: a todos los centros se tiene que ingresar, no puede ser que las personas no puedan ver lo que sucede adentro. Vamos a entrar, ¿cómo? Como se tenga que entrar”, dijo.

El informe presentado hoy reveló que Los Zetas en el norte de Coahuila utilizaron las instalaciones del Estado, como la cárcel de Piedras Negras, para ejecutar personas, como hotel para hacer bacanales y como centro logístico para sus operaciones delincuenciales.

Incluso usaron los talleres para rehabilitación de los presos para adaptar vehículos para pasar droga a Estados Unidos, fabricar uniformes militares y fundas para sus chalecos antibalas, así como “estrellas” para ponchar llantas.

“La cárcel era un enclave que jugaba un papel importante en el esquema de negocios de los Zetas, y el Estado mexicano subsidiaba las operaciones criminales de los Zetas.El penal era un campo de exterminio subsidiado por el Estado mexicano, a unos cuantos kilómetros de la frontera con Estados Unidos”, dijo Jacobo Dayán, coautor del informe junto con el investigador Sergio Aguayo.

El informe señaló que, aunque la cárcel de Piedras Negras recibió una calificación de cero en el diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de 2011, ningún nivel de Gobierno lo atendió.

“A pesar de que a nivel estatal y federal se sabía que era un enclave zeta, no se hizo nada. Estaba bajo el control total de los Zetas, lo hacían con la protección de los custodios, el resto de presos eran súbditos de los Zetas, los empleados del penal desde custodios hasta directores eran amenazados y eran pagados. El penal era utilizado como hotel, como un lugar donde se hacían grandes bacanales, había tortura en la zona de máxima seguridad del penal”, explicó.

El investigador agregó que el penal era utilizado como una casa de seguridad, en donde el cártel vendían desde droga hasta golosinas: “Los Zetas rentaban las instalaciones del Estado”. Los talleres de hojalatería, costura, carpintería, soldadura y hasta los cocineros, eran usados por los criminales como parte de su negocio.

“Era usado como campo de exterminio, llevaban personas para quemarlas y desaparecer sus restos, frente a las torre de vigilancia número 6. Hasta ahora se dice que fueron desaparecidos en meses y meses entre 10 y 40. Eran ejecutadas personas que traicionaban a los Zetas, que les debían dinero, hasta gente que no tenía vínculos con actividades criminales: hombres,mujeres, menores de edad e incluso niños y una mujer embarazada de siete meses”, reveló.

La tercera visitadora de la CNDH, organismo que participó junto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Colegio de México (Colmex) en la realización de la investigación, precisó que debe haber personas pendientes, que supervisen y que observen a todas las prisiones del país.

“Esto no debe presentarse jamás, no se debe de olvidar.No es posible que se quede olvidado, como no pasó nada. No está bien porque esto no ha sido observado como se tiene que ver, con un enfoque de derechos humanos. Los visitadores no supieron que pasaba en este centro[…], el sistema penitenciario se tiene que mejorar, se tiene que optimizar, no únicamente decir ‘está mal’. Es lo delicado y riesgoso de normalizar algo: hay sobrepoblación, autogobierno, violencia. Esto no puede quedar impune”, argumentó la visitadora.

Sergio Aguayo, coautor de la investigación, explicó que el caso de la cárcel de Piedras Negras muestra lo que sucede en muchas prisiones del país.

“Evidentemente estamos hablando de docenas de cárceles que tienen autogobierno, que son controladas de diferente manera por el crimen organizado […], el caso de la prisión de Piedras Negras era una pieza fundamental en el engranaje de contrabando y secuestro de toda la región. Era una fortaleza protegida por el Estado; no podía entrar ni la Marina y el Ejército sin que hubiera una petición del director de la cárcel, que nombraban los Zetas”, dijo el investigador.

Jaime Rochín del Rincón, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), consideró que en la “realidad de nuestro país el yugo Zeta, no podría estar más cerca”, pues sus prácticas han afectado a individuos, familias y comunidades enteras, con consecuencias a mediano y largo plazo que aún están por definirse.

“Han victimizado a generaciones de personas. A estas víctimas el Estado tiene la obligación de acompañarlas”, dijo.

CIENTOS DE MUERTOS POR LOS ERRORES DE EU Y MÉXICO

El estudio plantea que en la violencia de México ha influido la sociedad y el gobierno de Estados Unidos, el cual fue fundamental para la “venganza Zeta” en marzo de 2011 cuando el cártel asesinó a hombres, mujeres, niños y viejos y a todo aquel que “olieran a Poncho Cuéllar” y a José Luis Gaytán Garza.

La investigación plantea que Los Zetas armaron un operativo en Allende, Piedras Negras, Ciudad Acuña , Morelos, Nava, Zaragoza y Villa Unión para vengarse de un “soplón” que huyó a Estados Unidos y dio información sobre el cártel.

“En la violencia que asola a México han influido la sociedad y el gobierno de Estados Unidos. La venganza Zeta fue responsabilidad de la Administración para el Control de Drogas (DEA), y la policía federal que seis años después se niega a revelar la identidad de los responsables”, platea una de las conclusiones de la investigación.

De acuerdo con la investigación la responsabilidad de Estados Unidos se dio por la falta de protocolos al momento de enviar información delicada desde México sobre el cártel, la cuya por la corrupción que impera en el país cayó en manos de los narcotraficantes.

“En la trama revelada por Ginger Thompson, un jefe de la DEA envió información muy delicada sobre los jefes Zeta a la Unidad de Investigaciones Sensibles de la Policía Federal. Él pensaba que “tenía un amigo ahí en quien podía confiar”. Alguien de la Unidad informó a los Zetas del riesgo que corrían. Los Treviño Morales ordenaron la venganza”, dice el documento.

Entre los errores que se cometieron por parte de Estados Unidos y México al compartir información sensible destacan: la ausencia o indiferencia de protocolos para compartir información que Estados Unidos sí aplica en países como Colombia; falta de un rendición de cuentas, lo que se confirma que la falta de investigación al interior de la DEA y la Policía Federal por la filtración que costó la vida de “centenares de personas” y “el esfuerzo deliberado de los gobiernos por ocultar información y negar su responsabilidad”.

Los investigadores resaltaron la importancia de dejar de llamar a los sucedido entre el 18 y el 22 de marzo “la matanza de Allende”, pues corroboraron en base al análisis de los expedientes que la masacre fue más mortífera en Piedras Negras, en donde no sólo incineraron a personas en la cárcel, sino en la ciudad en lugares en donde se reportaron al C4 en esos dos días 42 incendios a través de 100 llamadas.

Ariadna García, activista de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, que en Piedras Negras representa a 800 víctimas directas e indirectas, dijo en la presentación del informe que las familias aún padecen las secuelas de la matanza de Los Zetas.

“Al ir avanzando con el tema de las investigaciones sobre las desapariciones forzadas, llegamos al caso de Allende y empezamos a trabajar con las familias. En una reunión con cinco familias era muy sorprendente darse cuenta que las familias no podían ni siquiera voltearse a ver, pensando que entre ellos mismos se encontraba alguno de los perpetradores de la desaparición de su ser querido”, narró.

La activista aclaró que aunque el Gobierno del estado ha dicho que se han localizado 4 mil personas, las familias de Allende y Piedras negras continúan reclamando a sus desaparecidos.

“Se han entregado supuestas cenizas a los familiares, pero desafortunadamente no existen tales cenizas; se les fue entregada tierra de los supuestos lugares donde fueron asesinadas a las personas. Se les han entregado actas de defunción sin el cuerpo de su ser querido”, dijo.