Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).– La Misión Civil de Observación de la Consulta a la Tribu Yaqui y miembros de la etnia exigieron la libertad inmediata de Mario Luna Romero y Fernando Jiménez, presos desde hace meses en Sonora en medio del conflicto por el agua alrededor del Acueducto Independencia.

Ambos voceros fueron arrestados y encarcelados acusados de privación ilegal de la libertad y robo de vehículo, después de años de amenazas e intimidaciones del gobierno estatal hacia la tribu, acusaron.

La Misión conformada por unas 200 organizaciones civiles demandaron la liberación inmediata de los yaquis “debido a que fueron sometidos a procesos penales sin pruebas sólidas, violando su derecho al debido proceso y a su libertad e integridad personal”.

Mario Luna y Fernando Jiménez, argumentan, siguen encarcelados pese a que la parte acusadora presentó pruebas contradictorias e inconsistentes.

“Demandamos que el Juez Tercero de primera instancia, Manuel Octavio Palafox Ocaña, suspenda el proceso penal por falta de fundamentos legales suficientes y proceda con la inmediata liberación de los líderes yaqui, falsamente inculpados”, informó la Misión a través de un comunicado.

La semana pasada varios miembros de la tribu se manifestaron frente a las oficinas de Palacio de Gobierno de Sonora, donde despacha el Gobernador Guillermo Padrés Elías.

Ahí, las autoridades tradicionales yaquis exigieron el cese a la persecución de la tribu, la cancelación del Acueducto Independencia y la libertad de su vocero y miembro de la etnia.

“Seguimos en pie de lucha, pésele a quien le pese los yaquis sabemos de qué estamos hechos, y hacia dónde queremos ir. Nuestro derecho al agua está por encima del gobierno, por decreto presidencial y por mandato nos pertenece. No nos vamos a callar”, dijo una mujer yaqui durante la manifestación.

Lamentaron el peligro ante el que se encuentran los territorios indígenas, ricos en recursos naturales. Además denunciaron las acciones que el gobierno emprendió para despojarlos de su agua.

“Acciona la puesta en marcha, de acciones focalizadas, de acallar las voces mediante: la persecución política, criminalizar las luchas, aprisionar las voces más visibles, la desaparición y el asesinato. Este diseño no opera, si no existe la colusión de intereses, y en esto juegan un papel muy importante los tres niveles de gobierno, quienes se han hecho expertos en violar la ley por todos los medios”, dijeron las autoridades a través de un posicionamiento público.

Los yaquis aseguraron que tanto Mario Luna, como Fernando Jiménez son presos políticos del gobierno de Padrés Elías, “a quienes se les ha aplicado el diseño institucional de las políticas y planes de despojo y la criminalización de la lucha y la fabricación de delitos. Donde el único delito que han cometido nuestros hermanos, es luchar por el patrimonio de nuestra nación yaqui, el futuro de nuestra generaciones, ser indígenas y ser pobres”, aseguraron.

La Misión Civil de Observación denunció amenazas y persecución del gobierno de Guillermo Padrés en contra de la tribu, como parte de una campaña de criminalización.

“Dentro de la estructura política, religiosa y militar de la Tribu Yaqui los voceros, como el caso de Mario Luna, cumplen la función de transmitir el sentir general de la etnia. Desde esta función han denunciado a nivel nacional e internacional, que la Tribu Yaqui se opone a la operación de dicho Acueducto, porque les ocasiona graves violaciones a sus derechos humanos”, indicó la Misión.

Las organizaciones que respaldan la lucha yaqui recordaron que el Acueducto Independencia se construyó y opera sin consulta previa a la etnia y Autorización de Impacto Ambiental.

Fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien determinó el año pasado que debía llevarse a cabo el proceso de consulta de manera previa. La consulta está suspendida actualmente.

SENADORES SE SUMAN A LA DEMANDA

Los senadores Alejandro Encinas Rodríguez, Javier Corral Jurado, Adolfo Romero Lainas, Fidel de Medicis y las senadoras Dolores Padierna Luna, Angélica de la Peña y Layda Sansores San Román, enviaron una carta al Juez Tercero de Primera Instancia de Materia Penal en Hermosillo, Sonora, para solicitarle la revisión jurídica de los yaquis presos en la entidad.

“Nos dirigimos a usted de manera muy respetuosa, desde este H. Senado de la República para externarle nuestra preocupación sobre la situación jurídica de los ciudadanos y autoridades tradicionales de la Tribu Yaqui Mario Luna Romero y Fernando Jiménez Gutiérrez, que consta en el EXPEDIENTE: 311/2013 que usted tiene a su cargo. Tenemos conocimiento de que el pasado 7 de diciembre la defensa interpuso un Incidente de Libertad por desvanecimiento de pruebas ante la ausencia de imputaciones directas contra los acusados y su ubicación en tiempo y lugar en los hechos delictivos que usted está juzgando.

“Nosotros damos constancia de la integridad ética de ambas personas, sabemos del importante papel que ambos han jugado en el proceso de lucha que han emprendido contra el despojo de su agua, en defensa de sus derechos como Tribu Yaqui y como Nación Indígena, en un contexto terriblemente adverso, pues somos conscientes de los agravios cometidos en su contra a lo largo de 500 años de reiterados intentos para su dominación.

“En nuestra calidad de senadoras y senadores de diversos partidos hemos estado atentos del curso de este proceso penal, confiamos plenamente en la integridad ética de usted como juez, como representante del Poder Judicial y estamos convencidos de que el imperio de la Ley será el que se utilice como criterio para determinar la situación jurídica de ambos integrantes de la Tribu Yaqui”.

MARIO LUNA: DEL AUTOEXILIO A LA PRISIÓN

El vocero de la tribu Mario Luna, que hoy se encuentra en una prisión de Sonora, vivió antes de ser encarcelado un proceso de autoxilio en el Distrito Federal, debido a la persecución y amenazas en su contra

Sin embargo, Luna decidió regresar a Sonora para acompañar a su tribu en la lucha por el cierre del Acueducto y fue aprehendido días después de su retorno a la entidad.

En una de las últimas apariciones públicas en el Distrito Federa, Mario Luna dijo que respondería por las acusaciones del gobierno del panista Guillermo Padrés Elías, cuando el acueducto se cerrara.

“No hay pruebas de lo que me acusan, porque ni siquiera estábamos ahí yo y los demás líderes que también son acusados, pero para demostrarlo tenemos que presentarnos. No lo voy hacer, porque si violaron todos nuestros derechos para lograr construir el acueducto, no creo que respeten mis derechos humanos y no me quiero convertir en un ‘liberen a Mario’ y se pierda la esencia de nuestra lucha que es por la defensa de nuestros recursos”, dijo.

Luna aseguró que la orden girada en su contra formaba parte de una campaña de odio que emprendió Guillermo Padrés en contra de la tribu y de sus voceros.

“Es una campaña que los operadores políticos del gobierno del PAN [Partido Acción Nacional] lleva a cabo con la gente. Han dicho que los que nos oponemos al Acueducto somos mentes criminales y perversas. Los yaquis ya no podemos transitar seguros por el estado, la gente en los medios de comunicación escribe cosas racistas, que nos van a matar”, dijo.

De acuerdo con Luna la persecución del gobierno de Guillermo Padrés es tal, que retiró becas de estudio a niños y adolescentes de la tribu y los yaquis deben padecer trabas gubernamentales para cualquier trámite.

“Nos tiene totalmente marcados, para todo si eres yaqui, ellos tienen que dar el visto bueno, nos está haciendo la vida muy difícil en Sonora. Está así Padrés, rabioso con nosotros, porque sabe que el yaqui no se vende y que vamos a luchar hasta parar el Acueducto”, dijo.

En Hermosillo, las autoridades locales emprendieron una campaña en contra de los yaquis y también para presionar a los hermosillenses con la amenaza de que no habría agua, si dejaba de operar el Acueducto Independencia.

David Ernesto Contreras Camou, director General de Agua de Hermosillo (Aguah), ofreció una conferencia de prensa el 12 de julio – luego de que el Juez Octavo de Distrito con sede en Ciudad Obregón ordenó suspender la operación del Acueducto Independencia, en un plazo de tres días después de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) recibiera la notificación– para alertar a la población de la decisión del cierre de una obra que le cuesta al erario 3 mil 860 millones de pesos.

“Me informan que la Comisión Nacional del Agua ha comunicado que a más tardar, el próximo martes [15 de julio] se le cortará a la ciudad de Hermosillo el agua proveniente de la presa El Novillo, afectando así a más de 850 mil habitantes. Esta situación es de gran trascendencia, ya que nos pone en el riesgo de caer en una delicada situación de emergencia, desafortunadamente en contra de los ciudadanos hermosillenses quienes volverán a resentir los efectos de la falta de agua en sus hogares”, dijo el directivo.

El funcionario público además le informó a la población de Hermosillo que habría tandeos: algunas colonias tendrían tres horas de agua, otras una hora y los habitantes de asentamientos irregulares, ni un gota.

“Seré más específico: sin el aporte del agua de El Novillo, de nueva cuenta se volverá a recurrir al tandeo, pero más riguroso en esta ocasión de tres horas al día, en las mismas 560 colonias, algunas de ellas, especialmente las de partes altas como El Coloso, Mariachi, 5 de Mayo, El Ranchito, Cañada de los Negros, entre otros, con abastecimiento de apenas una hora. Es terrible, pero en los más de 27 asentamientos irregulares de la ciudad, las llamadas invasiones, no podrán contar con agua a ninguna hora del día, pues el agua no alcanzará para abastecer ni siquiera en pipas”, dijo el director de Aguah.

Después de esas palabras Contreras Camou declaró a la ciudad como “zona de emergencia” y dijo textualmente: “todos salimos perdiendo, si nos quitan el agua que no le faltaba a nadie, solamente a nosotros”.

Para el lunes 14 de julio, el Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Hermosillo interpuso un amparo y el acueducto siguió operando. Se ponderó el derecho al agua de los hermosillenses sobre el que tienen los 45 mil yaquis de Cajeme.

“Si logran legitimar el despojo a través de la Consulta o de cualquier otra cosa, todos los esfuerzos que se están haciendo no servirán de nada, porque nosotros somos el laboratorio, una vez que logren legitimarse en Sonora, lo harán en otras regiones del estado y de México”, dijo Luna antes de ser encarcelado.