Legisladores de oposición urgen a implementar leyes que disminuyan la sobrepoblación de las cárceles en el país y que eviten la constante violación a los derechos humanos de los reos. ¿Qué tan grande es este problema?

Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).— Legisladores acusaron que mientras los derechos humanos de los reclusos son violados en las cárceles, las iniciativas de ley que podrían solucionar el grave problema de hacinamiento en el Sistema Nacional Penitenciario (SNP) duermen el sueño de los justos.

El último reporte de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) advierte que en México hay una sobrepoblación en las cárceles de 38 mil 583 personas, ya que la capacidad total alcanza para albergar a 208 mil 905 personas, pero actualmente el SNP maneja a 247 mil 488 reclusos.

Esto ya es visto por algunos legisladores como una crisis que puede derivar en tragedias similares a la de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, en la que murieron 49 personas a causa de un montín entre miembros del grupo delictivo Los Zetas.

“Actualmente, no se les garantizan los espacios mínimos, ni ninguna reparación de daño si se les llegara a comprobar que hay una negligencia de parte del Estado para atender sus problemas”, aseguró la Senadora independiente Martha Tagle Martínez.

Pese a que, de forma unánime, los grupos parlamentarios manifestaron su pesar por la tragedia en el penal de Topo Chico, ocurrida el 11 de febrero, casi diez días después no hay consensos claros para impulsar leyes que eviten que esto vuelva a ocurrir.

“Ahorita llevamos ya tres semanas de sesiones en el Senado que han sido de trámite para presentar iniciativas, prácticamente no se ha avanzado en ningún dictamen, aunque hay algunos que resolver, porque no hay ningún acuerdo de las fuerzas políticas. Me parece que esto ya no puede seguir así”, se quejó Tagle.

En enero, previo al inicio del periodo de sesiones ordinario, tanto el Partido Acción Nacional (PAN), como el Partido de la Revolución Democrática (PRD), apuntaron que en su agenda estaría impulsar la iniciativa de la de la Ley Nacional de Ejecución Penal respaldada en el 2013 por nueve senadores de los distintos partidos políticos.

Por su parte, la Senadora panista María del Pilar Ortega Martínez detalló que, a diferencia de años anteriores, los senadores tienen presión por aprobar antes del 30 de abril esta iniciativa que sería de importancia para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP). Un proceso en el que los juicios del país deberán de pasar en su totalidad de hacerse de forma inquisitoria a orales.

Lo que supondría también una merma en las cárceles, porque el NSJP pretende de que el 80 por ciento de los procesos judiciales se resuelvan por vías alternativas para la resolución de conflictos, antes de que lleguen siquiera a juicio.

“El hacinamiento de entrada es una violación de los derechos de las personas. Pero también vemos el tema de corrupción, el tema de que hay delincuentes que tienen posibilidades y que puede comprar a la autoridad, a diferencia del resto. Así como la violencia que se genera, y que muchos grupos delictivos pueden operar al interior de los penales”, dijo Ortega.

Además, explicó que la iniciativa regula diferentes aspectos procedimentales del SNP, que inciden en el hacinamiento de las cárceles.

Un tema que tiene al SNP en crisis, aseguró la investigadora de México Evalúa, Leslie Solís, ya de 389 centros penales, 184 se encuentran con sobrepoblación.

“No sólo amenaza el libre desenvolvimiento de actividades. También representa riesgos a la salud por la transmisión de enfermedades. Cabe señalar que el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos. Eso está establecido en la reforma del 2011 a la Constitución”, dijo.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su diagnóstico nacional sobre las condiciones de los centros estatales penitenciarios en México calificó, en una escala del 1 al diez, con 6.02 al SNP.

“Hay 13 estados que están reprobados. Y algunos, que con contraindicaciones brutales. De los 130 penales que visita la CNDH, 76 tienen condiciones de autogobierno, eso significa que los mismos internos, las personas privadas de la libertad, pueden establecer funciones relativas a la autoridad. Como el control de la seguridad, de los servicios, de los teléfonos, eso es muy peligroso”, explicó Solís.

PRESOS POR MARIGUANA

Por su parte, en la Cámara de Diputados hay una serie de propuestas en la Comisión de Justicia desde noviembre pasado que pretenden la despenalización de delitos por transporte de mariguana.

De acuerdo con los resultados de la “Primera Encuesta realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social 2012”, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el 60 por ciento de los reclusos está preso por delitos contra la salud.

De éstos, el 58.7 por ciento fue sentenciado por transporte, posesión, trafico o venta de mariguana.

El Diputado federal de Movimiento Ciudadano (MC), Víctor Sánchez Orozco, presentó en noviembre una iniciativa que pretende dar amnistía a quienes hayan sido juzgados por consumo o posesión de cannabis. Una ley que podría solucionar en parte el problema del hacinamiento, pero las bancadas más conservadoras lo ven con sigilo, por miedo a una desbandada de reclusos que quizá no estén aptos para reinsertarse a la sociedad.

“Estas personas no son los grandes capos, sino parte de una cadena. A esas personas que están por delitos menores por la posesión de drogas, esta iniciativa pretende que se les pudiera perdonar, y darles un seguimiento de reinserción social para que no regresen a delinquir. Con eso lograríamos despresurizar las prisiones”, detalló Sánchez.

Otro problema que abona la sobrepoblación es el proceso de prisión preventiva. De acuerdo con datos oficiales, hasta el 42.4 por ciento de la población dentro del SNP, aún espera ser sentenciada.

El Diputado federal del PRD, Fernando Rubio Quiroz, quien también promovió una iniciativa para despenalizar la mariguana, explicó que esto podría aliviar el impacto en los ciertos sectores de la población.

“La despenalización de la mariguana tendría que homologar lo que dice la Ley de Salud y el Poder Judicial. Si esta iniciativa fuera aprobada un porcentaje importante de jóvenes que han sido encarcelados injustamente, quedarían libres”, detalló.

La próxima reunión de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados será el 24 de febrero, y el Diputado recalcó que su partido buscará el respaldo de las otras bancadas, después de que varios grupos parlamentarios han sido receptivos a los debates que se han venido realizando sobre los límites legales del uso lúdico y medicinal de la mariguana que terminaron esta semana.