Bogotá, 22 may (EFE).- La OEA inicia el próximo martes una nueva etapa con el uruguayo Luis Almagro al frente, en la que se espera seguir avanzando en la búsqueda de enfoques alternativos para abordar el problema de las drogas, después de 40 años de una “guerra” que no ha dado el resultado esperado.

El Secretario General saliente, el chileno José Miguel Insulza, que ha estado diez años en el cargo, ha tenido un papel determinante en abrir el debate dentro de la OEA sobre la conveniencia de mantener una política antidrogas basada en la represión.

Bajo su dirección y por mandato de los presidentes de los países miembros, la Organización de Estados Americanos (OEA) elaboró en 2013 un informe en el que se recomienda a los Gobiernos que consideren la despenalización del consumo de drogas.

Según dijo Insulza a Efe en una reciente entrevista, el debate sobre drogas “tiene un límite en el cual es necesario empezar a tomar decisiones, decisiones más colectivas”, pero por ahora “todavía tiene un buen camino que recorrer”.

Precisamente Almagro llega a la OEA después de haber formado parte del gobierno de José Mujica, el presidente que hizo que Uruguay tomara un camino distinto en la lucha contra los traficantes de drogas.

Con Mujica como presidente (2010-2015) Uruguay se dotó en 2013 de una ley para regular el mercado de la marihuana con el fin de quitarle el “negocio” a los narcotraficantes, una iniciativa que tiene muchos admiradores, pero también ha generado polémica interna y críticas de organismos internacionales de control de las drogas.

La ley prevé, entre otras cosas, que el Estado cultive cáñamo y que la marihuana se venda legalmente en farmacias, algo que todavía no se ha podido poner en práctica.

Pero no solo Uruguay se ha apartado de la lucha a sangre y fuego contra las drogas. En muchos países latinoamericanos crecen las voces que piden cambiar una política que consideran tan inútil como costosa y en el mismo EU hay cada vez más estados con legislaciones permisivas con la marihuana, producida localmente.

Mientras, Centroamérica y México sufren la violencia, la corrupción y la desestabilización que trae aparejado el empoderamiento de los carteles de la droga en sus territorios, un problema que también se ve en el Caribe e incluso en el Cono Sur.

Con el eco de la polémica causada por el papa Francisco por decir que Argentina corre el riesgo de “mexicanizarse” aun resonando, la Universidad Católica Argentina publicó esta semana un informe que señala que la venta de drogas en el país creció un 50 por ciento entre 2010 y 2014 hasta afectar a casi la mitad de los hogares urbanos.

El próximo secretario general de la OEA señaló el mes pasado en una conferencia en Montevideo que hay que estudiar “políticas alternativas que ofrezcan soluciones” al “problema de las drogas”.

Almagro se pondrá al frente de la secretaria general este lunes, pocos días después del inicio de las negociaciones para el nuevo Plan de Acción Hemisférico sobre las Drogas (2016-2020).

El plan, que debe ser aprobado este mes de noviembre por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), sustituirá al de 2011-2015, adoptado en la era Insulza, y será una realidad antes que en 2016 se celebre una asamblea general extraordinaria para tratar de la estrategia frente a las drogas.

Antes de dejar el puesto, Insulza ha pedido a los países miembros de la OEA que pongan el énfasis de la política sobre drogas en lo que se refiere a la salud pública y no en la persecución criminal y que busquen alternativas al encarcelamiento.

Por la vía de la represión “la batalla está perdida en todo el mundo y desde hace tiempo”, según ha dicho Mujica.

También el Gobierno boliviano, que expulsó a la DEA (Agencia Antidrogas de EU) del país en 2008, defiende la necesidad de un enfoque diferente, como también lo hizo en su día el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y varios ex presidentes latinoamericanos como el colombiano César Gaviria.

El Ministro boliviano de Gobierno (Interior), Hugo Moldiz, anunció en marzo pasado que Bolivia propondrá a los países de América Latina “regionalizar” la lucha contra el narcotráfico, mediante un plan basado en el “respeto a la soberanía, la no militarización con bases extranjeras, el respeto a los derechos humanos y el control y la participación social”.

En opinión del especialista colombiano Juan Carlos Garzón, del estadounidense Wilson Center, entre los analistas de la región existe el consenso de que la llamada “guerra contra las drogas” ha fracasado como estrategia porque “se partió de una meta equivocada que era un mundo libre de drogas”.

Además de ineficaz, la “guerra contra las drogas” es vista como un factor que ha contribuido a profundizar la exclusión social en algunos países y sobre todo a incrementar la violencia.