Caracas, 22 jun (EFE).- La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz tiene registro de 16 casos de torturas de enero a junio de este año por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas, especialmente del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), informó hoy la organización.
La abogada de la ONG Red de Apoyo Laura Roldán indicó a periodistas que con los que han logrado registrar este año los casos de torturas se elevan a 243 entre 2003 y 2011, un registro que aseguró es superior dado que “muy pocos casos” acaban en una denuncia formal por el miedo de las víctimas y la “lentitud” del proceso judicial en Venezuela.
“Cada vez que existe un caso de tortura nos están maltratando a toda la sociedad”, indicó la médica Fiorella Perrone, portavoz de la organización en una rueda de prensa convocada por el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de Tortura, que se celebra el próximo 26 de junio.
La Red de Apoyo señaló que el CICPC fue responsable de 12 de los 16 casos de los que tienen noticia en 2011, una cifra que llega a 60 si suman todos los registrados desde 2003.
El CICPC se encuentra intervenido con “asistencia técnica” por parte del Gobierno tras la muerte de tres detenidos supuestamente torturados y después de que el presidente, Hugo Chávez, exigiera investigar “a fondo” y limpiar los cuerpos policiales del país.
Detrás de ese cuerpo, la Policía Metropolitana, que actúa en el Distrito Capital de Caracas, y la Guardia Nacional (policía militarizada) son señaladas por la Red de Apoyo como responsables de 30 de torturas, el 12,35 % de las registradas en los últimos ocho años y medio.
Los métodos de tortura documentados por la ONG varían desde los golpes y patadas, en un 97,2 % de los casos, a la agresión verbal (52.4 %); pasando por aplicación de electricidad en el cuerpo del torturado (11.3 %) o quemaduras (1.4 %) y en múltiples casos concurren más de una forma de castigo.
En cuanto al perfil de la víctima, Perrone detalló que la “mayor parte” pertenecen a “sectores populares” de la población, siendo los más afectados los estudiantes (un 22.22 % de los agredidos), seguidos de los obreros (14 %).
Perrone subrayó que la solución “no es disminuir, es erradicar este flagelo”, y resaltó la importancia de que estos delitos sean condenados porque “si hay impunidad no hay motivos para no seguir haciéndolo”.
Para acabar con la impunidad que reina en estos casos, Perrone insistió en la importancia de documentar las torturas siguiendo las recomendaciones del Protocolo de Estambul, aprobado por las Naciones Unidas en 1999, en el que se establecen una serie de prácticas para afrontar eficazmente los casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Roldán lamentó la “lentitud” de los procesos para denunciar estos casos y recordó que la Asamblea Nacional (Parlamento) “está en mora” porque aún no se ha aprobado un ley contra la tortura, tal como dispone la Constitución venezolana de 1999.
“Hay una falta de voluntad política”, recalcó Roldán, para quien la lentitud de las investigaciones dificulta la documentación de las torturas en el país.
La Red de Apoyo es una organización sin fines de lucro que ha participado como órgano asesor en talleres sobre derechos humanos con los cuerpos de seguridad y entes judiciales del Estado venezolano y, actualmente, tiene representantes en el Consejo General de la Policía y en la Comisión que estudia la Ley de Desarme de Venezuela. EFE
