Los secretarios de Estado que aspiran a cargos públicos se han conducido con pleno respeto a las leyes electorales y a las reglas que dicta el partido sobre sus eventuales aspiraciones políticas y no han incurrido en desvío de recursos, subrayó el Partido Acción Nacional (PAN).
En un comunicado, el líder nacional del PAN, Gustavo Madero, manifestó que la demanda que presentó el PRI en contra de Ernesto Cordero, Alonso Lujambio y Javier Lozano, además del propio PAN, tiene como objetivo la propaganda mediática y carece de sustento legal.
El documento precisa que no existe desvío de recursos públicos de parte de los funcionarios, ni es aplicable el procedimiento especial sancionador, toda vez que las expresiones hechas sobre sus eventuales aspiraciones políticas no se han hecho a través de tiempos contratados en radio y televisión. “Así como tampoco se han organizado conferencias de prensa para hablar de ese tema; antes bien, las declaraciones fueron realizadas a pregunta expresa de los medios de comunicación”, expone.
Madero expuso que los comentarios vertidos por secretarios aludidos sobre sus aspiraciones políticas no constituyen una violación a las leyes electorales ni a alguna otra y las han realizado en pleno ejercicio de su libertad de expresión.”Ninguno de ellos ha hecho promoción con el objetivo de obtener votos o solicitar apoyo expreso a sus proyectos personales”, aseveró.
La denuncia presentada por el PRI, afirmó el dirigente nacional panista, es una acción desesperada por de ese partido: “Al observar que en 40 días los liderazgos de Acción Nacional han logrado interesar y posicionarse ante la opinión pública y los ciudadanos como opciones fuertes y viables para, en su momento, competir y ganar la contienda que se vivirá en el 2012, fenómeno que no ocurre con sus aspirantes priístas”.
FUNCIÓN PÚBLICA: DESCARTA SANCIONES
Minutos antes de que se revelara el comunicado panista, Rogelio Carbajal, subsecretario de la Función Pública, aclaró a los medios de comunicación que los secretarios de Estado tienen libertad de expresión y hasta el momento no han dejado a un lado sus responsabilidades como servidores públicos.
A su juicio, los secretarios de Hacienda, Ernesto Cordero, de Educación Pública, Alonso Lujambio y Javier Lozano, del Trabajo “cumplen con sus responsabilidades en el tiempo en el que son servidores públicos y si en el ejercicio de sus derechos políticos ejercen incumpliendo con la ley, eso ya entra en el ámbito como cualquier ciudadano, es decir, es el IFE quien debe de revisar ese tema”.
“Los horarios laborales y la responsabilidad que todos los servidores públicos tenemos están establecidos en la Ley de Responsabilidad del Servidor Público y me parece que todo servidor público en el ejercicio de su libertad de expresión puede realizar ciertas aclaraciones, ciertas declaraciones. Lo que la Secretaría de la Función Pública realiza para que el servicio público se lleve a cabo de forma correcta es evaluar que los resultados de la Función Pública se cumplan y que los servidores públicos se conduzcan de acuerdo con la ley”, dijo el funcionario.
