Bogotá, 22 jun (EFE).- Entre 6 mil y 14 mil niños están involucrados en el conflicto armado colombiano, lo que significa que uno de cada cuatro combatientes serían menores de edad, según se desprendió hoy de un foro de expertos celebrado en Bogotá.

Estos datos surgen de la información recabada y difundida hoy por la Defensoría del Pueblo a partir de informes de la ONU, Unicef, distintas ONG y el propio Gobierno colombiano.

Además, entre 20% y 30% de algunas unidades guerrilleras y grupos sucesores de paramilitares estarían conformadas por niños soldado.

“No hay cifras únicas, ya que al ser una actividad ilegal es muy difícil tener números exactos”, precisó a Efe la delegada de la Defensoría del Pueblo para la niñez, Pilar Rueda, al explicar por qué hay tanta diferencia entre los distintos informes.

La Defensoría del Pueblo, a través de su Sistema de Alertas Tempranas, contabilizó hasta 158 situaciones de riesgo que dan cuenta de “la probable ocurrencia de reclutamientos forzados y la utilización ilícita de niños” en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de abril de 2011.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron la principal fuente de amenaza, con participación en 80% de esas advertencias, seguida de las bandas criminales emergentes –grupos sucesores de los paramilitares y que operan en las mismas regiones– (76 %).
Por su lado, la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) estuvo involucrada en el 32 % de las advertencias.
Los motivos que impulsan a los grupos armados a reclutar niños no están claros, apuntó Rueda, pero reconoció su vulnerabilidad debido a que “su desarrollo emocional es menos fuerte, aprenden más rápido, son más osados y despiertan menos sospechas que los adultos”.
“Una de las secuelas más fuertes es que naturalizan el abuso, piensan que así es la vida”, aseveró.
Rueda agregó que “para las mujeres el tema del abuso sexual y el tema de los abortos forzados deja secuelas muy graves en torno a cómo viven su sexualidad y su autonomía”.
Para acabar con esta tragedia, el Defensor del Pueblo de Colombia, Volmar Pérez, abogó por “una alianza estratégica entre los estamentos que hacen la vida del país y las diferentes expresiones de la sociedad para ver de qué manera se identifican los mecanismos que prevengan que niñas, niños y jóvenes adolescentes sean reclutados por grupos armados ilegales en Colombia”.
Un punto de partida, afirmó a Efe, sería realizar “esfuerzos para que los niños no deserten del sistema educativo y combatir la violencia intrafamiliar”.