Según la experiencia de otros países, en cada fosa podría haber al menos tres personas ejecutadas extrajudicialmente, pero en México son decenas y hasta centenas de cuerpos hallados en casa fosa. Entre el 2009 y 2014 hubo 390 fosas clandestinas, con un total de mil 418 cuerpos, según el conteo de la Universidad Iberoamericana.

Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).- Los agentes públicos son cómplices de la ola de inhumaciones ilegales en México, han dicho autoridades de la Universidad Iberoaméricana (UIA), durante la presentación del informe “Violencia y Terror: Hallazgos sobre fosas clandestinas en México”.

“Existen responsabilidades del actual Gobierno mexicano, sobre todo porque este fenómeno de las fosas podría estar vinculado a la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad”, dijo el Rector David Fernández Dávalos.

El informe hizo hincapié en que las cifras oficiales divergen de los conteos autónomos.

Por ejemplo, entre el 2009 y 2014 hubo 390 fosas clandestinas, con un total de mil 418 cuerpos, según el conteo de la Universidad. No obstante, la Procuraduría General de la República (PGR) contestó a dos organizaciones civiles sobre conteos de 161 y 201 fosas clandestinas, con 581 y 662 cuerpos, respectivamente.

Entre las responsabilidades que el Estado debería cumplir se encuentran, de acuerdo con Fernández, el mapeo de fosas, la atención a las familias y la investigación penal eficiente.

El trabajo concluyó que cuenta con más información que la referida por las autoridades. Se trata de la observación de 2 mil 14 cuerpos y más de mil fosas. Asimismo, se estimó que las fosas clandestinas son hechos “recurrentes y extendidos”.

“No nos cabe duda de que son instrumentos que buscan el terror social en búsqueda del control”, dijo Denise González Núñez, encargada del programa de Derechos Humanos de dicha casa de estudios.

Se realizaron solicitudes de acceso a la información a 32 entidades, pero sólo 12 contestaron con información relativa al número de fosas y cuerpos entregados.

Jorge Reyes, uno de los investigadores de la Ibero, lamentó de manera preocupante que Jalisco, Chihuahua y Guerrero no se encuentren dentro de las entidades que hayan respondido.

Tamaulipas, Morelos y Sinaloa no respondieron a la CNDH, mas sí a la Universidad Iberoaméricana, que tomó en consideración los resultados mostrados por 16 entidades el organismo federal, además de sumar nuevos casos debido a conteos hemerográficos. La suma ha dado mil 75 fosas, con 2 mil 14 cuerpos.

De acuerdo con este informe, los municipios con más fosas clandestinas entre el 2009 y el 2014, fueron Durango (Durango), con el 21 por ciento de los cuerpos registrados; San Fernando (Tamaulipas), con 12 por ciento; Acapulco (Guerrero), 6 por ciento; La Barca (Jalisco), 5 por ciento; Ciudad Juárez (Chihuahua), 5 por ciento; Taxco (Guerrero), 4 por ciento; y el resto de municipios registró el 47 por ciento.

“A pesar de que no logramos obtener un panorama completo, seguimos hablando de un tema aterrador sobre más de mil fosas”, dijo José Antonio Guevara Bermúdez, director de la asociación civil Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Según la experiencia de otros países, en cada fosa podría haber al menos tres personas ejecutadas extrajudicialmente.

Apatzingán, en Michoacán, y Cuauhtémoc, en Chihuahua, son dos municipios con altas probabilidades de tener fosas clandestinas, de acuerdo con un modelo estadístico de la Ibero, que mide factores como la educación, operativos de la autoridad y número de armas incautadas.

“Si es capaz de hacer esto [la predicción] el sector académico y organizaciones no gubernamentales, qué pena que el Gobierno aún no lo haya hecho”, dijo Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México).

Esta oficina internacional tiene a las desapariciones como una de sus cuatro ejes principales de trabajo, resaltó el trabajo que el trabajo contribuye al derecho a la verdad de las familias afectadas.

“En nuestra oficina estamos convencidos que es clave que la academia se sume a estos esfuerzos, lo hemos visto en el caso de la universidad autónoma de Morelos, podemos constar que las autoridades estatales no eran entusiastas […] ocurrió un hostigamiento al programa de la universidad de ayuda a las víctimas”, dijo Jarab.

El representante de las Naciones Unidas destacó que el informe detalla la extensión del fenómeno de las fosas clandestinas, un esfuerzo que se suma al informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“A pesar de la localización de fosas y recuperación de cuerpos, los resultado de identificación de cuerpos son hasta la fecha escasos”, aseguró Jarab y defendió el derecho a ser tratados dignamente con servicios forenses adecuados.

Sobre la reciente aprobación de una ley sobre la materia, Jarab destacó que es sólo el primer paso para garantizar los derechos de los ciudadanos.