Familiares presentes en el “Foro Internacional sobre Tortura y Desaparición Forzada y cometida por Particulares” denunciaron que la actual administración de Gobierno le dio la espalda a la búsqueda de los 27 mil desaparecidos en el país. Las autoridades no han sido capaces de ofrecer garantías para que estos delitos vuelvan a suceder. Y es más, no les conviene, apuntaron activistas.

Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).- Familiares de desaparecidos lamentaron que el denominador común de las desapariciones en México sea la falta de acciones de seguimiento por parte de las autoridades de justicia. Luchadores sociales sostuvieron que aún en las desapariciones cometidas por particulares hay una responsabilidad de las autoridades, que se han coludido en algunos casos con el crimen, y otras han omitido su labor de resguardar a la ciudadanía.

“Hay una línea delgada porque hoy en día hay una confabulación muy fuerte entre las autoridades. Es decir, no hay un estado donde no la delincuencia organizada exista y esté sola. Como lo estuvo en Iguala, donde toda la estructura de la policía y del Ayuntamiento pertenecía a Guerreros Unidos”, dijo Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlachinollan.

Esta implicación de los partidos políticos y las autoridades de los niveles estatal y federal dentro del caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa generan un esquema de “marcrocriminalidad” que afecta a las víctimas, apuntaló Rosales Sierra durante el “Foro Internacional sobre Tortura y Desaparición Forzada y cometida por Particulares”.

Michael Chamberlin, representante del Centro de Derechos Humanos Fray Juan Larios, detalló que en algunos casos el Ejército goza de mayor impunidad en los casos de cometimiento de desapariciones forzadas, que el que puedan llevar a cabo autores particulares.

“El Ejército en México está creado para atacar a al sociedad civil, considerada el enemigo. Lo vemos ahora: el que el Ejército no quiera abrir sus cuarteles es un desafío a la democracia”, dijo en referencia al caso de los normalistas, desaparecidos la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014.

Representantes de organizaciones civiles coincidieron que el caso de los 43 puso en el ojo público un fenómeno que abarca a más de 27 mil familias, quienes aún esperan saber dónde están sus hijos, sus padres, sus madres, sus hermanos y hermanas.

INVESTIGACIONES A DESTIEMPO

Lucía Baca, madre del ingeniero desaparecido Alejandro Alfonso Moreno Baca, refirió que a pesar de que se realizan foros con numerosas recomendaciones al Gobierno, las familias no ven muestras de avances.

“Desafortunadamente todo es a destiempo. Investigaciones que solicitamos hace cinco años cinco meses que tiene mi hijo de desaparecido son muy lentas, a destiempo y cuando se realizan ya no tienen la efectividad que se amerita. Parece ser, y por la experiencia que tenemos que todo se hace a propósito. Porque como familias hemos sido constantes en las visitas con la autoridad para que busquen a mi hijo, entonces, es mínimo el avance”, refirió.

Moreno Baca, fungía como ingeniero de IBM, cuando desapareció el 27 de enero del 2011, en el tramo de la carretera de Nuevo Laredo a Monterrey. Se presume que fue llevado después de ser detenido en un retén del grupo Los Zetas.

“Se logra que las autoridades hagan una línea de investigación pero no se concreta. Uno va a todas las instancias, porque no todas tienen la capacidad, y nunca hemos podido que las autoridades trabajen de forma coordinada. Antes nuestra queja era de porque no se unían. Pero tal parece que se hace a propósito. Le hemos dado resultado en Nuevo León y aquí en el Distrito Federal”, dijo la madre.

Después de mucho batallar, refirió, un acta circunstanciada pudo volverse averiguación previa en al Procuraduría General de la República. Pese a que la dependencia ofreció un millón de pesos para quien ofreciera información, hasta ahora el caso permanece inmóvil.

El ingeniero Moreno Baca viajaba con dirección a Texas a bordo de un Mazda color rojo. Partió de la Ciudad de México, y tras una breve parada con un amigo en Monterrey, emprendió nuevamente su camino. Lo esperaban conocidos en Nuevo Laredo, pero ya no se hizo presente.

“No he encontrado a mi hijo, la gran mayoría de las familias lo que más deseamos es encontrarlos, ese es el motivo de que andemos con autoridades de todos los órdenes. Hemos tratado de que con la nueva Ley se escuchen las necesidades de la madres. Sin embargo, lo que más nos interesa es que se lleven a cabo y no sean letra muerta”, refirió.

MANTO DE IMPUNIDAD

Teresea Vera Alvarado, quien busca a su hermana Minerva Vera Alvarado, desaparecida el 29 de abril del 2006, en el municipio de Matías Romero, Oaxaca.

En el Ministerio Público de Matías Romero no ha encontrado la respuesta que esperaba, por lo que se ha dado a la tarea de recorrer la república, para hallar más pistas que la lleven hacia su familiar. Como lo fue su última visita a las fosas de Tetelcingo, Morelos, donde 117 cuerpos fueron exhumados de una fosa clandestina de la Fiscalía estatal.

“Lo que hay es impunidad. No hay claridad en las autoridades de buscar a nuestros desaparecidos. Por falta de voluntad política y ellos se tapan las espaldas porque hay colusión. No quieren reconocer que existe esta violencia. Lo vemos en Oaxaca y muchas partes”, expuso.

Los familiares de desaparecidos esperan ser incluidos en la próxima discusión para expedir la Ley General de Desapariciones Forzadas. “Estamos pidiendo que se nos incluya, que se nos tome en cuenta para que todos los asuntos que lleve esa Ley tenga la participación de las víctimas“, dijo Teresa Alvarado.

SIN REPARACIÓN INTEGRAL

María Guadalupe Fernández Martínez ha pasado los últimos siete años buscando a su hijo, quien se desarrollaba como ingeniero de la empresa constructora ICA Fluor Daniel. Desapareció el 25 de enero del 2009 en Monclova, Coahuila.

“En mi caso. Acudimos de inmediato a denunciar a un ser querido. Pero lejos de ayudarnos pusieron por delante una serie de trabas burocráticas. Se ha insistido que se priorice la búsqueda. Lo hacemos esperanzados en que haciendo uso de ello puedan encontrar a nuestros familiares. Pero a hasta el día de hoy la ayuda ha sido a familiares ricos”, expuso frente al auditorio del Foro.

Tres hombres con armas de fuego sorprendieron al Robledo después de estacionarse enfrente de una venta de autopartes. Le exigieron las llaves del vehículo y subir de vuelta a la camioneta. Desde entonces Guadalupe Fernández ha emprendido una gestión incansable para que las autoridades busquen el paradero de su hijo.

En su momento Martínez refirió que la recompensa que ofreció la PGR a quien diera información sobre su hijo, no fue correctamente difundida por las autoridades a los medios de comunicación. Cinco personas han ido a la cárcel por este caso, incluyendo dos ex compañeros de trabajo de Robledo.

“Así como yo, miles de personas pululan en todo el país buscando a sus seres queridos. La mayoría sin atreverse a denunciar por miedo. La mayor parte de los casos están como secuestro, aunque nunca se pidió rescate. Toda víctima tiene derecho a una reparación integral. Cosa que no ha sucedido porque todos los días, cada dos horas, desaparece una persona en este país. De qué sirven las leyes si no se aplican cuando es necesario”, dijo la madre.

ALTOS MANDOS

Patricia Manzanares, madre de Juan Hernández Manzanares, elemento de la Policía Federal, quien desapareció el 20 de febrero del 2011 en Nuevo León, destacó que existe un estigma en contra de todos los elementos de las fuerzas de seguridad pública.

“Mi hijo desaparece dentro de un hotel, con 300 federales, con gente de la Policía de Investigación, a la una de la mañana, cuando él a esas horas estaba hablando por teléfono con una amiga”, dijo la madre.

Cuando Patricia se acercó al hotel le entregaron la billetera de su hijo, algo que le pareció sospechoso porque él nunca salía sin ella del edificio. La madre dijo que muchos de los altos mando mantienen acuerdos con el crimen organizado. Les entregan a los más jóvenes a cambio de beneficios.

“Lo cierto es que las autoridades no investigan nada, y no estamos hablando de los policías de abajo, sino los de arriba”, dijo la madre.