The Economist publica un artículo el día de hoy en el que plantea que los medios de comunicación en México están siendo silenciados tanto por los integrantes del crimen organizado como por el mismo gobierno.
Para el prestigiado semanario británico, los medios nacionales que han seguido la batalla del gobierno contra la delincuencia organizada han dado un “giro terrible”. Y es que “curiosamente en algunas de las zonas más peligrosas, los periódicos locales muestran sólo pocos detalles”, dice el texto.
El artículo resalta que el año pasado, cinco periódicos anunciaron que dejarían de cubrir temas del narcotráfico por el riesgo que representaba para sus periodistas. Este año también, dice The Economist, se registraron 15 ataques contra las oficinas de los medios de comunicación; una cifra alarmente si se compara con los dos ataques ocurridos en 2009.
La publicación advierte que ante las constantes amenazas que han recibido distintos diarios por parte de los cárteles de la droga, los lectores han encontrado un la red un medio para informarse de la guerra contra el crimen organizado. No obstante, señala el documento, los colaboradores de los sitios web no se han salvado de los ataques.
Aunque muchos sitios son anónimos, los criminales parecen estar mejorando en localizar a los colaboradores, incluso fuera de México. El año pasado, dos estudiantes mexicanos en la Universidad de Columbia en Nueva York crearon un sitio web para seguir la violencia en Monterrey, otra ciudad con problemas en el norte de México. El proyecto fue cancelado después de que el administrador del sitio, con sede en los Estados Unidos, recibió una llamada telefónica amenazante.
“Con los medios de comunicación tradicionales silenciados, los mexicanos están movilizando noticias en la red. Pero ahora eso parece demasiado arriesgado. El 13 de septiembre dos cuerpos fueron encontrados colgados de un puente en Nuevo Laredo, en la frontera norte de México, con la promesa de que se les daría el mismo trato a todos los chismosos en la internet. El anuncio nombró a dos sitios web dedicados a la información de la guerra contra las drogas a los que la pareja asesinada había contribuido supuestamente”, detalla el semanario.
Un puñado de blogs han ganado gran cantidad de espectadores, gracias a las fotos y videos de tiroteos y asesinatos, a veces enviados por los asesinos. (Una foto –dice el semanario– muestra lo que supuestamente son los tigres de un narcotraficante).
Se dice que algunos blogs anónimos son dirigidos por periodistas que ponen sus historias no imprimibles en línea. Los rumores sobre los tiroteos circulan a través de Facebook y Twitter, redes que también son utilizadas por el gobierno de Reynosa, cuya prensa ha sido golpeado y obligada al silencio.
Los internautas también están siendo vigilados por el gobierno. El mes pasado, un maestro y un periodista de radio fueron arrestados en el estado de Veracruz por cargos de terrorismo, después de difundir en Twitter falsos rumores de que las escuelas estaban bajo ataque. Los cargos fueron retirados más tarde. Sin embargo, el 20 de septiembre el estado aprobó una ley, para aplicar con carácter retroactivo, que pondría cárcel de uno a cuatro años por “alteración del orden público”. Tabasco, al lado, está redactando una ley similar. El objetivo es dejar de difundir rumores infundados que causan “alarma, pánico y psicosis”, diceJosé Dolores Espinoza, congresista del estado lo respaldan.
Pero hay otros motivos más siniestros. Darío Ramírez, jefe local de Artículo 19, cree que los dos estados desean enviar “un mensaje de mano dura” contra la disidencia. Los gobiernos estatales presionan a los periódicos comprando espacios publicitarios los cuales pueden retirar en caso de que la cobertura de los rotativos no sea “amigable”.
Una bomba que explotó el mes pasado en un acuario de Veracruz fue mencionado apenas en la prensa local. El gobernador Javier Duarte ha dicho con aparente satisfacción que mil 500 cuentas de Twitter en su estado fueron cerradas dos semanas después de los arrestos.
