La noticia ha tenido eco internacional y ha reavivado el debate nacional: el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea ha preparado un proyecto, que se discutirá en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde concede el amparo de la justicia federal a los integrantes de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Tolerante y Responsable, para que los quejosos puedan sembrar, cultivar, cosechar, preparar. trasportar y poseer mariguana destinada a su consumo personal. Si se aprueba el proyecto, cinco artículos de la Ley General de Salud serían declarados inconstitucionales y México daría un paso sustancial para acabar con una política pública —la prohibición de las drogas— absolutamente fallida, pues no ha alcanzado ninguna de sus metas y en cambio ha provocado muchos más males a la salud de la población, a los  derechos humanos, a la convivencia social y a la seguridad de las personas que los bienes que pretendía garantizar.

            La sensatez del proyecto de Zaldívar contrasta, empero, con la tozudez de los funcionarios del gobierno federal encargados de la política de combate a las adicciones y de prevención del delito. El policía—médico (¿o médico—policía?) que dirige CONADIC ha salido a repetir los tópicos que le dieron fama a su antecesor sobre las hordas de adictos que poblarían el país de legalizarse la mariguana, aunque como buen militar ha dicho que el acatará lo que le ordenen (faltaba más, no vamos a discutir nimiedades si de conservar la chamba se trata: como decía Groucho Marx, “éstos son mis principios; si no le gustan, aquí tengo otros…”). Dice Mondragón que su prioridad es la salud, pero su yo médico prefiere que sea su yo policía el que se encargue del tema.

No fue el señor Mondragón, sin embargo, el que desgranó las perlas más hermosas en el debate. Fue, quién si no, el flamante Subsecretario de prevención del delito, Arturo Escobar, el que  mostró una profunda comprensión de la discusión internacional sobre el tema cuando afirmó que estaba en contra porque no quería hacer empresario al “El Chapo” Guzmán. No entiende Escobar lo básico: Guzmán es ya un empresario, lo mismo que todos aquellos que dirigen y gestionan empresas de producción y distribución de sustancias ilícitas. Su ventaja competitiva está en los mercados clandestinos y ha sido precisamente la prohibición de las drogas lo que les ha permitido hacerse de recursos ingentes con los que han financiado su acopio de armas y el reclutamiento de ejércitos para combatir al Estado en sus intentos de imponer la prohibición. Con las fuerzas acumuladas gracias al control de un provechoso mercado con demanda estable, han logrado ampliar sus negocios criminales y han fortalecido sus capacidades para traficar con personas, secuestrar y extorsionar, al tiempo que ocupan los espacios dejados por un Estado endeble en diferentes zonas del país. Uno de los objetivos planteados por los impulsores de la reforma a la política de drogas es quitarle el negocio a los delincuentes, exactamente al revés de lo que cree entender Arturo Escobar.

En el polo opuesto del debate, un grupo amplio de académicos, activistas, periodistas y políticos suscribimos —como conclusión del congreso Drogas, política y cultura: perspectivas Brasil—México, celebrado en Guadalajara el 5 y 6 de octubre pasados— la Declaración de Guadalajara, donde afirmamos que ha llegado el momento para reenfocar el debate sobre la política de drogas fuera del campo de la criminalización y la prohibición, hacia perspectivas que “promuevan la salud pública y la protección social y cultiven el desarrollo en Latinoamérica”. La declaración parte de la identificación de las cinco “consecuencias negativas no deseadas” que —según ha reconocido la ONU— “se generan a partir de la prohibición de las drogas (…), incluyendo: un mercado criminal que desestabiliza a los países, genera violencia y encarcela a millones de personas cada año; un enfoque punitivo alejado de la salud pública; y el efecto globo, donde el cultivo, el tráfico y el consumo de sustancias se desplazan de un territorio a otro sin desaparecer alimentando la discriminación y el estigma contra las personas que usan drogas. Este fracaso es altamente visible en México y Brasil, los dos países más poblados de América Latina”.

El texto repasa los principales males que ha provocado la prohibición a los derechos humanos y a los derechos culturales de los pueblos indígenas; los miles de muertos, desaparecidos y desplazados que en algunas zonas de México alcanzan proporciones de una crisis humanitaria; los daños infligidos las poblaciones más vulnerables, “pues la criminalización de actores involucrados con drogas ilegales es siempre selectiva y afecta desproporcionadamente a los más pobres, a las mujeres, los jóvenes, los indígenas y los afrodescendientes”. Finalmente, establece diez bases para la construcción de una nueva política de drogas que detenga ya los daños de éste despropósito.

Por fortuna, a pesar de los sinsentidos de los funcionarios del gobierno mexicano, en la sociedad el debate avanza y por todos lados se oyen argumentos sólidos sobre la necesidad de enfrentar el asunto del consumo de sustancias psicoactivas con estrategias públicas basadas en la evidencia, enfocadas realmente hacia la protección de la salud, la convivencia social  y los derechos de los consumidores y con el foco puesto en la adecuada atención de los usos problemáticos y las adicciones. Como dice la Declaración de Guadalajara, el momento es hoy.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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