El centenar de organizaciones civiles de México señalaron que la respuesta del Estado a las recomendaciones del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, “no muestra la suficiente voluntad de avanzar para resolver la profunda crisis” que se vive en este país en esa materia y aseguraron que atenderlas ayudaría a “romper el círculo de impunidad por medio de instituciones autónomas”.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo/EFE).– Un centenar de organismos civiles pidieron hoy al Gobierno mexicano “pleno cumplimiento” de las recomendaciones sobre derechos humanos emitidas por la ONU a raíz de una visita al país en octubre de 2015 y “romper el círculo de impunidad por medio de instituciones autónomas”.

En un comunicado conjunto señalaron que la respuesta del Estado a las recomendaciones del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, “no muestra la suficiente voluntad de avanzar para resolver la profunda crisis” que se vive en este país en esa materia.

El Gobierno de México se comprometió el jueves a “considerar y atender” las recomendaciones, que calificó de “constructivas”, si bien aclaró que, en algunos casos, depende de decisiones de otros poderes federales o de las autoridades estatales.

Las agrupaciones defensoras de los derechos humanos consideraron importante el llamado a crear nuevos mecanismos contra la impunidad, en concreto un Consejo de expertos en la materia que asesore al Estado, realice un diagnóstico y genere una discusión pública de las acciones prioritarias.

“Esta recomendación refleja un análisis que compartimos al identificar a la impunidad como el principal obstáculo estructural que impide la consolidación del Estado de Derecho, la seguridad y el respeto por los derechos de la población”, aseguraron.

Al respecto, el Gobierno respondió que esa recomendación “podría atenderse”, pero recordó que el país cuenta ya con “instituciones autónomas que promueven y defienden los derechos humanos”.

Las ONG consideraron “imprescindible” la creación de una fiscalía especializada para investigar graves violaciones a derechos humanos y un instituto nacional forense autónomo a disposición de todos los órganos de administración de justicia.

Solo así “se darán pasos hacia una investigación efectiva e imparcial de las violaciones que hoy padece la población más allá de renombrar instituciones”, señalaron.

Asimismo, exigieron al Congreso la aprobación de las leyes generales en materia de tortura y desapariciones forzadas acordes con el derecho internacional, otro tema prioritario identificado por la ONU-DH, después de diez meses estancadas.

Según las agrupaciones, las recomendaciones, entre las que figuran la creación de un registro unificado de detenciones y la reorientación de la política de seguridad hacia un enfoque de seguridad ciudadana, muestran una ruta para salir de la grave crisis de derechos humanos que sufre el país.

Entre las organizaciones firmantes están el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el de la Montaña Tlachinollan, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y la red Todos los derechos para todas y todos.

Este viernes, el Gobierno mexicano reiteró “su compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos, y su colaboración con la ONU”, en un comunicado conjunto de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como de la Procuraduría General de la República (Fiscalía).

El texto indicó que funcionarios de alto nivel del Gobierno mexicano se reunieron el jueves con el alto comisionado Al Hussein en seguimiento a su visita de 2015 y a sus recomendaciones derivadas de la misma.

“Durante la reunión se entregaron las respuestas del Gobierno de México a dichas recomendaciones, al tiempo que se refrendó la voluntad de seguir colaborando con la Oficina del Alto Comisionado a fin de fortalecer las acciones y políticas dirigidas a asegurar el pleno respeto de los derechos humanos”, apuntó.

El Gobierno reconoció los desafíos del país en materia de derechos humanos, “en particular para hacer frente a prácticas inaceptables como la desaparición de personas o la tortura, así como para atender a grupos en situación de vulnerabilidad como mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas migrantes y personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.

“En todos los rubros, el Gobierno ha puesto en marcha políticas y acciones concretas, y continuará trabajando para atenderlos de la mejor manera posible, para lo que el trabajo con actores internacionales y de la sociedad civil es fundamental”, subrayó.