A ochos meses de haber asumido el cargo de Gobernador del estado de Puebla, José Antonio Gali Fayad, no ha podido hacerle frente a dos situaciones que han hecho crisis en la entidad: los feminicidios y el robo de combustible.

A pesar de que durante su toma de protesta prometió mano dura contra los delincuentes que pretendiera amenazar la paz y seguridad de los poblanos, la realidad es que los criminales se han servido con la cuchara grande y el gobierno del panista poco ha podido hacer para evitarlo.

Las mujeres son un sector que se ha visto seriamente afectado por la inseguridad que se vive en el estado, vivir en Puebla se ha convertido en un riesgo para ellas. Para muestra, los últimos dos feminicidios registrados en la entidad, el de Mara Castilla, una joven estudiante de 19 años de edad que tomó un Cabify para ir a su casa en Puebla, y fue violada y asesinada por el chofer en un motel. Y el segundo, el caso de Mariana Fuentes Soto, alumna de la BUAP, quien murió luego de haber recibido un disparo durante un asalto cuando llegaba a ver a una de sus amigas. Pero no son los únicos casos: decenas de mujeres (los observatorios dicen que cerca de 100 en este año) sufrieron un destino similar.

Gali Fayad recibió una bomba de tiempo. Los problemas heredados por Rafael Moreno Valle se han desdoblado hasta convertir a Puebla en una entidad que pocos podrían haber imaginado apenas unos años atrás.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- El 1 de febrero de 2017, día en que José Antonio Gali Fayad, asumió el cargo de Gobernador del estado de Puebla aseguró que su Gobierno sería abierto, incluyente y con identidad propia. Además prometió mano dura contra los delincuentes, combatir el robo de combustible, erradicar los feminicidios y respetar los derechos humanos, problemas que heredó su antecesor, Rafael Moreno Valle, a quien agradeció por su labor.

“Doy gracias a mi querido amigo, el Gobernador Rafael Moreno Valle. Gracias por tu amistad verdadera y por compartir conmigo tus experiencias siempre luminosas en este difícil transitar de la política”.

Gali, prometió a los poblanos que respetaría los derechos humanos y combatiría la violencia contra las mujeres, delito que en los últimos años ha incrementado de manera alarmante.

“Pondré todo mi empeño, mi experiencia, mi talento y mi honestidad, para cumplir con las expectativas ciudadanas y responder a las demandas y anhelos de los poblanos. Las necesidades de la gente tienen prisa, y reclaman resultados en lo inmediato”, dijo.

En su toma de protesta, Gali Fayad presentó cinco ejes que, aseguró, cumpliría en 22 meses, tiempo que durará su administración. Sin embargo, ocho meses han pasado desde que asumió el cargo de Gobernador y, hasta ahora, no ha obtenido grandes avances.

Durante su campaña para la gubernatura de Puebla, el panista José Antonio Gali Fayad, prometió mano dura contra la delincuencia, pero ésta sigue dañando a la sociedad en esa entidad. Foto: Hilda Ríos, Cuartoscuro

REPUNTAN DELITOS EN PUEBLA
Pese a Que Antonio Gali aseguró que una de las mayores obligaciones de su gobierno era garantizar la seguridad en el estado, la administración del panista poco ha podido hacer para evitar el aumento de diversos delitos.

“Tranquilidad para nuestras familias, no hay mayor obligación para mi gobierno que la seguridad de nuestro querido estado” […] Entiendo muy bien que corresponde al Gobierno el uso legitimo de la fuerza y no dudaré en aplicarla cuando los delincuentes pretendan socavar nuestra paz, nuestra integridad y nuestros valores, nadie estará por encima de la ley, habrá mano firme, no me temblará la misma para darle seguridad y tranquilidad a todos los habitantes de Puebla”.

Pese a sus palabras, los números demuestran lo contrario. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo el número de homicidios en lo que va del año supera los registrados en el mismo periodo en 2016.

Durante 2017 se han registrado un total de 1068 homicidios en la entidad, mientras que en 2016 se tenían reportados 874. Otro delito que se ha disparado de manera alarmante en Puebla es el robo con violencia, pues en los primeros ocho meses del año se tienen reportados 8 mil 349 casos, cifra que está a punto de superar los 8 mil 483 robos totales del año pasado.

Delitos como el robo en carreteras también ha registrado un repunte altamente pues las cifran revelan que en lo que va del año los 953 casos de este delito han superado a los 710 ocurridos en todo 2016

ROBO DE COMBUSTIBLE SIN CONTROL
El robo de combustible en Puebla ha registrado un incremento alarmante en 2017, situación que ha colocado al estado como el segundo con más tomas clandestinas sólo por debajo de Guanajuato.

Petróleos Mexicanos (Pemex), reportó pérdidas por 30 mil millones de pesos el año pasado por causa del robo de combustibles, lo que equivale a 13 veces el presupuesto para desayunos escolares del DIF Puebla.

En 2016, Pemex registró un total de 6 mil 537 tomas clandestinas. El Partido Acción Nacional (PAN), con datos obtenidos de Pemex, denunció que entre 2011 y 2014 los huachicoleros ganaban 150 mil pesos diarios, pero actualmente, en Puebla obtienen más de dos millones de pesos al día, unos 730 millones de pesos al año.

José Antonio Gali, ha reconocido que niños y mujeres de la entidad reciben hasta 12 mil pesos al mes por “echar aguas” a los huachicoleros.

El pasado 18 de agosto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a Pemex dar a conocer los recursos destinados y número de reparaciones realizadas en los ductos que atraviesan el estado de Puebla, por tomas ilegales de combustible, entre 2010 y marzo de 2017.

De acuerdo con las cifras del reporte anual de Pemex 2016, enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y a la Comisión de Valores de Estados Unidos, el crecimiento de esta actividad ilegal se ha disparado en un 868 por ciento a lo largo de esta década.

El aumento de la ordeña clandestina de ductos de Pemex es un problema prioritario, toda vez que hace 10 años se detectaba una toma por día, y a la fecha son veinte.

El robo de combustible, además de generar pérdidas millonarias a Petróleos Mexicanos (Pemex), ha disparado el número de personas muertas durante enfrentamientos entre las autoridades y huachicoleros que participan en la extracción del hidrocarburo en la entidad, pues hasta el pasado mes de septiembre, se registraban 41 asesinatos en total.

De acuerdo con medios locales, durante el mes de septiembre se registraron siete asesinatos. Esta cifra es la tercera más alta que se registra en lo que va de 2017, sólo detrás de los meses de julio cuando murieron nueve personas en el municipio de Huehuetlán El Grande.

UN PELIGRO SER MUJER EN PUEBLA
Las mujeres, son un sector que se ha visto seriamente afectado por la inseguridad que se vive en el estado, vivir en Puebla se ha convertido en un riesgo para ellas. Para muestra los últimos dos feminicidios registrados en la entidad, el de Mara Castilla, una joven estudiante de 19 años de edad que salió de un bar en San Andrés Cholula y tomó un Cabify para ir a su casa en Puebla, y fue violada y asesinada por el chofer en un motel. Y el segundo, el caso de Mariana Fuentes Soto, alumna de la BUAP, quien murió luego de haber recibido un disparo durante un asalto cuando llegaba a ver a una de sus amigas en la colonia Reforma Agua Azul, al sur de Puebla Capital.

En lo que va de 2017, 87 son las víctimas de feminicidio en la entidad poblana, hasta el pasado mes de septiembre en sólo 18 sí se detuvo al responsable y aún existen 65 casos de los que la Fiscalía General del Estado no ha reportado avances.

El Procurador Víctor Carrancá Bourget aseguró que la Fiscalía General del Estado se investigan por protocolo como feminicidios, sin embargo el reporte oficial presenta 25 casos menos que el conteo realizado por el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr).

NEGATIVA A LA ALERTA DE GÉNERO
Desde 2013 se han cometido 324 feminicidios en el estado; sin embargo, la Fiscalía General, a cargo de Víctor Carrancá, sólo reconoce 157.

En 2013 se contabilizaron 50 asesinatos de mujeres; 2014 cerró con 55 casos; en 2015 fueron 50. Pero a partir de 2016 las cifras crecieron de forma alarmante, pues en ese año se registraron 82 crímenes y la tendencia a la alza sigue: hasta el 18 de septiembre de este año se han contabilizado 87 feminicidios en la entidad.

A pesar de la escandalosa cifra, ha sido el feminicidio 324, de la joven Mara Castilla, el que puso los reflectores nacionales e internaciones sobre la entidad.

La alumna de la UPAEP fue asesinada el 8 de septiembre de este año por un chofer de Cabify, quien la raptó, la llevó a un motel para abusar de ella sexualmente y luego la asesinó.

Este crimen provocó que el lunes 18 de septiembre más de 5 mil estudiantes salieran a las calles a exigir al gobierno federal que emita la Alerta de Género.

Por su parte el Gobernador de Puebla, Antonio Gali, declaró que una vez que quede aclarado el caso analizará si él mismo solicita la Alerta. Un mes has pasado desde el asesinato y las autoridades no han decretado la alerta.

CONTRADICCIONES

El pasado 17 de octubre el Gobernador, Antonio Gali, anunció que el servicio de Uber sería suspendido temporalmente en el estadio tras darse a conocer que un conductor de la empresa está implicado en el asesinato de la joven Mariana Fuentes, la alumna dela BUAP. Pero luego dijo, en video publicado en su cuenta de Twitter, que siempre no.

“En este momento, se hizo lo que con Cabify, una suspensión temporal. Seguiré trabajando en esta iniciativa [para regular a ambas empresas], la cual contará con expertos en el tema […] Entre hoy y mañana la presentaré y quien la cumpla, adelante”, dijo el mandatario estatal primero.

Luego, en un video, el Gobernador poblano dijo que no, que Uber no se iría.

“Estaremos reunidos varios especialistas, en específico de Cabify y Uber. Estos especialistas y el Gobierno del estado preparamos una iniciativa que estaremos presentando estos días en el Congreso para que esos lineamientos sean cubiertos por ambas empresas. Uber no está suspendida hasta que se presente esta iniciativa que pueda pasar por el Congreso y tendrán que revisarla las mismas empresas y si se apegan a los lineamientos y sino ya se tomarán otro tipo de decisiones”.