Los legisladores poblanos llamaron al Gobierno federal electo, al Congreso de la Unión y al pueblo de México a defender el Estado de Derecho y la división de poderes en Puebla.  “Si el Gobierno estatal continúa con este boicot […] impulsaremos que el Congreso del Estado de Puebla solicite al Senado de la República, declare la desaparición de poderes en nuestra entidad”, advierten.

Moreno Valle ha sido vinculado en el pasado al uso de software para espiar a sus opositores, ya sean del PAN o en otros partidos.

La bancada de Morena-PT-PES, que es mayoría en el Congreso de Puebla, ha impulsado durante sus primeras semanas de trabajo iniciativas contra reformas aprobadas en la gestión de Rafael Moreno Valle, como la que dio marcha atrás a la “Ley Bala”, que dejó un menor muerto durante un desalojo en San Bernardino Chalchihuapan el 9 de julio de 2014.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- Diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) del Congreso de Puebla acusaron que varios de ellos han sido objeto de amenazas, chantajes e intentos de sobornos para mantener el “régimen Morenovallista” , que encabeza el ex Gobernador Rafael Moreno Valle (hoy Senador de la República) en la entidad. Advirtieron que de continuar con el boicot a las leyes y reformas que han impulsado solicitarán al Senado de la República que declare la desaparición de poderes en la entidad.

Los legisladores locales de la coalición “Juntos Haremos Historia”, que son mayoría en el Congreso de Puebla, denunciaron que han impulsado reformas y leyes que buscan echar atrás las leyes que se impusieron durante el mandato del ex Gobernador Rafael Moreno Valle, quien hoy es Senador del PAN, y que violentaron la autonomía municipal y la de la Fiscalía General, por ejemplo, la llamada “Ley Bala” y la “Ley de Expropiaciones Express”.

En una carta dirigida al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador; al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo; al Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres Guadarrama, se lee lo siguiente:

“A partir del 15 de septiembre, hemos presentado, analizado y aprobado reformas a leyes que durante el mandato de Rafael Moreno Valle se impusieron y que violentan los derechos humanos, como las llamadas Ley Bala y la Ley de Expropiaciones Express, normas que violentaron la autonomía municipal y a las juntas auxiliares; así como la autonomía de la Fiscalía General del Estado”.

“Sin embargo, estas decisiones legítimas y soberanas del Poder Legislativo de Puebla han sido vetadas por el Gobierno que encabeza Antonio Gali Fayad por órdenes del Senador Rafael Moreno Valle”, añade el documento.

Los legisladores locales aseguran que “el régimen morenovallista se niega aceptar la nueva realidad en la vida pública y política” de la entidad.

“De forma sistemática, varios de lo diputados y diputadas que suscribimos este texto hemos sido objeto de amenazas, chantajes e intentos de sobornos”, acusan.

Por ello hacen un llamado al Gobierno federal electo, al Congreso de la Unión y al pueblo de México a defender el Estado de Derecho y la división de poderes en Puebla.

“Es necesario que el Congreso de la Unión y el próximo Gobierno de la República fijen una posición clara en contra de quienes pretenden mantener sus privilegios por medio de sus relaciones políticas y económicas con diversos personajes, servidores públicos y fuerzas políticas”, piden los legisladores encabezados por Gabriel Biestro Medinilla, Coordinador

“Si el Gobierno estatal continúa con este boicot, con toda responsabilidad y apego a la Constitución y a las leyes, impulsaremos que el Congreso del Estado de Puebla solicite al Senado de la República, declare la desaparición de poderes en nuestra entidad”, advierten.

En la misiva recuerdan que el 1 de julio, los poblanos decidieron una nueva conformación del Congreso de la entidad en la que los legisladores de la coalición Morena-PT-PES conforman mayoría “que permite impulsar leyes, reformas y acuerdos, que mejoren la calidad de vida de los poblanos, fortalezcan la institucionalidad y garanticen el respeto a la libertad, a la dignidad y al patrimonio de nuestra entidad”.

Martha Erika Alonso, esposa de Moreno Valle, ganó la gubernatura de la entidad en una elección envuelta en el escándalo y en las acusaciones de fraude electoral y compra de voto.

“La vida institucional en Puebla no resistiría seis años más bajo el yugo, el control y la sumisión a los intereses de la familia Moreno Valle y grupo político. Diputados locales integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo, y Partido Encuentro Social de la LX Legislatura del Congreso del Estado de Puebla”, alertan.

LA EMBESTIDA EN EL CONGRESO

El pasado 17 de septiembre, durante la primera sesión de la LX Legislatura, el Congreso de Puebla derogó por unanimidad la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública, mejor conocida como la “Ley Bala”, luego de que Mónica Lara Chávez, Diputada del Partido Encuentro Social (PES), presentara la propuesta bajo el argumento de que la aplicación de dicha norma cobró muchas víctimas, entre ellas, la muerte del niño José Luis Tehuatlie hace cuatro años.

Ese día, la bancada de Morena pidió que la iniciativa no fuera enviada a Comisiones y que fuera votada inmediatamente en el Pleno. Los priístas acusaron que se trataba de un “albazo”. Pero finalmente, en fast track, los 41 legisladores votaron a favor de la eliminación de esta ley, incluidos quienes se oponían a que la iniciativa no fuera enviada a comisiones.

El pasado 9 de octubre, la coalición le quitó al Gobierno de Puebla la facultad para cobrar y otorgar permisos para la colocación de espectaculares en la zona metropolitana.

Esto se sumó a otras iniciativas que presentaron en las primeras semanas de sugestión también contra reformas morenovallistas como una reforma para dar marcha atrás a la llamada expropiación exprés, y el acuerdo para inconformarse con la designación de Gilberto Higuera Bernal como Fiscal General de Puebla.

Otra reforma antimorenovallista fue la que presentó la bancada de izquierda para suprimir el organismo público descentralizado de la Ciudad Modelo de Audi, con el fin de que sea regresado el control de los servicios públicos a los municipios de San José Chiapa, Lara Grajales, Mazapiltepec, Nopalucan y Soltepec.

Pero aún cuando estas reformas sean avaladas en el Pleno del Congreso local, para que entren en vigor deben publicarse en el Periódico Oficial del Estado, y el Gobernador Antonio Gali aún puede usar su poder de veto y no publicarlas.

UN HOMBRE DE CUIDADO

Rafael Moreno Valle gobernó puebla de 2011 a 2017. En su lugar entró José Antonio Gali, considerado un morenovallista. Ahora su esposa, MArtha Érika Alonso, será la Gobernadora de Puebla si el Tribunal Electoral lo permite, a pesar de una elección atípica en la entidad, marcada por las denuncias de fraude.

Como Gobernador, Moreno Valle estuvo envuelto en distintos escándalos, Quizás el más grave, por sus efectos de largo plazo, es el endeudamiento de la entidad, que disfrazó durante un largo periodo por medio de fideicomisos. Pero no es el único.

Durante su gobierno, los feminicidios crecieron 575 por ciento, a la mar de los homicidios dolosos. Le estalló la guerra por el combustible robado y una violencia nunca antes vista en la entidad.

Para meter un teleférico, Moreno Valle demolió la Casa del Torno, un inmueble histórico. Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del comité en Puebla del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios protestaron, lo mismo que la UNESCOM, que señaló que la propiedad estaba protegida por leyes internacionales.

El 7 de mayo de 2014, el Gobernador Moreno Valle envió una iniciativa para la “Ley Bala”, que permitía la aplicación de armas letales a las policías.​ Posteriormente, luego de los disturbios en Chalchihuapan en julio de 2014, policías usaron balas de goma y mataron al niño José Luis Tehuatle.

Moreno Valle ha utilizado equipos de espionaje contra sus adversarios tanto opositores como dentro del PAN. En enero de 2017, The New York Times publicó un reportaje en el que refirió al espionaje político durante su gobierno. Señaló que la firma Hacking Team recibió en 2013 un pedido por 615 mil euros del gobierno de Puebla.

De acuerdo con el NYT, Moreno Valle utilizó Hacking Team para intervenir los dispositivos de colaboradores de Ernesto Cordero, entonces contendiente de él por la presidencia del PAN. Desde 2016 se reveló que, entre noviembre y diciembre de 2013, Moreno Valle celebró tres contratos con la empresa SYM Servicios Integrales, intermediaria de la firma de espionaje.

-Con información de Periódico Central