Por David Martínez, Shaila Rosagel y Laura Cordero

Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).– La escena violenta se repitió una vez más en la manifestación del pasado 20 de noviembre en la Ciudad de México en apoyo a los familiares y compañeros de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.  Como ha ocurrido en otras movilizaciones del 1 de diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión de la Presidencia, un grupo de encapuchados provoca disturbios que finalizan en enfrentamientos con elementos de seguridad.

El jueves, al concluir el mitin de los padres de los normalistas, los manifestantes quemaron un muñeco gigante que emulaba al Presidente e hicieron algunas pintas en edificios, todo parecía que el evento terminaría en calma.  Sin embargo, sobre las 21:10 horas, después de que la mayoría de manifestantes se retirará del Zócalo, decenas de encapuchados se enfrentaron a golpes con la policía, quien respondió con golpes, extintores y gases lacrimógenos.

En la trifulca no sólo resultaron heridos policías y jóvenes encapuchados. Algunos activistas, reporteros y miembros de la sociedad civil que se manifestaban resultaron heridos.

“Vimos a la policía atacando a la gente que se manifestaba pacíficamente, iban familias completas que no tenían el ánimo de confrontación”, dijo Iván Cervantes Martínez, integrante del Movimiento #YoSoy132.

Agregó: “Nosotros estamos seguros que el Estado es el que violenta”, al detallar que él vio cuando los policías se llevaban a varias personas y las golpeaban.

Con él coincidió Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), quien fue uno de los activistas heridos y calificó como indignante el operativo policiaco porque fue un ataque directo y sin ningún tipo de diferenciación entre las personas agresivas que ocasionaban desmanes y los manifestantes pacíficos que no habían cometido ningún delito.

Ambos condenaron los hechos y exigieron al gobierno protocolos adecuados para atender este tipo de manifestaciones, porque –dicen– los que se utilizan son ineficientes.

La organización Artículo 19 afirmó que la violencia que ejerce la Policía de la Ciudad de México contra manifestantes y personas que documentan la protesta “es una violación a los derechos humanos y una prueba de que la corporación policial no cuenta con los protocolos necesarios para proteger la movilización social”.

“Condenamos la violencia contra periodistas, manifestantes y policías, pues las agresiones en cualquiera de sus formas entorpecen el ejercicio del derecho a la libre  expresión”, dijo Darío Ramírez, director de la organización en México y Centroamérica.

El defensor de los derechos de la niñez es el que protagoniza una de las imágenes más polémicas de la manifestación, en la cual se le va con su hijo de tres años en brazos y su familia en el piso, mientras en la parte posterior policías arremeten a macanazos contra un joven.

Juan Martín Pérez sostuvo que durante el operativo la policía actuó sin protocolos adecuados. “El operativo no solamente fue excesivo sino ilegal, no se puede hacer uso de la fuerza del Estado contra ciudadanos que no están alterando el orden público ni cometiendo ningún delito, que es el caso que estábamos allí manifestándonos pacíficamente”, afirmó en entrevista para SinEmbargo.

Asimismo, anunció que interpondrá una denuncia ante el Ministerio Público contra los funcionarios que resulten responsables de haber ordenado la entrada de granaderos para desalojar el Zócalo, sin ningún protocolo de respeto a las personas que se manifestaban pacíficamente, entre ellas niñas, niños y adultos mayores.

“Es un absurdo que hagan una intervención indiscriminada. Eso no exime a quien cometa algún tipo de delito, pero para eso tiene que haber protocolos y mecanismos que permitan diferenciar. Particularmente en este último apartado, es una obligación de las dependencias tener un protocolo de actuación frente a la presencia de niños y niñas en los eventos”, reiteró.

¡NI A LOS ANIMALES!

¡Ni a los animales se les debe tratar así!, afirmó Alma Ugarte, integrante de un contingente de mujeres feministas en contra de la violencia, que también fue agredida en la protesta del 20 de noviembre.

Ella es uno de los varios periodistas, activistas y organizaciones civiles que reportaron agresiones por parte de encapuchados y policías durante la manifestación registrada en la Ciudad de México en el marco de la jornada global de protestas por la desaparición de los 43 normalistas.

Ugarte contó que cuando los policías capitalinos lanzaron el gas lacrimógeno y gas pimienta, todas las personas se empezaron a cubrir con lo que tenían y con lo que agarraban, pero “la gente seguía gritando, hay niños, déjenos, ya nos vamos”.

“A mi hermano le tocó peor porque él me estaba cubriendo, pero a los oficiales les valió. Con las macanas daban hasta donde pudieran y como pudieran, en contra de todos”, explicó la activista.

“Ya al salir vimos a dos chavos muy, muy golpeados los ayudamos como pudimos, les hicimos un círculo alrededor para que pudieran respirar y de pronto llegaron los paramédicos para atenderlos. Eso fue muy rápido”.

El grito constante de los ciudadanos fue: “¡Hay niños, hay niños!”, pero, según Ugarte continuaron agrediéndolos e insultándolos: “A ver si vuelven a venir, pendejos”.

ONGS SE PRONUNCIAN

Organizaciones No Gubernamentales se pronunciaron por los hechos violentos e indicaron que tomaran cartas en el asunto.

A través de un comunicado, Redim expresó su indignación por los hechos ocurridos. “Desde la Redim expresamos nuestra indignación por el actuar de las autoridades quienes en lugar de salvaguardar la seguridad de las y los ciudadanos, niñas y niños entre ellos, les violentan sin miramientos”.

Visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), también reprobaron las agresiones por parte de encapuchados y policías.

Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, dijo que “hacen falta protocolos por parte de la policía para garantizar la seguridad de los medios de comunicación que pone en riesgo al periodista que está cubriendo la fuente”.

La CNDH reconoció que la movilización tuvo dos caras, una pacífica y otra de carácter violento, la cual aseguró “no es el camino del reclamo legítimo para pedir al Estado mexicano la investigación del paradero de los jóvenes normalistas”.

Martín Pérez, director de Redim, declaró que ya se pusieron en contacto con él representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, para conocer este caso y el de otros niñas y niños a quienes se les hayan violentados sus derechos, porque, paradójicamente, el 20 de noviembre fue el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Aseguró que en cuanto las autoridades locales se enteraron de que interpondrá una denuncia ante el Ministerio Público y quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se comunicaron con él para ofrecerle un diálogo con funcionarios de menor nivel.

“Se comunicaron preocupados porque anuncié que presentaría denuncias y para ofrecer el diálogo con algunos funcionarios, pero lo que estoy planteando es que tenemos que dialogar directamente con el Jefe de Gobierno, Miguel Mancera [Espinosa], este hecho es muy grave, no es el único lamentablemente, es parte de una serie de hechos similares”, explicó.

Por su parte, Artículo 19 instó a las autoridades de la Ciudad de México que capaciten a sus policías para evitar nuevas agresiones a comunicadores y defensores de los derechos humanos, cumplan con la ley, aseguren el debido proceso legal a las personas detenidas y respeten en todo momento los Derechos Humanos de las personas que se manifiestan y documentan la protesta.