Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).– Los policías municipales de San Fernando, Tamaulipas, estuvieron involucrados en la muerte de los migrantes asesinados en 2010 al realizar labores de “halconeo, intercepción de personas y omisión en su deber en la observancia de delitos cometidos por miembros de la organización criminal ‘Los Zetas'”, informó la Procuraduría General de la República (PGR) a National Security Archive en el documento que difunde el semanario Proceso.
Entre el 22 y 23 de agosto del 2010, 72 migrantes de Centro y Sudamérica fueron asesinados en San Fernando,Tamaulipas, por integrantes del crimen organizado con, ahora se sabe, la colusión de varios policías. Un año después, en abril de 2011, al menos 193 personas fueron encontradas en fosas clandestinas en el mismo municipio. Estos casos son similares al ocurrido la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, cuando policías municipales, coludidos con el crimen organizado, desaparecieron a 43 normalistas, de los cuales uno ha sido hallado sin vida, y asesinaron a otros tres.
“En base a [sic] las declaraciones de los siguientes inculpados […] quienes refieren participación de los elementos de la Policía Municipal de San Fernando, desde cubrir labores de halconeo, intercepción de personas y omisión en su deber en la observancia de delitos cometidos por miembros de la organización criminal ‘Los Zetas’, citando además que recibían pago por parte de esta organización criminal”, dice una nota informativa de la PGR difundida el pasado 10 de diciembre a National Security Archive.
De acuerdo con la investigación realizada por Proceso, la cual ya circula en su más reciente edición, el capítulo México de la organización estadounidense National Security Archive logró que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) pidiera a la Procuraduría General de la República desclasificar los documentos sobre la matanza de 72 migrantes.
Los documentos desclasificados que refiere el semanario revelan, entre otras cosas, un modus operandi similar al del pasado 26 de septiembre en Iguala. “En uno y otro caso los policías actuaron en colusión con grupos delincuenciales”, dice la nota firmada por la periodista Marcela Turati.
Uno de los documentos oficiales sobre las masacres ocurridas en San Fernando que la Procuraduría General de la República (PGR) fue forzada a desclasificar, pone de manifiesto la historia repetida en Iguala: policías municipales al servicio de Los Zetas, participaron en las desapariciones de personas cuyos cadáveres fueron encontrados en fosas clandestinas.
La nota informativa desclasificada, cuya copia obtuvo Proceso, contiene las declaraciones de nueve presuntos integrantes de ese grupo. Uno de ellos, Álvaro Alba Terrazas, “El Junior”, expuso:
“Sé que los policías y tránsitos (sic) de San Fernando ayudan a la organización de Los Zetas, porque en lugar de que cuando detienen a la gente (sic) se la lleven al pentágono, es decir a la cárcel municipal, se los entregan a Los Zetas. El mero bueno es un policía viejito y otro que se llama Óscar Jaramillo, quienes reciben dinero de la organización para colaborar”.
De acuerdo con la información, la PGR reservó la información por 12 años, sin embargo la organización estadounidense National Security Archive se inconformó ante el IFAI. Tras evaluar el caso, el instituto ordenó a la Procuraduría hacer públicos los documentos. El miércoles 10 de diciembre, la dependencia entregó una tarjeta informativa elaborada en la entonces SIEDO que contiene un resumen de las primeras declaraciones de los detenidos.
En uno de los extractos, siete de los detenidos admiten la participación de elementos de la Policía Municipal de San Fernando que iba “desde cubrir labores de halconeo, intercepción de personas y omisión en su deber en la observancia de delitos cometidos por miembros de Los Zetas, citando además que recibían pago por parte de esa organización criminal”.
