Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) y al estado de Guerrero medidas precautorias para los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, así como para defensores de los derechos humanos. Además requirió que las autoridades garanticen un trato digno y respetuoso hacia ellos, así como abstenerse de emitir opiniones y expresiones que pudieran revictimizar y poner en riesgo la seguridad e integridad de los involucrados.
En un comunicado, la dependencia señaló que el pasado viernes 19 de diciembre, envió oficios a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob y al gobierno de Guerrero para comentarles sobre las expresiones de funcionarios de diferentes ámbitos de gobierno sobre el caso.
“Mediante sendos oficios, dirigidos el pasado viernes 19 del presente, a la maestra Lía Limón García, Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y al licenciado Salvador Rogelio Ortega Martínez, Gobernador del estado de Guerrero, se les hace saber que en fechas recientes se han dado a conocer a través de los medios de comunicación diversas opiniones y expresiones de servidores públicos de los diferentes ámbitos de gobierno, en torno a la problemática que prevalece en el estado de Guerrero y especialmente al asunto conocido como ‘Caso Iguala y/o Ayotzinapa’, en que se descalifica el trabajo que realizan tanto defensores civiles de derechos humanos como los familiares de las víctimas, en la búsqueda y localización de las personas desaparecidas y en sus reclamos de Justicia”, refiere el documento.
El pasado 10 de diciembre, Vidal Francisco Soberón Sánz, titular de la Secretaría de Marina (Semar), dijo que hay grupos que “manipulan” a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa para “alcanzar sus objetivos”.
“Llama la atención que hay muchos actores tratando de desacreditar lo hecho […]. Me enoja más todavía que manipulen a los padres de familia […]. Más coraje me da que esta gente que está manipulando a los padres de familia no les interesan ni los padres ni estos muchachos, no les interesa”, manifestó el Almirante Vidal Francisco en una reunión con la prensa.
Soberón Sánz no precisó quienes son esos grupos que “manipulan” a los padres de los normalistas y se limitó a decir que se trata de “personas que aparecen continuamente con ellos, salen en televisión”. Dijo que “este grupo aparece cerrando caminos. Yo dudo que los padres pidan ese tipo de cosas y los están llevando por otro camino”.
Al día siguiente, los padres de los normalistas respondieron al titular de la Semar calificando como “vergonzosas” las declaraciones del funcionario.
Felipe de la Cruz, representante de los padres de familia de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, manifestó: “Los padres de familia no somos tontos. Los títeres son ellos”, que están bajo las órdenes de un gobierno corrupto y asesino, “pero no les tenemos miedo”, señaló al participar en una misa en memoria de los cuatro estudiantes que fueron asesinados el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, indicó que los comentarios del Almirante eran “irresponsables”, pues en lugar de apoyar a los familiares en la búsqueda de los 42 estudiantes que aún están desaparecidos “están obstaculizando y queriendo ocultar una realidad que es evidente para los mexicanos.
La CNDH detalló que las medidas cautelares de protección solicitadas “se emiten sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos”, y para “evitar la consumación irreparable de violaciones a derechos humanos o de daños de difícil reparación y salvaguardar los derechos de las víctimas”.
Subrayó que el 27 de septiembre inició el expediente CNDH/1/2014/6432/Q por los hechos del 26 y 27 del mismo mes en Iguala.
Recordó que el 4 de octubre se localizaron seis fosas clandestinas con un número indeterminado de cadáveres en Iguala, por lo que la CNDH acordó continuar el expediente como una investigación de violaciones graves a derechos humanos, bajo el número CNDH/1/2014/6432/Q/VG.
El organismo enfatizó que verifica que las autoridades de dichos órdenes de gobierno cumplan con su labor de ofrecer seguridad y protección a las personas y, al mismo tiempo, busca evitar que queden impunes hechos como los acontecidos.
“La investigación de la CNDH se efectúa en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, verificando que las autoridades de dichos órdenes de gobierno cumplan su labor de brindar seguridad y protección a las personas, en el ámbito de sus respectivas competencias, y evitar al mismo tiempo que hechos como los acontecidos queden impunes”, finaliza el texto emitido este lunes.
