Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).– El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, señaló que de no haberse cancelado la licitación del tren México-Querétaro, se habría generado un daño patrimonial “muy importante” al Estado.
El pasado 6 de noviembre, Ruiz Esparza, anunció que la concesión que el gobierno federal había otorgado a las empresas China Railway Construction y CSR Corp., ganadoras de la licitación del tren de Alta Velocidad México-Querétaro, quedaba sin efecto ante lo cuestionado del proceso.
En una reunión de trabajo con diputados de la comisión especial que revisa el proceso de licitación del tren México-Querétaro, el funcionario dijo que el gobierno federal “tomó la mejor decisión”, al cancelar la licitación, pues se protegió el patrimonio y se evitó poner en riesgo la ejecución de la obra.
“De suscribirse el contrato se asumirían obligaciones legales, que de no cumplirse, situación muy posible, generarían costos adicionales de magnitud muy superior al pago de gastos no recuperables y generarían un daño patrimonial muy importante al Estado”, expuso ante los legisladores.
Ruiz Esparza dijo que el gobierno federal concluyó que era imperativo generar condiciones para que el proyecto se desarrollara “libre de obstáculos”, mediante una nueva licitación que disipara los cuestionamientos.
El funcionario también aclaró que no se ha pagado al consorcio ganador de la licitación ninguna compensación económica, el Secretario reiteró que el proceso de licitación fue legal, transparente y objetivo.
El 3 de noviembre el gobierno federal anunció que CRCC había ganado la licitación para construir el que iba a ser el primer tren de alta velocidad de Latinoamérica, un proyecto al que sólo se había presentado esa candidatura.
Sin embargo, cuatro días después, ante ciertas sospechas generadas, el Ejecutivo mexicano revocó esta decisión y afirmó que repetiría el procedimiento para despejar las dudas.
Se cuestionaba principalmente la participación en el consorcio de la firma Grupo Higa, acusada de haber recibido tratos de favor por parte del actual presidente Enrique Peña Nieto en su anterior cargo como gobernador del Estado de México.
Esta empresa construyó una lujosa mansión adquirida por la esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera, un inmueble que en las últimas semanas ha sido objeto de polémica, aunque el gobierno negó que hubiera conflictos de interés por este asunto.
