Cientos de ideas superfluas, estúpidas, engreídas, profundas e interesantes circulan en el chismógrafo informativo llamado Tuiter. El constante filtro para atrapar contenido de mi interés es constante. Hace unos días vi pasar un tuit del Director General de Animal Político, Daniel Moreno, dónde decía: “Hoy es el último programa de Expediente Animal…” (Programa fruto de la alianza entre esa casa editorial y el IMER que estuvo al aire por dos años). La noticia era mala. Expediente Animal era un espacio en la radio pública que aportaba contenido diverso. Obvio, dado como se dan las conversaciones en Tuiter, interpelé al Director ¿Por qué es el último programa? La respuesta no me dejó nada tranquilo, me dijo “A nosotros nos dijeron que querían cancelar el convenio con Animal Político y q lo mismo harían con otros. Así”.

Se perdía un espacio por la discrecionalidad y opacidad de una decisión de las autoridades del IMER. Imposible juzgar si la decisión es acertada o errónea dado que no hay elementos para el análisis. Por lo tanto, debemos de pensar lo peor; es decir, la intención es cerrar espacios informativos, críticos y plurales. La exdirectora del Instituto,  Ana Cecilia Terrazas, quien cuenta con una opinión favorable por su desempeño al frente del IMER, buscó  incansablemente abrir espacios a voces y contenidos diversos dentro de la barra programación. La política del gobierno para con el IMER cambió con el cambio de sexenio, ya no fue la busca de esa pluralidad—muchas veces crítica del gobierno—sino reflejar su delirio por el consenso, ahora discursivo. Al parecer no estamos reparando en el retroceso que esto representa.

Personas expertas en comunicación han señalado por muchos años la tragedia de no contar con verdaderos medios públicos en México, pues como es sabido un sistema de medios público y plural tiene una relación estructural con la democracia. Incasablemente se ha señalado que los medios con los que contamos son gubernamentales (aunque su fachada intente demostrar lo contrario); es decir, siguen una línea editorial no en busca del servicio público de la información sino como un brazo más de la comunicación social gubernamental. La red de medios que viven del dinero público en México es una de las más grandes del mundo. Cada estado de la República cuenta con televisión y radio gubernamental. ¿Queremos hablar de una tercera cadena con penetración nacional? Ahí está.

En julio del 2013, Emilio Chauyffet nombró a Carlos Lara Sumano como director del IMER. Poco alboroto causó  la designación de un priísta de cepa en el instituto de la radio pública. Me parece que la designación de Lara Sumano ejemplifica muy bien el uso que el gobierno priísta federal quiere dar a las frecuencias de la radio pública. Y si me permite el reduccionismo, el objetivo es claro: quitar espacios críticos para gozar de un mayor control de lo que se dice. El origen de Carlos Lara puede dar sustento a esta legítima duda que planteo. Lara Sumano es contador de profesión estuvo a su cargo durante siete años (1995 a 2002), al cual fue designado por Ernesto Zedillo siguiendo la vieja práctica priísta de agasajar con puestos a las personas que hubieran participado en las áreas de radio y televisión durante la campaña presidencial. Antes de llegar al IMER, Lara fue Coordinador de Medios Electrónicos de Comunicación Masiva en la Secretaría de Información y Propaganda del PRI. Después de ser el director más longevo del IMER, y con la llegada de los panistas,  en 2006 Lara Sumano  se incorporó al sector privado como asesor de la presidencia en la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y en 2009 fue contratado por ese organismo como director general. En resumen, del PRI al IMER, del IMER a la CIRT, de la CIRT al IMER.

Tenemos dos evidencias, el nombramiento de un priísta con ideas viejas sobre el papel de los medios públicos en la democracia (su ausencia del plan de trabajo sostiene esta hipótesis), y la perdida de espacios de medios independientes, organizaciones de la sociedad civil entre otros. Ante dicha evidencia, parece que una vez más damos por perdidos los medios públicos. Aunque parece verdad de Perogrullo hay que recordar que los medios son públicos no porque sean del gobierno sino porque nos pertenecen a todos y su responsabilidad es hacia sus audiencias. Hoy, esa pérdida no solamente es la cancelación de espacios y cambios en su programación, o no en bajo la dirección de Lara cuyo proyecto se trata de subastar comercialmente espacios de la radio pública a privados; la renuncia contundente a la aspiración de un sistema de medios públicos. Tal vez como nunca han pertenecido a la sociedad, por eso otorgamos un permiso implícito a los gobernantes de turno para que controlen sin contrapeso el destino de los medios públicos, de usar lo que es de todos para su beneficio.

Ahora bien, el momento es crucial para revivir este tema y retirar ese permiso implícito e involucrarnos en una importante discusión que se avecina por motivo de la reforma en materia de telecomunicaciones. En breve, la reforma prevé un “organismo público” que habrá de encargase de la radiodifusión estatal. Así como se lee, significa la concentración del poder de los medios públicos—que en realidad son gubernamentales—en un organismo. El panorama sin duda es sombrío.

El pesimismo tiene sustento, en ningún lugar dónde observo encuentro una voluntad política para crear verdaderamente una red de medios públicos. Observo un sistema volcado a los medios comerciales para mayor impacto de la propaganda gubernamental y dentro de esta realidad comercial y política entre medios y gobierno, la idea de fortalecer los medios públicos para proveer de información a la ciudadanía que no tenga fines políticos ni comerciales, es decir, información de interés público, está completamente ausente.

En los próximos meses se discute las leyes secundarias en telecomunicaciones, decenas de temas de transcendencia indudable para la democracia serán abordados. Uno de ellos es claramente los medios públicos. Hay detalles importantes que se habrán de observar, sin duda, pero en aras del espacio, la nueva legislación de medios públicos –si quiere ser verdaderamente de transcendencia y buscar fortalecer las audiencias, el derechos a la información y la democracia- debe de contemplar tres puntos fundamentales: 1) Autonomía editorial basada en directrices, estatutos y órganos de gobierno; 2) Independencia financiara para la producción de calidad, operación sostenida e inversión en tecnología. Es preciso liberar a los medios de los caprichos de los diputados. La inversión tiene que ser cuantiosa y sostenida, solo así se reflejará un verdadero interés en los medios públicos. Recuerden que los gobernadores aproximadamente gastaron en 2013 4.518 millones de pesos en publicidad oficial; y por último 3) garantizar una transparencia y rendición de cuenta de sus decisiones.

La discusión sobre este fundamental tema es ahora. Ya  perdimos Expediente Animal, el noticiero de Mario Campos o “El fin del mundo” de Rulo. Podremos perder mucho más,  créanme. La oportunidad en el Congreso está para crear por primera vez medios públicos en México y de esta manera cambiar el panorama de los medios en nuestro país, o recorrer otra vez el camino de la simulación. Es cierto que no veo en ninguna parte la voluntad para este trascendental y fundamental cambio, para ello tendrían que cambiar los priístas que gobiernan este país, pero, al mismo tiempo, debemos de retirar como sociedad, ese permiso tácito de que pueden hacer lo que gusten con los medios que viven de nuestro dinero.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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