“Las personas reconocidas como refugiadas en México suelen vivir en situaciones de precariedad durante años. Pese a contar con el documento migratorio de residente permanente, tienen dificultades para acceder a trabajo, salud, educación y vivienda por motivos de discriminación.”

El pasado 17 de marzo Sin Fronteras participó en la audiencia pública “Situación de los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo y refugiadas en México” en el marco del 161 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. En esta ocasión presentamos un tema de especial preocupación: la ausencia de las políticas de integración de población refugiada en México. Particularmente en un momento crítico para el país, ya que el número de personas con necesidades de protección internacional en México ha aumentado significativamente.

Entre 2011 y 2016 ha habido un incremento de más de mil por ciento en dichas solicitudes. De acuerdo con proyecciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), En el 2017 se recibirán 22 mil solicitudes de asilo, cuando el número de solicitudes que se recibían al año, previo al incremento, no rebasaban las 3mil solicitudes.  Para lo que se necesita tener una respuesta desde las políticas de integración, para aquellas personas que serán y han sido reconocidas bajo la condición de refugiados en México.

De acuerdo al ACNUR, la integración local es un proceso gradual que tiene lugar en tres ámbitos:

• Legal: a las y los refugiados se les otorga progresivamente un más amplio rango de derechos, similares a aquellos disfrutados por los ciudadanos, que lleva eventualmente a obtener la residencia permanente y, quizás, la ciudadanía;
• Económico: las y los refugiados gradualmente se vuelven menos dependientes de la asistencia del país de asilo o de la asistencia humanitaria, y son cada vez más autosuficientes, de manera que pueden ayudarse a ellos mismos y contribuir a la economía local;
• Social y cultural: la interacción entre los refugiados y la comunidad local les permite a los primeros participar en la vida social de su nuevo país, sin temor a la discriminación o la hostilidad.

La idea es que la integración económica, la autosuficiencia y los programas de iniciativa empresarial impulsados beneficien tanto a la comunidad local como a las y los refugiados. La dimensión social de la integración local utiliza marcos sociales y culturales para que los refugiados puedan acceder a servicios educativos y sociales, además de participar en el tejido social de la comunidad. Desarrollar un sentimiento de pertenencia social y cultural conduce a mejorar la cohesión social a largo plazo. La dimensión legal implica el establecimiento de un marco jurídico en el cual las y los refugiados alcanzan gradualmente un rango más amplio de derechos en el Estado de acogida, que posiblemente, pero no necesariamente, conduce a la plena ciudadanía y naturalización.

En México a pesar de que la Ley sobre Refugiados establece en su artículo 54 la obligación de la COMAR de [adoptar] las medidas para brindar asistencia institucional a los refugiados y apoyarlos para facilitar su integración al país”, aún  no existe una política de integración para población refugiada, hasta el momento solo existen programas aislados y algunos de ellos coyunturales. Ello deja a la población refugiada y a las organizaciones de la sociedad civil, la mayor parte de la responsabilidad de los procesos de integración. De manera que, al no haber una política en esta materia, parte de los refugiados reconocidos tienen que abandonar el país en busca de mejores condiciones y oportunidades de vida.

Desde la sociedad civil hemos observado que las personas reconocidas como refugiadas en México suelen vivir en situaciones de precariedad durante años. Pese a contar con el documento migratorio de residente permanente, tienen dificultades para acceder a trabajo, salud, educación y vivienda por motivos de discriminación. Además, la invisibilización del problema por parte del Gobierno eleva el riesgo de fomentar la xenofobia, sobre todo en las comunidades que tradicionalmente estaban fuera de las rutas migratorias. El Gobierno no ha llevado a cabo campañas de sensibilización que lleven a que la población acoja a quienes ya han sido admitidos por el estado mexicano para que hagan su vida en territorio nacional.

Un derecho de particular relevancia para los refugiados es el de la reunificación familiar, sin embargo, hay  requisitos económicos exorbitantes a los refugiados para poder traer a sus hijos y parejas, aún cuando se manifieste que su familiar corre peligro en su país. Tampoco se consideran a fondo cuestiones culturales sobre las dinámicas familiares de otros países, lo que ha llevado a resoluciones que discriminan al refugiado por su género, su edad y su nivel educativo.

Entre los obstáculos que impiden a las personas refugiadas integrarse a la sociedad mexicana, a partir de nuestra experiencia de trabajo podemos identificar lo siguiente:

1. Derecho a la identidad: Los órganos de la administración pública local y federal, y otras entidades de servicio como los bancos, desconocen los documentos migratorios como documentos de identidad, lo cual les obstaculiza la posibilidad de hacer diversos trámites para acceder a otros derechos como los que a continuación se mencionan.
2. Derecho a la vivienda: Los programas gubernamentales de vivienda no consideran la situación de las personas sujetas a protección internacional al solicitar documentación que éstas difícilmente tienen, por ejemplo, comprobantes de pagos de salarios (hay que recordar que su fuente principal de trabajo se encuentra en la economía informal). En este contexto, muchas familias refugiadas terminan viviendo en condiciones precarias.
3. Derecho a la salud: A pesar de que el acceso al sistema de salud pública está garantizado en la atención primaria y/o urgente, aún es necesario fortalecer mecanismos que garanticen el acceso al derecho sin necesidad de canalizaciones o acompañamiento por parte de las organizaciones de la sociedad civil o dependencias gubernamentales. En general las personas sujetas a protección internacional pueden acceder a servicios médicos en caso de enfermedad. Sin embargo, muchas veces no se garantiza el acceso si no se cuenta con un aval por parte de instituciones como COMAR u organizaciones de la sociedad civil que acompañen el proceso.
4. Derecho al trabajo: Los empleadores suelen exigir diversos documentos que las personas refugiadas no tienen.[1] Por lo tanto, la mayoría termina trabajando en la economía informal en empleos mal remunerados y en condiciones de abuso y explotación. Adicionalmente, enfrentan discriminación laboral por su condición migratoria. En este sentido, de acuerdo con el estudio elaborado por el ACNUR y la COMAR, referido anteriormente, el ingreso mensual promedio de los refugiados en México en el 2011 era de aproximadamente $13 mil pesos para los refugiados de Sudamérica y $4 mil 319 para los centroamericanos.[2] El desconocimiento por parte de las empresas o empleadores respecto de la figura de refugiado, suele ser una condicionante ya que al no contar con una tarjeta migratoria, suele ocurrir que las personas tanto solicitantes como refugiadas no obtenga un empleo o de hacerlo sean empleos mal pagados, en condiciones de explotación (sin prestaciones sociales, jornadas de más de 8 horas, etc.) y son víctimas de despidos sin pagarles los días trabajados.
5. Derecho a la Educación. La documentación migratoria y documentos de identidad generados por la COMAR son desconocidas por muchas autoridades e instituciones educativas, lo cual hace imposible que las personas refugiadas puedan inscribirse. Además de ello hay que mencionar los obstáculos que enfrentan para acreditar su nivel de escolaridad, requiriéndoseles en algunos casos traer documentos escolares de sus países de origen, de imposible obtención por haber tenido que salir huyendo.
6. Derecho a la no discriminación. De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010 del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED), casi 7 de cada 10 personas considera que los migrantes ocasionan divisiones en la comunidad.[3] Es preocupante que el racismo y la xenofobia se acentúen hacia personas centroamericanas o Afrodescendientes, indígenas, mujeres, y comunidad LGBTTTI, lo cual pone en peligro su integridad y agrava los problemas de salud física, mental y emocional.

Vídeo audiencia:

Ante esta situación, es necesario que el Gobierno mexicano implemente  una coordinación interinstitucional que involucre no sólo a la Secretaría de Gobernación, sino a otras dependencias del Estado, como las Secretarias de Desarrollo Social, Trabajo, Educación, Vivienda,  Salud, Relaciones Exteriores, para desarrollar un plan nacional de integración que promueva igualdad real y efectiva. Por lo que celebramos que en el marco de las audiencias ante la CIDH, el Gobierno Mexicano haya acordado con sociedad civil, crear un mecanismo de trabajo coordinado para la agenda de asilo en el país. Ahora a materializar propuestas.

[1] Información  recabada en la reunión con integrantes de la Coordinación de Atención y Servicios de la organización Sin Fronteras realizado el 7 de octubre de 2015.

[2] Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado y Centro de Estudios Migratorios. 2012. Refugiados en México. Perfiles Sociodemográficos e Integración Social. México.

[3] Consejo Nacional para prevenir y Eliminar la Discriminación, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010, http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-MIGRANTES-Web_Accss.pdf

Nancy Pérez García

Directora de Sin Fronteras

@Sinfronteras_1

Nancy Pérez / Sin Fronteras

https://www.sinembargo.mx/author/nancysinfronteras

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Dr. José María Luís Mora. Su área de especialidad es migración internacional. Actualmente cursa el doctorado en Economía Internacional en la UNAM. Desde 2011 es directora general de Sin Fronteras I.A.P. Es Consejera Honoraria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, miembro del Consejo de Gobierno de Incide Social A.C. y desde 2012 es parte del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

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