La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción (Fiscalía Anticorrupción) está agonizando en su nacimiento. Y tiene problemas en su nacimiento por una clara falta de voluntad política del Senado de la República. Es ahí donde el parto está teniendo complicaciones. Simplemente hay bancadas –PRI y PVEM- que no quieren ver una fiscalía con dientes que comience a cambiar la realidad de nuestro país.

Mientras que todo sea retórica política la cosa marcha. Las contradicciones de nuestros políticos son comunes y estamos acostumbradas a ellas. El Presidente Peña habla sobre combate a la corrupción mientras que sus alfiles en el Senado buscan descafeinar al máximo una pieza fundamental del naciente Sistema Nacional Anticorrupción.

La clase política nunca quiso una Fiscalía Anticorrupción Autónoma. Eso hay que dejarlo claro. Como está la ley hoy la Fiscalía gozaría de autonomía técnica (ni siquiera presupuestal), sin embargo, su jefe seguirá siendo el Procurador General. Y aquí es donde se juntan dos momentos importantes en la procuración de justicia del país.

Por un lado la reforma a la ley orgánica de la PGR para transformarla en una Fiscalía General Autónoma. El PRI no quiere soltar la procuración de justicia por obvias razones. La transición ha sido dura y las negociaciones con Raúl Cervantes, hoy procurador, están no del todo tersas. Habrá que ver conforme se acerque la fecha constitucional para tener la Fiscalía General ya en marcha cómo se ponen las cosas.

Recordemos que el Presidente Peña puso en su iniciativa de reforma constitucional que Raúl Cervantes, su abogado cercano, fuera el primer Fiscal General para cuidarle las espaldas. La presión de la sociedad civil fue tan efectiva que el mismo Presidente mandó una iniciativa de reforma para modificar el transitorio citado y no darle pase directo a Cervantes sino relegarlo a un competidor más por el puesto. A pesar de tener esa iniciativa en su fila de pendientes, el pleno del Senado ha optado por ignorarla y mantener las cosas como están.

La Fiscalía General tiene riesgo de también fallecer antes de su nacimiento. Tenemos una gran tradición jurídica-legislativa para diseñar en papel instituciones. Esta tradición se basa en la falsa noción de arreglar los serios problemas del país con instituciones (unas con buen diseño, otras no) de papel. Y, cuando es momento de poner a personas capaces a cargo de dichas instituciones, los políticos reculan e intentan ocupar esos espacios con políticos allegados a sus intereses y así desvirtuar la naturaleza de la institución. Ejemplos tenemos muchos: la inexperta candidata al Inegi –Paloma Merodio-, el asalto partidista al INAI e INE. Por mencionar solamente algunos. El orgullo de los partidos –contrario al interés de la nación- es apropiarse de dichos puestos y controlar su contenido. Ahí, en el proceso de designaciones, hemos fallado. Pero no por falta de pericia o ideas, sino por la falta de voluntad política.

Por falta de acuerdo político entre senadores para tener un proceso de nombramiento del Fiscal Anticorrupción transparente y efectivo los senadores han retrasado en tres ocasiones las comparecencias de los y las candidatas. Finalmente, las comparecencias se celebraron el 14, 15 y 16 de marzo. Unos días antes, las organizaciones de la sociedad civil que han acompañado el diseño del SNA mandaron una carta al Senado informando que no podían participar en las comparecencias porque su presencia era meramente decorativa. Es decir, no bajo un modelo de parlamento abierto donde no solamente se oye a la sociedad civil y luego se toma la decisión en lo oscurito –como quiere la Junta de Coordinación Política del Senado- si no se toma de cara a la sociedad fundando y motivando sus decisiones.

La carta de las organizaciones de la sociedad civil fue ignorada por Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la República. Ignorada totalmente, ni respuesta por escrito dieron a la petición de repensar el proceso de designación del Fiscal.

El punto central de las quejas de las organizaciones fue el de no ser un elemento meramente decorativo en el proceso, sino tener injerencia real y una toma de decisiones consensuada con sociedad civil.

Después del desdén del Senado, las Comisiones optaron por nombrar a 7 personas: María Cristina Puga Espinoza, Issa Luna Pla, Silvia Inclán Oseguera; Luis Carlos Ugalde, Juan Carlos Sánchez Magallán, Fernando Nieto y Ricardo Jiménez (académicos en su mayoría) para ocupar los asientos abandonados por las organizaciones expertas. Ellas conformaron el Comité de Acompañamiento de la Sociedad Civil.

Dichas personas no debieron acompañar un proceso ilegítimo que claramente no gozaba de las condiciones mínimas para que la participación de la sociedad civil fuera efectiva en el nombramiento de nuestro fiscal anticorrupción. Ignoro las razones para acceder a participar pero funcionaron como esquiroles.

En su documento de recomendaciones, el Comité de Acompañamiento, sugirió a cuatro personas como candidatos a Fiscal Anticorrupción. Los cuatro candidatos no dan el ancho para ser el brazo ejecutor del combate a la corrupción. Ninguno goza de autonomía, independencia y credibilidad social.

El carácter decorativo del Comité de Acompañamiento se confirmó cuando los Senadores confirmaron que no “están obligados” a tomar en cuenta las recomendaciones del Comité de Acompañamiento. Es decir, de nada sirvió el trabajo de los esquiroles. Los senadores confirmaron que los 23 candidatos siguen siendo viables para ocupar el cargo de Fiscal Anticorrupción.

Alejados de la sociedad civil y en lo oscurito, los Senadores de la Jucopo están decidiendo el futuro de la Fiscalía Anticorrupción. Su intentona de poner a alguien suave y a modo está a punto de darle el tiro de gracia a la esperanza de todos de tener un fiscal que sería el barco insignia del cambio de paradigma en el combate a la corrupción en el país. Pero no, los senadores tienen miedo de que los investiguen a ellos, a su camarilla, grupo de interés o jefes que despachan desde Los Pinos.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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