París, 23 abr (EFE).- La adopción del matrimonio homosexual en Francia hoy hace exactamente un año no ha provocado un aluvión de uniones entre personas del mismo sexo, mientras que los opositores a este derecho mantienen la presión con protestas y acciones de diverso tipo.
Según los datos oficiales, se han celebrado 7.000 bodas gais en este año, apenas un 3 % del total, tres de cada cinco de ellas de hombres y la mayoría de personas de cierta edad que vivían juntas desde hace años.
Los partidarios del matrimonio homosexual celebran la fecha aunque recuerdan que el Gobierno no ha cumplido su compromiso de aprobar que las parejas de lesbianas puedan recurrir a la inseminación artificial para tener hijos conjuntos.
Ese punto fue extraído del proyecto ante la presión de los opositores conservadores con la intención de adoptarlo en una ley regulatoria sobre la familia que iba a ser presentada este año, pero el Gobierno renunció a hacerlo para tratar de calmar a los contrarios.
La asociación “La Manif pour tous”, creada para oponerse a la ley de las bodas homosexuales, denominado por el Gobierno como “matrimonios para todos”, mostró su capacidad de movilización con grandes concentraciones en las semanas en las que el proyecto era debatido en el Parlamento.
Una vez legalizado el matrimonio gay, se centraron en mantener su poder de influencia en los partidos políticos e incluso estuvieron a punto de presentarse como partido a las pasadas municipales.
En lugar de eso, se dedicaron a analizar el programa electoral de los diferentes candidatos y dar su respaldo a aquellos que se oponían al matrimonio homosexual.
Algo que también hacen de cara a las europeas del próximo 25 de mayo, como una forma de mantener la presión y mostrar su poder de influencia.
Pero un año después de la adopción de la ley, incluso algunos de los representantes de esa asociación reconocen que no se ha producido el hundimiento de la sociedad que auguraban durante los debates.
Es el caso de Lionel Lumbroso, uno de los portavoces de “La Manif pour tous”, que considera que la ley “no ha provocado un enorme terremoto social”, pero justifica su combate contra “ese tipo de ideologías”. EFE
