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23/04/2018 - 12:00 am

Una reforma a la medida de las empresas petroleras

A unos meses de que acabe el actual sexenio y tan solo a unas semanas que termine el periodo de sesiones en el Congreso, desde la Alianza Mexicana contra el Fracking nos advierten que varios grupos parlamentarios −PVEM, PRI y PAN−, se encuentran impulsando una reforma a la legislación ambiental en materia de gas y petróleo. Específicamente, a la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, que fue creada con la Reforma Energética de 2013.

Con esta nueva reforma, los grupos parlamentarios que la promueven buscan seguir impulsando la extracción de gas y petróleo. Foto: EFE.

Por Aroa de la Fuente López
Programa Territorio, Derechos y Desarrollo

A unos meses de que acabe el actual sexenio y tan solo a unas semanas que termine el periodo de sesiones en el Congreso, desde la Alianza Mexicana contra el Fracking nos advierten que varios grupos parlamentarios −PVEM, PRI y PAN−, se encuentran impulsando una reforma a la legislación ambiental en materia de gas y petróleo. Específicamente, a la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, que fue creada con la Reforma Energética de 2013.

Ya en aquel momento, diversas voces de sociedad civil hicieron un señalamiento a que la creación de esta Agencia −impulsada por la Senadora Ninfa Salinas del PVEM y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado−, suponía una amenaza para asegurar la protección ambiental y la garantía de los derechos de la población ante los proyectos de hidrocarburos. Esto debido a que concentra funciones para crear regulación, otorgar permisos, investigar irregularidades y sancionarlas, lo que convierte la en juez y parte de todas las decisiones en materia ambiental, apropiándose de funciones que antes estaban a cargo de diversas instancias de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Para muchos, la Agencia fue ideada como una ventanilla única que las empresas petroleras pueden utilizar para obtener permisos ambientales y, consecuentemente, para facilitar y acelerar la operación de los proyectos de explotación de gas y petróleo. Además, su titular es elegido y removido de su puesto directamente por el presidente de la República, lo que atenta contra la autonomía de la Agencia y sus acciones. Todo ello, a costa de consideraciones ambientales, climáticas y sociales.

Pero parece que no quedaron contentos con este embate contra la política ambiental y ahora, a menos de un año de que ceje en sus funciones el gobierno que impulsó la Reforma Energética, buscan debilitar aún más la regulación ambiental en favor de proyectos y empresas de hidrocarburos. En esta ocasión, lo que se pretende es que el Ejecutivo actual pueda elegir de manera directa a las personas que tomarán las decisiones de la Agencia durante los próximos años, sin que existan garantías reales de que estas personas no representen intereses partidistas e, incluso, empresariales. Esto supone una grave amenaza, pues es sumamente peligroso dejar en manos de estos intereses decisiones tan importantes como aquellas relativas a evitar que la actividad de hidrocarburos dañe los ecosistemas, los territorios y las poblaciones que los habitan.

Con esta nueva reforma, los grupos parlamentarios que la promueven buscan seguir impulsando la extracción de gas y petróleo a lo que dé lugar, incluyendo aquella realizada mediante fracking, al evitar aplicar los más altos estándares ambientales y sociales. En el contexto de cambio climático en el que nos encontramos, este actuar es sumamente irresponsable, dado que la extracción y quema de gas y petróleo es la principal causa de esta problemática, que tiene en jaque al planeta. Además, es tremendamente incoherente e inconsistente con los compromisos y obligaciones del Estado mexicano para reducir sus emisiones de gases causantes del calentamiento global, plasmados en la legislación nacional y en el Acuerdo de París. Desde cualquier punto de vista, esta reforma lanzada a estas alturas del año es un desatino y supone riesgos que como sociedad no deberíamos estar dispuestos a asumir.

Es por ello por lo que un amplio número de organizaciones y personas se encuentran demandando a las y los legisladores que esta reforma no sea aprobada y que se lleve a cabo una revisión minuciosa de la misma, en la cual se debe garantizar un proceso democrático e incluyente de la sociedad en su conjunto que permita analizar la propuesta de reforma a profundidad y desde diferentes perspectivas y territorios. Puedes unirte y sumar tu voz a este llamado firmando esta petición:

https://secure.avaaz.org/es/petition/Congreso_de_la_Union_Mexico_Alto_modificaciones_Ley_ASEA/

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