El presidente del Centro de Defensa de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero Antonio Lara Duque confirmó a SinEmbargo que el grupo de aproximadamente 150 personas, encabezados por el comisariado edijal de Nextipa, Bulmaro Álvarez, llegó a desalojar por la fuerza física a los comuneros, quienes se retiraron de manera pacífica, de la zona ubicada entre los Cerros Coatépetl y Tepetzinco frente al Lago de Texcoco.
Ciudad de México, 23 de mayo (SinEmbargo).- Un grupo de choque desalojó este lunes a integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que se encontraban en las cercanías de los terrenos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) para evitar que las obras tocarán terrenos ejidales.
El presidente del Centro de Defensa de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero Antonio Lara Duque confirmó a SinEmbargo que el grupo de aproximadamente 150 personas, encabezados por el comisariado edijal de Nextipa, Bulmaro Álvarez, llegó a desalojar por la fuerza física a los comuneros, quienes se retiraron de manera pacífica, de la zona ubicada entre los Cerros Coatépetl y Tepetzinco frente al Lago de Texcoco.
–¿Estamos hablando de que en estos momentos ya no hay nadie resguardando los terrenos?
–Así es porque los ejidatarios que tenían instalado el campamento, ya fueron desalojados.
–Eso quiere decir que la maquinaria puede entrar en cualquier momento ¿o ya entró?
–No estamos enterados si ya entró, pero si ya no hay gente cuidando, puede entrar en cualquier momento. Los ejidatarios se retiraron de forma pacífica, pero hacemos el señalamiento de que cualquier cosa que pueda pasar es responsabilidad de los tres órdenes de Gobierno.
En abril pasado, los comuneros denunciaron como actos de provocación cuatro irrupciones por partes de militares y policías en zonas en las que se desarrollan megaobras.
Vecinos de Atenco denunciaron el 12 de abril que alrededor de las once y media de la mañana, un camión del Ejército mexicano, que escoltaba a un grupo de personas con material de medición topográfica, irrumpió en el cerro de Huatepec que se ubica a dos kilómetros de los terrenos donde ahora se construye el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
“Eran alrededor de unos 10 militares y comenzaron a entrar en el ejido de Atenco. Entre varios compañeros –15 ó 20– acudimos al encuentro de la tanqueta. Y lo único que se nos dijo fue que no teníamos por qué estar aquí”, dijo César del Valle, representante del FPDT.
Los pobladores no escondieron su malestar por el uso del Ejército para escoltar a siete personas. Un hecho inusitado para estos fines en un área donde el Gobierno pretende hacer un proyecto ecológico en la periferia del NAICM y un proyecto carretero, de acuerdo con su propia versión, ya que la administración federal no les ha brindado información pormenorizada.
“Fue una acción de intimidación y de amedrentar a nuestras comunidades. Y ellos no hicieron nada, se quedaron parados por un momento con la intención de seguir avanzando, pero la gente estaba molesta y ellos no tuvieron más remedio que irse”, agregó del Valle.
En un suceso inmediato anterior, el FPDT denunció que el lunes 11 de abril a las 14:30 horas, cuatro personas ingresaron al cerro Huatepec también con material topográfico, por lo que no descartaron que pertenezcan al mismo trabajo.
“Nunca se identificaron, de qué empresa eran, ni dijeron a qué venían. Sólo manifestaban que era su trabajo y que los entendiéramos. Nos decían que estaban midiendo para trazar una carretera”, dijo del Valle.
En otro hecho sin precedentes, alrededor de mil policías entraron y salieron entre el 12 y el 13 de abril del poblado de San Francisco Xochicuautla con el fin de garantizar la construcción del proyecto carretero Toluca-Naucalpan, que ejecuta la filial Autovan-Teya del Grupo Higa.
La mañana de 12 de abril alrededor de 300 elementos de la policía estatal irrumpieron por segundo día para neutralizar a la población de oponerse al proyecto. “Nos tienen sitiados”, dijo Nicolás Ramírez Domínguez, una de las tres autoridades locales.
Mientras ayer no hubo demoliciones, el lunes más de 50 pobladores fueron expulsados por elementos de la policía estatal de una casa que, dos horas después, fue derribada con todo y sus pertenencias bajo el argumento de encontrarse sobre el trazo carretero.
Los vecinos no sólo fueron acusaron haber sido violentados para que salieran del hogar de Armando García, otra autoridad de la comunidad, sino que fueron disueltos con gases lacrimógenos una vez fuera del recinto.
Los pobladores lamentaron que alrededor de 700 elementos de seguridad fueran enviados para garantizar el derribo de una edificación.
