Cuando por fin las personas afectadas por la incidencia delictiva iban a contar con atención especializada desde un órgano colegiado, un pleito intestino le dio al traste al esfuerzo. Instalada en enero por el Presidente Enrique Peña Nieto, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sucumbió por su propia crisis intramuros. Fue el Senado de la República el que nombró a sus siete integrantes con currícula académica y de lucha civil. Pero ni siquiera había transcurrido un semestre de trabajo cuando, en un acto ilegal, depusieron a la presidenta consejera, según ella misma ha acusado. Mientras transcurre este desencuentro burocrático, la palabra “víctima” en México va perdiendo sentido, volviéndose hueca, extraviándose de todos los discursos oficiales. Y la emergencia nacional cada vez, se vuelve más evidente: los 18 meses de gobierno peñanietista ya arrojan el 70 por ciento del total de personas desaparecidas, registrado en el sexenio anterior, de Felipe Calderón Hinojosa, cuando se emprendió una guerra contra el narcotráfico…

Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).–Único brazo operativo en décadas para atender a los cientos de miles de víctimas acumuladas desde la guerra sucia hasta la guerra en contra del crimen organizado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) nació, en teoría, muy poderosa y con la misión de cumplir un papel histórico. Pero no transcurrió ni un semestre de trabajo cuando un pleito intestino la hizo desmoronarse y le impidió arrancar en su trabajo básico: la atención a los afectados del delito.

Con la Comisión, todo estaba listo para una actuación sobresaliente en la Administración Pública en los nuevos días del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el poder. Sus 470 millones de pesos, asignados por el Congreso de la Unión, la volvieron autosuficiente en lo financiero; sus siete comisionados –cuatro de la Academia y tres de las Organizaciones Civiles– la blindaron bajo la ética de los organismos colegiados, y la absorción de Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (ProVíctima) –el programa creado en el sexenio pasado– la convirtieron en un organismo concentrador de todas las historias de la desgracia del delito.

Pero la presidenta comisionada, María Olga Noriega Sáenz, fue destituida en forma ilegal, según su propio alegato, después de meses de acoso laboral. Su posible restitución, reclamada mediante amparo ante el juez de distrito en materia administrativa, Ricardo Gallardo Vara, mantiene al equipo de la comisión dividido mientras realiza marchas forzadas porque el calendario legal marca que en octubre debe entregar el Programa de Atención a Víctimas y el Registro Único.

No sólo fue depuesta la presidenta comisionada. Ella misma narra despidos injustificados de profesionales que trabajaron para la extinta ProVíctima y que en la Comisión, intentaban dar continuidad a la materia. Sus casos se encuentran en la Junta de Conciliación y Arbitraje.

De modo que en 18 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, la situación del país es de emergencia y no hay instancia a donde acudir para buscar atención, describe Ximena Antillón Najilis, investigadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas del Centro de Investigación, Fundar. Su dicho lo sostiene así: “Entre 2006 y 2014 se han producido 20 mil 810 desapariciones. En menos de dos años, en lo que va de la presente administración, ocurrió casi el 70 por ciento del total del sexenio de Felipe Calderón [Calderón], cuando se emprendió una Guerra contra el Narcotráfico”.

Para colmo de quienes están en el mapa de la desgracia nacional, afectados por cualquier delito, el gobierno de Enrique Peña Nieto se resiste a hacer públicos los protocolos mencionados tanto por el Procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam y el Secretario de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, en discursos públicos. A través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), esas dependencias se niegan a especificar en qué consiste el Plan Nacional de Búsqueda, el Dispositivo de Búsqueda Urgente, la Red Nacional de Búsqueda, el protocolo de identificación forense hecho en colaboración con la Cruz Roja, o el protocolo de personas cuyo paradero se desconoce.

En mayo de 2013, la extinta ProVíctima fue requerida por un ciudadano para que revelara el Protocolo de Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas, un instrumento aprobado en la cuarta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Institución. El órgano que empezaba a ser desmantelado para integrarse a la CEAV respondió que tal protocolo estaba clasificado como Reservado por un periodo de 12 años a partir del 15 de febrero de 2013, dado que su contenido tenía relación directa con “temas de prevención y persecución de delitos, estrategia procesal e impartición de justicia”.

Así, poco a poco, en México, la palabra “víctima” se va volviendo hueca. Victimólogos aceptan que sólo tiene significado para quienes han sido tocados por el tentáculo de un delito. Para el Presidente de la República, para el discurso oficial, no existe. Él utiliza el término “afectados”. Así lo hizo cuando en enero de este año instaló el Sistema Nacional de Atención a Víctimas: “De esta forma, los afectados tendrán el respaldo de profesionales del derecho, que los defiendan legalmente y protejan en sus intereses”, dijo el primer mandatario al anunciar que ese sistema estaría integrado por los titulares de la Segob, la PGR, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los gobernadores, el jefe de gobierno de la capital y los siete comisionados de la CEAV.

Según su diseño, la CEAV debió conformarse de inmediato como la gran rectora de los mecanismos para revertir el daño delincuencial en los ciudadanos con tres ejes: Asesoría Jurídica Federal, la creación del Fondo de Ayuda y la Asistencia y Reparación Integral, así como la elaboración de un Registro Nacional. Así lo estableció la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013. Por ahora, nada está listo.

¿QUÉ PASÓ?

“La responsabilidad histórica que tenemos los siete comisionados es importantísima”, exclama en entrevista María Olga Noriega Sáenz, la presidenta comisionada depuesta que en estos momentos despacha en una oficina alterna porque a la que tenía, le cambiaron las chapas. Lamenta el trance por el que pasa la Comisión: “El tiempo se pierde en luchas de poderes, en pleitos estériles que no conducen a ningún lado”.

La abogada relató para SinEmbargo el origen de la crisis: “Todo surgió cuando se publicó el proyecto de reglamento en la página de la Cofemer. Los comisionados, siendo yo presidenta, querían que saliera a los medios de comunicación para que me manifestara en contra del reglamento. Yo me opuse. Les dije que no estaba de acuerdo con su posición. Era una posición muy agresiva. Me fui a mi oficina y en ese momento cambiaron la orden del día y nombraron comisionado presidente”.

La crisis, nadie la niega. El jueves 19 de junio, las comisiones unidas de Derechos Humanos, Justicia, Bicameral de Seguridad Nacional y Trata de Personas del Senado de la República ofrecieron acompañar los trabajos de la Comisión. En la reunión, los consejeros no sólo plantearon su conflicto interno; también los problemas financieros y administrativos que han impedido el cumplimiento de objetivos.

Ahí estaban Sergio Jaime Rochín –quien ahora ostenta la Presidencia del órgano– Adrián Franco Zevada, Susana Thalía Pedroza, Julio Hernández Barros, Carlos Ríos Espinosa, María del Rosario Torres Mata y la misma María Olga Noriega Sáenz. Los siete tuvieron una coincidencia: empezaron a trabajar sin contar con recursos. Províctima –el programa creado por el gobierno anterior– entregó siete cubículos, una sala de juntas, siete teléfonos fijos y el mismo número de computadoras de escritorio. Requerido para este texto después de la reunión en el Senado, Sergio Jaime Rochín expresó que no hablaría del desencuentro burocrático en el organismo para no agravar la crisis.

¿Por qué sucumbió a sus propios desacuerdos internos esta comisión especializada? El victimólogo Martín Gabriel Barrón, del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) indica que la CEAV es el microcosmos de la falta de consenso histórica sobre cómo debe tratarse a las víctimas en México. Para Ximena Antillón, también experta en la historia de la victimización, “el problema fue la falta de experiencia de los consejeros en un órgano colegiado que necesita capacidad de negociación, pero también política administrativa. Ante este panorama, el Estado tendría que estar fortaleciendo a la Comisión Ejecutiva, acercando experiencias de otros países, conociendo cómo se han realizado los registros en Perú o cómo se ha aplicado la Ley de Víctimas en Colombia”.

Más allá de las heridas internas, hay un tercer análisis. Se da en los pasillos de Ángel Urraza 1137, el domicilio de la CEAV, inmerso en la colonia del Valle del Distrito Federal, por donde a diario pasan millones de transeúntes sin saber que ahí está albergada la única instancia que podría brindarles ayuda en caso de ser afectados por la comisión de un delito. Uno de los asesores suelta: “Ahora, digamos, el tiempo se ha detenido. Hay cerros de información. Cerros. Pero es importante que termine el pleito interno para empezar a trabajar bien”.

LOS PROBLEMAS DE LA PALABRA “VÍCTIMA”

En las bibliotecas especializadas, los estudios sobre el delincuente y sus motivos, abundan. Los de la víctima apenas si se asoman. El episodio de la guerra sucia, que abarca los sexenios de  los ex presidentes Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), José López Portillo (1976-1982) y Miguel de la Madrid (1982-1988) generó un nuevo concepto desde la sociedad civil. La palabra “víctima” empezó a tener sentido.

Ximena Antillón, de Fundar, recapitula: “Durante la guerra sucia se documentó la práctica sistemática de la desaparición forzada del Estado en contra de la disidencia política, y otros crímenes como las ejecuciones extrajudiciales y la tortura. Es un parteaguas en un momento en que el discurso de los derechos humanos no estaba difundido. Las víctimas se empezaron a organizar porque se dan cuenta que todo el sistema de justicia está puesto al servicio de la estrategia represiva. Ellos quieren denunciar, impulsar las investigaciones, pero no reciben una respuesta del Estado”.

En la historia, la atención jamás ha sido efectiva. Lo reconoce la persona que en estos momentos debiera ser la encargada de las víctimas mexicanas, Olga Noriega Sáenz: “Creo que tenemos una gran deuda. La atención no ha sido efectiva por una razón fundamental. Ha faltado capacitación, sensiblidad en las autoridades y sobre todo, coordinación”.

¿Qué tanto ha cambiado la connotación de la palabra “víctima”? Mucho, según Noriega Sáenz, victimóloga con experiencia en la trata de personas. Según ella, la Ley General de Víctimas ha impuesto un paradigma en todo el tratamiento.

En sí misma, la Ley General de Víctimas fue un logro. Su redacción empezó tras las reuniones de quienes fueron dañados por el flagelo de la violencia durante la Guerra contra el Crimen Organizado, impulsada por el Presidente anterior, Felipe Calderón Hinojosa. La iniciativa se presentó en el Senado en abril de 2012 para establecer la obligación del Estado de brindar apoyo económico y protección; además de un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas.

Felipe Calderón Hinojosa se negó a promulgarla, tal cual había sido redactada. Su argumento fue que necesitaba ser modificada por el Congreso porque no elevaba a rango constitucional la responsabilidad de las entidades federativas. Pero en diciembre de 2012, al tomar posesión, Enrique Peña Nieto la consideró adecuada. Y así, se arrancó en la experiencia de la CEAV.

Entonces, con todo, hoy en día, ¿qué es ser víctima en México? Para Olga Noriega Sáenz se trata de una persona que “mínimamente forma parte del proceso penal y no sólo es solo un objeto, sino un sujeto de Derecho y de garantías”; pero abunda que todos los operadores del sistema de justicia penal deben bajar a la realidad para que la Ley no se quede en letra muerta.

El profesor-investigador del Inacipe, Martín Barrón habla de esa realidad. Admite que por un lado, los textos jurídicos han incluido al término y ello permite cumplir con los parámetros de la Organización de las Naciones Unidas, pero en la práctica “va a llevar mucho más tiempo”. El nudo, para este investigador, consiste en que aún hay muchas dudas tanto en los mismos afectados del delito como en los encargados de atenderlos. Dice: “Cada víctima es diferente y tiene diferentes aspiraciones. A algunos les basta con la reparación del daño. Otros desean encontrar a seres desaparecidos. Otros requieren atención psicológica o monetaria. Hay quienes se conformarían con que les pidieran perdón a sus muertos. ¿Quién va a lograr atender tantos perfiles de víctima en México?”