Por Alejandro de la Peña

El 20 de junio se conmemoró el Día Mundial del Refugiado, fecha con la que la Organización de las Naciones Unidas da cuenta de la situación de millones de personas que han salido y salen huyendo de sus lugares de origen a causa de los peligros inminentes a su vida e integridad derivados de los conflictos armados, la violencia generalizada o la falta de protección y violación a sus derechos humanos. En su edición 2016 este día conmemorativo tiene como tema principal #ConlosRefugiados, idea que articula la petición a los gobiernos para que fortalezcan sus esfuerzos con esta población en tres aspectos fundamentales el acceso a educación, vivienda y trabajo.

En Sin Fronteras hemos trabajado con estos y otros aspectos fundamentales para que las personas refugiadas radicadas en México establezcan sus condiciones básicas vida en el país, un esfuerzo realizado desde nuestra fundación, un trabajo continuo de #20AñosPorlosRefugiados.

Acompañar este proceso –denominado por algunos como integración- es una actividad compleja, que involucra el esfuerzo de muchos actores político-sociales y encara desafíos que responden a las realidades cambiantes que debemos considerar si deseamos que nuestra nación conserve su mote como “País con tradición de asilo”.

México se caracterizó en el s. XX por recibir a exiliados de diferentes naciones: los españoles a finales de la década de los años 30 e inicios de los 40, los sudamericanos que huían de las dictaduras en los 60 y 70 y los centroamericanos –especialmente salvadoreños y guatemaltecos- que llegaron masivamente como consecuencia de las guerras civiles, por mencionar los más destacados. La llegada de estos grupos -cada uno con características socioculturales y socioeconómicas especificas- significó la implementación de estrategias de apoyo a la integración para ayudarles en el acceso a sus derechos fundamentales –vivienda, salud, trabajo y educación, entre otros- y, a la vez, canalizar sus habilidades en favor del desarrollo del país.

Desde los años 90, el perfil de la población refugiada en México ha cambiado y obligado a la conformación de esfuerzos cada vez más complejos para acompañar sus procesos de integración y el acceso a sus derechos. Con base en nuestra experiencia, desde Sin Fronteras observamos que las nacionalidades y los perfiles predominantes de personas refugiadas radicados en México ha cambiado considerablemente en 20 años: desde poblaciones centroamericanas y africanas a finales de los años 90 del s. XX, al predominio de Haitianos y Colombianos durante la primer década del s. XXI, en ambos periodos se trata principalmente de hombres jóvenes que viajaban solos.

En la actualidad, las estadísticas de la COMAR nos señalan un nuevo panorama: el 92% de las personas reconocidas como refugiadas en el año 2015 provenían de Honduras, El Salvador o Guatemala, quienes en su mayoría salen huyendo por la violencia generalizada en sus países de origen, muchas veces relacionada con las pandillas que operan en estos lugares. Asimismo, el perfil sociodemográfico de los refugiados cambió: son cada vez de más frecuentes los casos de familias enteras con hijos menores de edad, niños, niñas y adolescentes no acompañados, así como personas gay, lesbianas, trasngénero y transexuales.

El panorama actual resulta muy complejo pues los países de origen están enmarcados en una fuerte debilidad institucional y grandes niveles de violencia y el perfil es muy diverso y requiere de intervenciones cada vez más especializadas, lo que encara desafíos específicos para que las diferentes instituciones gubernamentales, internacionales y no gubernamentales que trabajamos con personas refugiadas podamos responder a la realidad de sus procesos de integración.

Aunque las organizaciones de la sociedad civil y de gobierno hemos creado mecanismos y herramientas que coadyuvan en los procesos de integración de los personas refugiadas, los cuales se construyeron con base en el panorama previo, por lo que el perfil sociodemográfico y nacional de los refugiados actuales nos plantea el primer desafío de construir herramientas diversificadas que establezcan las capacidades para dar atención a las necesidades específicas de cada grupo. En este punto, el gobierno mexicano tiene la ardua tarea de fortalecer a entes como el DIF en esta materia, pues es un tema que les ha sido ajeno hasta la actualidad.

Es importante señalar que muchas veces la intervención con esta población ha sido realizada por personas de muy diversas extracciones sociales y profesionales. Las características de la población refugiada actual desafía a una profesionalización del acompañamiento de sus procesos de integración a través esquemas de intervención integrales e interdisciplinarios, lo que debe ser patente en la composición del personal de la COMAR -en tanto principal ente de protección de los refugiados de parte del gobierno mexicano- e implicar el involucramiento con el tema de funcionarios de instituciones gubernamentales del área de la salud o del desarrollo social.

Para que todo lo anterior sea posible, es necesario el reconocimiento de las nuevas realidades de la población refugiada residente en México, especialmente su diferenciación de los exilios previos y el reconocimiento de sus necesidades y los complicados retos que deben enfrentar a la hora de buscar a empleo, vivienda o educación, como lo son la discriminación o el acceso inequitativo a estos derechos. Esto desafía a posicionar el asilo, la integración y las herramientas para acompañar este proceso como un tema de interés público que merece una discusión seria, interdisciplinaria y fundamentada en las nuevas realidades

Finalmente, se requiere de un reconocimiento cada vez más profundo de las necesidades, fortalezas y capacidades de los refugiados residentes en México: con ello lograremos reconocerlos como actores activos de su integración, como personas en su mayoría trabajadoras y cuyas capacidades pueden ser aprovechadas en favor del desarrollo del país.

Con todos los desafíos planteados, la sociedad mexicana se ve enfrentada a la tarea de crear las condiciones para que los refugiados puedan acceder a sus derechos a la salud, empleo, vivienda y educación en equidad de condiciones, lo que reportaría no solo un beneficio directo para estas personas sino que también coadyuvaría para que México cumpla con sus obligaciones internacionales. Este esfuerzo debe ser liderado por el gobierno mexicano –en su conjunto y en sus tres órdenes, no solo por la COMAR- y complementado por la Sociedad Civil, Organismos Internacionales y la población refugiada.

El panorama actual resulta muy complejo pues los países de origen están enmarcados en una fuerte debilidad institucional y grandes niveles de violencia y el perfil es muy diverso y requiere de intervenciones cada vez más especializadas, lo que encara desafíos específicos para que las diferentes instituciones gubernamentales, internacionales y no gubernamentales que trabajamos con personas refugiadas podamos responder a la realidad de sus procesos de integración.

Aunque las organizaciones de la sociedad civil y de gobierno hemos creado mecanismos y herramientas que coadyuvan en los procesos de integración de los personas refugiadas, los cuales se construyeron con base en el panorama previo, por lo que el perfil sociodemográfico y nacional de los refugiados actuales nos plantea el primer desafío de construir herramientas diversificadas que establezcan las capacidades para dar atención a las necesidades específicas de cada grupo. En este punto, el gobierno mexicano tiene la ardua tarea de fortalecer a entes como el DIF en esta materia, pues es un tema que les ha sido ajeno hasta la actualidad.

Es importante señalar que muchas veces la intervención con esta población ha sido realizada por personas de muy diversas extracciones sociales y profesionales. Las características de la población refugiada actual desafía a una profesionalización del acompañamiento de sus procesos de integración a través esquemas de intervención integrales e interdisciplinarios, lo que debe ser patente en la composición del personal de la COMAR -en tanto principal ente de protección de los refugiados de parte del gobierno mexicano- e implicar el involucramiento con el tema de funcionarios de instituciones gubernamentales del área de la salud o del desarrollo social.

Para que todo lo anterior sea posible, es necesario el reconocimiento de las nuevas realidades de la población refugiada residente en México, especialmente su diferenciación de los exilios previos y el reconocimiento de sus necesidades y los complicados retos que deben enfrentar a la hora de buscar a empleo, vivienda o educación, como lo son la discriminación o el acceso inequitativo a estos derechos. Esto desafía a posicionar el asilo, la integración y las herramientas para acompañar este proceso como un tema de interés público que merece una discusión seria, interdisciplinaria y fundamentada en las nuevas realidades.

Finalmente, se requiere de un reconocimiento cada vez más profundo de las necesidades, fortalezas y capacidades de los refugiados residentes en México: con ello lograremos reconocerlos como actores activos de su integración, como personas en su mayoría trabajadoras y cuyas capacidades pueden ser aprovechadas en favor del desarrollo del país.

Con todos los desafíos planteados, la sociedad mexicana se ve enfrentada a la tarea de crear las condiciones para que los refugiados puedan acceder a sus derechos a la salud, empleo, vivienda y educación en equidad de condiciones, lo que reportaría no solo un beneficio directo para estas personas sino que también coadyuvaría para que México cumpla con sus obligaciones internacionales. Este esfuerzo debe ser liderado por el gobierno mexicano –en su conjunto y en sus tres órdenes, no solo por la COMAR- y complementado por la Sociedad Civil, Organismos Internacionales y la población refugiada.

Subcoordinador de Atención Psicosocial

@SinFronteras_1

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