Mara Muñoz Galván renunció en marzo a la Dirección del Centro de Justicia para las Mujeres en Zacatecas, ante lo que denunció com0 irregularidades y compadrazgos dentro del órgano de la Procuraduría General de Justicia del estado. Un alto mando de la policía ministerial violó a una mujer dentro de una patrulla, y el entonces Director de Investigaciones, Jesús Valerio Pérez, le pidió a la agente del Ministerio Público encargada del caso, Fátima Encina Arroyo, “no perjudicar al comandante por ser una persona eficiente”, y porque la mujer lo que buscaba era dinero, acusaron también mujeres miembros de colectivos en esa entidad.

Desde el 15 de junio la nueva directora del Centro de Justicia es precisamente Fátima Encina.

Al menos 11 agrupaciones de activistas y académicas zacatecanas entregaron una carta de denuncia a la Segob sobre el caso de Rosa “N” y el encubrimiento de la PGJE a un policía que, ahora, tiene un alto cargo en el Gobierno de esa entidad. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo

Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).– Rosa “N”, obrera con educación hasta sexto año de primaria, madre soltera y habitante del municipio marginado de Zacatecas, fue drogada y presuntamente violada por un alto mando de la policía ministerial dentro de una patrulla. Al siguiente día amaneció en una unidad de urgencia sin saber lo que había pasado. Presentó su denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero el entonces Director de Investigaciones, Jesús Valerio Pérez, le pidió a la agente del Ministerio Público encargada del caso, Fátima Encina Arroyo, “no perjudicar al comandante por ser una persona eficiente”, y porque, le dijo, la mujer lo que buscaba era dinero, acusaron mujeres miembros de colectivos.

El Instituto de Ciencias Forenses de la Procuraduría estatal realizó las pruebas de peritaje a la víctima. Los resultados, que suelen tardar semanas, fueron recibidos por Encina Arroyo en dos días y fueron supuestamente negativos. Ante ello, Rosa “N” decidió salir del estado y no continuar con la denuncia.

“Hubo injerencia por parte de las autoridades de la Procuraduría estatal para que no se hiciera justicia en este caso y no se demostrara a través de las pruebas periciales el caso de presunta violación”, aseguró en entrevista Mara Muñoz Galván, quien en marzo renunció a la dirección del Centro de Justicia para las Mujeres en Zacatecas ante las irregularidades dentro del órgano. Lleva más de dos meses denunciándolas para evitar que se vuelva “un hoyo más de impunidad” dentro de la procuración de justicia.

Jesús Valerio Pérez no sólo no fue investigado ni destituido de la dirección de investigaciones, sino que fue promovido a Subprocurador de Investigaciones, el puesto más importante de la instancia después del Procurador Francisco Murillo Ruiseco, externó.

Frente a la renuncia de Mara, presentada en una carta enviada al Gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, la respuesta fue “el absurdo”, evaluó. Se le invitó a hacer una denuncia formal sin ninguna garantía de protección a pesar de que estaba acusando a personas de muy alta jerarquía y casos de abusos sexuales de comandantes de la policía hacia policías ministeriales. Algunos sí fueron destituidos y Mara Muñoz quedó como la principal promotora y “me ponían como carne de cañón”.

El jueves 15 de junio pasado, el Gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, nombró a Fátima Encina Arroyo como la nueva directora del Centro de Justicia para las Mujeres en la entidad, sin consultar a los colectivos de mujeres zacatecanas.

“¿El silencio de esta funcionaria [quien llevó el caso de Rosa “N” y cubrió al presunto violador] es lo que la lleva a ocupar hoy día la titularidad del Centro?”, cuestionaron al menos 11 colectivos de mujeres activistas, feministas y académicas en una carta entregada ayer a Roberto Campa Ciprián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien se comprometió a agendar un encuentro con el Gobierno del estado y con Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Segob, para darle cauce a sus demandas.

Emilia Pesci Martínez, una de las mujeres activistas, leyó los puntos que exigieron a Campa Ciprián:

–Que el Gobierno de Zacatecas dé cumplimiento al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso estatal para implementar una política integral de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas de Zacatecas.

–Que se investigue a fondo los actos de corrupción que se han presentado en estos meses que ha operado el Centro de Justicia para las Mujeres de Zacatecas.

–Que se fortalezca al Centro de Justicia con más funcionarios públicos con perspectiva de género y que se implemente un turno vespertino que refuerce los trabajos internos.

–La creación al menos de dos Centros de Justicia más como se comprometió el Gobernador de Zacatecas cuando estaba en campaña.

–Que la designación de la nueva directora del Centro de Justicia no sea a modo para mantener acallada la problemática que afecta la dignidad y vida de las mujeres zacatecanas.

LA IMPUNIDAD CONTRA LAS MUJERES

De 2013 a la fecha, en Zacatecas se han abierto 36 carpetas de investigación por feminicidio de las cuales cinco derivaron en sentencias y cinco más en órdenes de aprehensión pendientes, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia Estatal.

Mara Muñoz Galván, ex directora del Centro de Justicia para las Mujeres en Zacatecas, destacó que la falta de personal sumada a estas inconsistencias internas generan impunidad. Del total de denuncias en materia de violencia de género, solo el 10 por ciento han sido llevadas ante el juez para procurar el acceso a la justicia.

“El resultado más grave de toda esta farsa y simulación es la impunidad, un problema principal en el país y que en el caso de las mujeres no es excepción”, dijo.

Durante tres años, desde marzo de 2014, Muñoz Galván estuvo bajo la dirección del Centro de Justicia para las Mujeres, el cual brinda en seis municipios atención integral a las mujeres víctimas de violencia mediante un equipo de psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y un área de policías, peritos y Policía Ministerial. Pero, aseguró, el buen funcionamiento va de la mano del actuar de los funcionarios públicos y cómo el sistema de justicia hace suyo el proyecto.

Cuando empezó a funcionar el organismo se enfrentó con una demanda mucho más alta de la esperada y el personal resultó insuficiente. En seis meses se dieron más de 2 mil atenciones a mujeres y niñas, y se recibieron más de 600 denuncias en delitos de materia de género.

Mara solicitó al Procurador Francisco Murillo fortalecer la política pública ante la gran demanda, pero “no hizo caso”, lo que llevó a funcionar de manera ineficiente.

En Zacatecas la violencia feminicida se da principalmente por personas conocidas de las víctimas. Otra situación vivida por las mujeres zacatecanas es una doble discriminación, no solo por ser mujeres sino por la zona donde viven. Las mujeres que nacen en regiones lejanas a la capital estatal no tienen acceso a ningún servicio de atención especializada y se enfrentan a la falta de capacitación de los ministerios públicos.

Emilia Pesci Martínez, activista, destacó que no hay una semana donde no se registre el caso de una mujer asesinada o desaparecida. Dijo sentirse preocupada por la situación que se vive en la entidad, por lo que vinieron de Zacatecas a la Ciudad de México a visibilizar la poca atención que se está dando por parte de el gobierno estatal con el objetivo de que la impunidad no sea una generalidad.

“Sabemos que este caso no es exclusivo de Zacatecas, pero el tener autoridades con tintes misóginos no ayuda a la búsqueda de acceso de justicia de las víctimas. Es necesario que México volteé a ver a Zacatecas porque nos están matando”, expuso Emilia.

Afirmó que las autoridades estatales aseguraron que eran falsas sus denuncias sobre corrupción y compadrazgos dentro del Centro de Justicia, por lo que el mensaje fue un claro “no nos interesa” y por ello acudieron con las autoridades federales.

Zacatecas está en proceso para decretar la Alerta de Violencia de Género. Actualmente se encuentra en la etapa de cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de expertos que se conformó mediante la petición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

No obstante, estas recomendaciones “dejan mucho qué desear”, expuso Mara Muñoz. Por ejemplo, por un lado se recomienda el fortalecimiento para el Centro de Justicia para las Mujeres, pero por el otro se dice que debe brindar atención a todas las mujeres del estado mientras hay recursos para abrir otros.

“Eso es operativamente inviable porque imagina a una mujer yendo desde el semidesierto del estado a la capital de la entidad a presentar una denuncia por violación. Está de más decir que es revictimizarla”, afirmó.