Ni idea. Eso es lo que ha demostrado este gobierno en materia de política de adicciones. Primero fue un neumólogo cruzado contra las hordas de zombies que deambularían por las ciudades mexicanas de aprobarse la regulación de la mariguana y después un médico disfrazado de policía que lo único que se le ocurrió para prevenir el consumo del alcohol, cuando se encargó de la policía de la Ciudad de México, fue encarcelar a los conductores alcoholizados aunque no hubieran cometido falta alguna (sé que el alcoholímetro es un programa con muchos defensores y no voy a discutirlo ahora, pero de ahí a que sea la credencial para poner a alguien al frente de la política nacional contra las adicciones, me parece que hay un trecho).

            Y la estrategia contra las adicciones sólo es una parte de lo que debería ser una política integral y racional hacia las drogas. Un presidente que sólo tiene prejuicios respecto a las sustancias psicotrópicas desde luego que no es capaz de plantear una intervención pública basada en el conocimiento científico, laica y que ponga el problema en su justa dimensión lejos de la sobredimensión que el puritanismo norteamericano le ha impuesto al mundo durante un siglo y que ahora ya ni los mismos promotores creen que pueda seguir siendo defendida.

            La idea de “guerra contra las drogas” impactó tanto en el imaginario político que no han faltado comandantes en jefe aguerridos dispuestos a ponerse al mando de la campaña. Aquí Calderón, con sus uniformes guangos, decidió que el ejército, ya metido en el combate al narco desde la década de 1970, no tenía nada mejor que hacer que salir a acabar a balazos al flagelo del tráfico de substancias, para ganarse el favor del gobierno de Bush y recibir las migajas de la Iniciativa Mérida. Como estrategia contra las drogas tuvo un impacto cercano a cero, pero eso sí rompió los mecanismos de contención de la violencia, corruptos e ilegales pero medianamente efectivos, que el arreglo priísta había establecido, y dejó al país sumido en una crisis de seguridad sin precedentes.

            Es verdad que las bandas criminales se habían fortalecido mucho, con armas y reclutas, y que habían diversificado sus actividades, pero en el origen de esa fuerza adquirida ha estado la acumulación originaria que les ha permitido la prohibición, fuente ingente de riqueza para los especialistas en mercados clandestinos, pues entre más se persiga una sustancia más aumentan los incentivos económicos para dedicarse a su comercio y para armarse y enfrentar a los encargados de ejecutar la prohibición. Esta lógica sencilla no la han entendido los gobiernos del mundo hasta hace muy poco y muchos sigue aferrados a la idea de que el camino es acabar con las drogas con policías, soldados y cárceles.

            Ya con una crisis tremenda de seguridad encima, la solución fue poner más fuerzas armadas en la calle a hacer la guerra a campo abierto, sin parar en minucias como la prevalencia del orden jurídico y el respeto a los derechos humanos. Soldados y marinos convertidos en garantes de una seguridad precaria, junto a una policía federal inmadura, construida sin la suficiente profesionalización y sin controles sociales en el ejercicio de sus tareas y unas policías locales corruptas, ineficaces y clientelistas, vendedoras de protecciones particulares al mejor postor, ya sea “ciudadano de bien” o delincuente.

            El gobierno de Peña anunció que iba a cambiar de estrategia, pero al final siguió con la misma sólo que comunicada de manera diferente: volteó hacia el otro lado y comenzó a declarar inexistente la información que se le solicitaba sobre los hechos de la guerra. Así, su gran iniciativa de crear una gendarmería que sustituyera gradualmente a las fuerzas armadas en el control territorial no parece haber despegado con gran éxito y lo que seguimos viendo es a un ejército y una marina cada vez más desgastados, molestos con la tarea y por tener encima el escrutinio social de sus acciones. Un secretario de la Defensa que sale a dar entrevistas y en una de ellas plantea que a los soldados se les pone en la disyuntiva de obedecer sus órdenes o respetar los derechos humanos, en una velada confesión de que las órdenes implican violar los derechos de las personas.

            Y ahora, después de diez años de éxitos en política de seguridad y de reducción del tráfico de drogas, el gobierno sale con el domingo siete de encomendar al ejercito también la tarea de la prevención de las adicciones. Y el anuncio se hace con bombo y platillo: los conscriptos del Servicio Militar Nacional —esa antigualla que siempre ha sido una simulación y con la que nunca han sabido bien a bien qué hacer— saldrán a llevar a los jóvenes de México la buena nueva de la vida sin sustancias.

La lógica parece impecable: el Gobierno reconoce que el consumo de drogas es un “problema de Salud” y decide que la mejor manera de resolverlo es ordenar a soldados y marinos que se encarguen del tema, como antes ya había decidido que las adicciones las trataran tribunales, no médicos. Lo que los expertos en salud no han logrado hacer, en buena medida porque todos los recursos se dedican a la guerra y casi nada de dinero llega a la investigación para la prevención y al desarrollo de programas bien diseñados, con la información adecuada y sin histerias, ahora lo van a hacer los que tuvieron la mala suerte de sacar bola negra en el sorteo.

Lo peor es que también en esto Peña está ofreciendo gato por liebre: el programa no es una novedad, pues ya las fuerzas armadas y la policía federal hicieron simulacros de prevención en los tiempos de Calderón. En algún foro sobre mariguana me encontré con un policía que hacía esas tareas, con conocimientos sobre el tema cercanos a los de mi abuelita: “mijito, no fumes esa cosa que hace mucho daño”.

La cantaleta recurrente cuando se habla de que hay que enfrentar el tema del consumo de sustancias como un problema de salud es que hay que dedicarle esfuerzos a la prevención, pero a la hora de la hora casi nadie sabe cómo se debe hacer ésta. La prevención bien diseñada es una asignatura pendiente en el mundo y sólo es una parte de una estrategia compleja de reducción de daño en los consumos de sustancias, que debe estar en manos de profesionales de la salud y la educación, no de improvisados. ¿Qué van a salir a decir los soldaditos en las escuelas y en las calles? No me lo puedo imaginar, a menos que vayan a hablar de la proverbial afición histórica de los soldados mexicanos al consumo de mota.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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