Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).– Cuatro años después de que 72 migrantes de Centro y Sudamérica fueran asesinados en San Fernando,Tamaulipas, por integrantes del crimen organizado con la aparente colusión de varios policías locales, organismos civiles internacionales y nacionales, así como defensores de derechos humanos, han denunciado que los familiares de las víctimas no han recibido apoyo por parte de las autoridades mexicanas y que los funcionarios involucrados no han sido sancionados.

A la par, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) determinó que la Procuraduría General de la República (PGR) debe hacer públicos los documentos sobre la detención de 16 policías municipales relacionados con esta masacre. La dependencia ordenó a la PGR entregar las minutas de acuerdo de reuniones, documentos, informes de seguimiento de acuerdos y correos electrónicos relacionados con la muerte de los migrantes.

Por su parte, Amnistía Internacional indicó que las autoridades continúan sin cumplir su compromiso de tomar medidas para garantizar la seguridad las personas migrantes en su paso por México. Refirió que la verdad detrás de estos crímenes no ha sido esclarecida ni los responsables han respondido ante la justicia.

“La identificación plena y fidedigna de todos los restos también sigue pendiente, aún quedan 11 cuerpos sin reconocer. La falta de transparencia en el manejo de los casos ha sido grave”, denunció Amnistía. Por ello hizo un llamado  a las autoridades federales y estatales para que esclarezcan los hechos ocurridos en San Fernando otorgando una reparación integral a las personas que fueron víctimas.

En tanto, a inicios de la semana pasada Camilo Pérez Bustillo, integrante del Eje sobre Migración del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), dijo en entrevista que la razón por la que los cuerpos no han sido identificados es por “las deficiencias en el manejo de las pruebas del escenario del crimen, el manejo de los cuerpos y por las carencias en el proceso forense”.

El activista acusó que ha habido repatriaciones equivocadas de los restos humanos a países que no corresponden y mencionó el caso del cuerpo de un hondureño que fue entregado en Brasil. En ese sentido –afirmó– ya existen amparos pendientes que fueron interpuestos por los familiares de las víctimas.

A su vez, el Padre Alejandro Solalinde Guerra, del albergue Hermanos en el Camino, en Oaxaca, agregó en entrevista con SinEmbargo que “hay víctimas que todavía no sabemos quiénes son ni de qué país son, yo espero que al menos hayan tomado su ADN”.

Respecto a las reparaciones de los daños a las víctimas, Pérez Bustillo comentó que las familias no han recibido apoyo por parte de las autoridades federales y dijo que incluso “se ha intentado hacer acercamientos a los familiares tanto en el caso de Guatemala como de Brasil, pero lo que se ha considerado, es que realmente lo que se quiere comprar es el silencio de las familias”.

EL ESTADO MEXICANO NO PROTEGE A MIGRANTES

En el informe “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México”, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el pasado 18 de agosto se denuncia que “la falta de medidas eficaces por parte del Estado para proteger a los migrantes permitió que la violencia en contra de los migrantes alcanzase uno de los niveles más altos de los que se tenga conocimiento con la masacre de 72 migrantes en agosto de 2010”.

El documento precisa que entre el 22 y el 23 de agosto de 2010 fueron ejecutados 72 migrantes -58  hombres y 14 mujeres- en un rancho en San Fernando, Tamaulipas, a manos de miembros del Cártel de Los Zetas. “Esta masacre evidenció, una vez más, los peligros que viven a diario miles de migrantes en su paso por México”.

Además se da cuenta del testimonio de uno de los dos únicos sobrevivientes de este acontecimiento, un ecuatoriano de 17 años quien explicó que fueron secuestrados por sujetos armados que les exigieron trabajar para ellos y quienes al encontrar una negativa como respuesta los tiraron al suelo y les dispararon a todos por la espalda.

“[Los secuestradores] no nos pidieron nada, nada. Sólo dijeron: “¿Quieres trabajar con nosotros?” y nadie quiso trabajar con ellos. Solo eso y no nos dijo nada más […] No pase nada, quería llegar a donde mi papá pero no pude. Este, ahora estoy regresando a mi Ecuador… Al cónsul de Ecuador pedía que, que me haría [sic] encontrar con mi papá, pero dijeron que no podemos, tenemos que regresar al Ecuador […] Conmigo eran 6 ecuatorianos y mataron a 5. Yo quería encontrar [sic] con mi papá, con mi mamá, pero no pude”, dice parte del testimonio que documenta la CIDH.

El informe está basado en la información recibida por la Comisión Interamericana entre los años 2008 y 2013, a través de diversas audiencias públicas y una visita de trabajo realizada por la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes de la CIDH a México, en 2011. En éste se cita la intervención de Blanca Martínez, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” y asesora de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM), en la Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de personas migrantes no localizadas y restos no identificados en México, ocurrida en Washington el 23 de marzo de 2012.

En la audiencia, Martínez comentó que “la colusión de funcionarios a nivel federal y estatal está demostrada en múltiples casos. La misma Procuradora General de Justicia reconoció en el caso de San Fernando que varios policías municipales estaban involucrados como perpetradores de estas ejecuciones. El caso de San Fernando demuestra la colusión junto con otros”.

Sobre la identificación de los cuerpos de los migrantes asesinados hace cuatro años, la CIDH indica que de acuerdo “con información de público conocimiento, de los 72 cadáveres, los que lograron ser identificados fueron 59, en vez de 60, y los otros 13 que no pudieron ser identificados fueron inhumados en una fosa común del Panteón Civil de la Ciudad de México el 22 de junio de 2011”.

También señala que en julio de 2011 la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala publicó el Informe de Migrantes Guatemaltecos en su Tránsito por México y Estados Unidos en el que señalaba que los servicios periciales de México habían actuado de forma deficiente en la identificación de los restos y en la preservación de la cadena de custodia tras el homicidio de los 72 migrantes en San Fernando.

“El informe señala que en el caso de la masacre, la información enviada por la PGR de México al Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala sobre las generalidades que caracterizaban cada cuerpo no eran suficientes para llevar a cabo la identificación; también se señalaba que la impresión de huellas dactilares de las víctimas fueron mal tomadas e incompletas, lo cual dificultó el cotejo con huellas dactilares que estaban impresas en la cédula de vecindad de guatemaltecos desaparecidos en México”, se precisa en el documento.

Y detalla sobre este caso: “Ante el gran número de delitos y violaciones a los derechos humanos de los que son víctimas los migrantes, la Comisión no puede dejar de manifestar su profunda preocupación con relación a que en casos paradigmáticos como el de la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, si bien las autoridades han llevado a cabo capturas de miembros del Cartel de Los Zetas que habrían estado directamente relacionados con la comisión de tales hechos, a más de dos años de la masacre, aún no ha sido sentenciado ninguno de los inculpados por estos hechos”.