Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).– El caso de Elmar Darinel Díaz Solórzano, un político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tiene todos los agravantes de la impunidad. Mató a su pareja, lo detuvieron y lo liberaron; giraron una nueva orden de aprehensión en su contra y se amparó. Y sigue prófugo.

El asesinato de Tatiana Trujillo ocurrido en Ocosingo, Chiapas, y del cual se responsabiliza al ex Diputado federal del PRI Díaz Solórzano, ha quedado impune a pesar de que en 2010 el legislador, ahora prófugo, fue encontrado culpable y de que ahora un Tribunal ha confirmado la sentencia, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

La familia de la mujer ha acusado “tráfico de influencias” por parte de las instancias judiciales de Chiapas que dejaron en libertad al ex legislador. En consecuencia, tramitó un recurso de apelación ante la Sala Regional Mixta Zona 03 del Tribunal Superior de Justicia del estado de Chiapas.

El pasado 25 de junio el Tribunal dictó una sentencia a Elmar por el delito de Hominicidio Calificado y le impuso el pago de 43 mil pesos por concepto de reparación del daño, además de ordenar su reaprehensión. Sin embargo, el ex Diputado del PRI se amparó contra la sentencia que lo condena.

A la par, la familia de Tatiana interpuso el día 13 de agosto un Amparo Directo en contra de la sentencia indicada, en desacuerdo con la pena mínima de 25 años impuesta a Elmar Darinel Díaz Solórzano, al considerar que no se tomó en cuenta el contexto de violencia sistemática.

En apoyo a los familiares de la mujer asesinada, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas manifestó su “indignación respecto a la Impunidaden el feminicidio cometido en contra de Tatiana, madre de tres menores de edad, a quienes junto con su familia, no se le ha reparado de forma integral el daño”.

“Consideramos que el sistema jurídico del estado de Chiapas es responsable en acción, omisión y aquiescencia al no garantizar el acceso a la justicia hacia las víctimas”, dijo la organización civil el pasado 9 de septiembre.

Por ello, exigió la detención y sanción penal a Elmar Darinel Díaz Solórzano, responsable del feminicidio de Tatiana Trujillo Rodríguez; y que se resuelva el amparo directo a favor de la familia, garantizándo el derecho de acceso a la justicia.

En tanto, la agencia de noticias Cimacnoticias dio a conocer que ante las irregularidades denunciadas, la familia de Tatiana, a quien le sobreviven tres hijos, advirtió del tráfico de influencias a favor del ex legislador y exigieron la adecuada reparación del daño y justicia para Trujillo.

La hermana de Tatiana, Omara Trujillo, contó a la agencia, que la mujer de 30 años de edad era la mayor de cuatro hermanas y dos hermanos. Era maestra en Psicología, originaria del municipio de Ocosingo, ubicado en la selva chiapaneca.

Trabajaba como empleada en el Ayuntamiento de Ocosingo, ahí conoció a Elmar Darinel, quien era secretario particular del Alcalde y se encontraba separado de su esposa. En unos meses comenzaron una relación de pareja y poco tiempo después se fueron a vivir juntos. Con él, Tatiana concibió a su tercera hija, quien ahora siete años de edad.

Al principio “estaba muy bien la relación, él era un novio normal, pero cuando se lanzó como Diputado federal por el PRI empezó a cambiar y se convirtió en un hombre muy violento”, relató Omara.

Elmar se desentendió económicamente de su nueva familia, durante el tiempo que se desempeñó como legislador de 2006 a 2009; por ello Tatiana lo demandó para exigir una pensión alimenticia, pero ante las amenazas del legislador la joven desistió.

Seis meses antes del asesinato, a finales del año 2009, los padres de Tatiana acudieron a una llamada de auxilio de su hija. Ella estaba escondida en la zona arqueológica de Toniná, ubicada muy cerca de su casa.

“Mis papás encontraron a Tatiana abrazando a su hija, estaba ensangrentada y sumamente golpeada; ése fue el inicio de la violencia que ella sufrió”, o al menos de la que su familia presenció, destaca la agencia.

Tatiana decidió no denunciar porque él la amenazó, de acuerdo con la narración de su hermana. Tras el hecho se separaron un tiempo, pero él le pidió perdón y le prometió que nunca la volvería a golpear, por lo que regresaron a vivir juntos.

Omara cuenta que durante ese tiempo la familia presenció el carácter violento de Elmar. “Lo veíamos cuando llegaba a la casa con su pistola; el quiso matarla en varias ocasiones durante ese periodo. Un día le disparó pero la bala impactó en el vidrio de la ventaba de la casa”, señaló.

En abril de 2010 Elmar buscó ser candidato a Diputado local, lo que desató en él “cierto ánimo festivo”, pues abusaba del alcohol con frecuencia.

El 16 de abril de ese año, Tatiana fue a casa de su hermana a pedir auxilio debido a una nueva agresión de su pareja. “Poco tiempo después llegó ese hombre, estaba muy ebrio y pidió hablar con Tatiana. Después de tantos ruegos mi hermana decidió volver con él, pero ese día se llevo a mi mamá y a sus tres niños a dormir a su casa”.

Dos días después, Díaz Solórzano fue postulado como Diputado local. Por la noche Tatiana llamó a su padre por teléfono. Esa ocasión fue la última vez que escuchó la voz de su hija.

La familia pudo saber lo que ocurrió esa noche por el testimonio de Nidia Hernández, amiga de Tatiana, quien estaba con ella cuando la mujer fue asesinada y que luego rindió su declaración ante las autoridades.

“Mi hermana y su amiga estaban en la habitación y Elmar quería entrar, pero como Nidia se estaba bañando, Tatiana le pidió que esperara, pero él se negó y entró por la ventana. Cuando entró, la amiga se espantó y el dijo ‘mira ¿quieres ver lo que hago con ella (con Tatiana)?’. Mi hermana se asustó y Elmar la empezó a golpear con la pistola; ella le pidió a Nidia que se fuera porque ella ‘ya sabía cómo controlarlo’.

“Ella nos contó que mientras iba bajando las escaleras escuchó el disparo, después se salió de la casa y se escondió en un callejón; a los cinco minutos vio que él salió de la casa”, narra Omara.

A la mañana siguiente, la empleada que trabajaba en la casa de Tatiana se puso en contacto con la familia para informarles que había encontrado a la mujer en un charco de sangre.

Tras llegar al lugar, la madre de Tatiana, María Rodríguez, llamó a las autoridades municipales, quienes iniciaron la averiguación previa número 117/se218-T1/2010.

Elmar Díaz Solórzano se dio a la fuga y estuvo prófugo casi tres meses; el 16 de julio de 2010 fue detenido en el Distrito Federal como presunto responsable de homicidio calificado, pues el feminicidio aún no estaba tipificado en Chiapas, lo cual ocurrió hasta noviembre de 2011.

“TRÁFICO DE INFLUENCIAS”

El delito en el expediente 146/2010 que debía ser investigado por el Ministerio Público (MP) de Ocosingo no se indagó porque la instancia se declaró incompetente al argumentar, de acuerdo con las declaraciones de Omara, que se trataba de un delito cometido por un “funcionario”, aunque para ese momento Díaz Solórzano ya no era Diputado federal y apenas era candidato por el PRI a una curul estatal.

El 3 de mayo de 2013, el Juez Tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los distritos judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla emitió una sentencia de 25 años de cárcel en contra de el ex Diputado priista, encontrándolo penalmente responsable por el delito de homicidio calificado.

Díaz Solórzano presentó un escrito, durante su proceso, para que se declarara incompetente al juez de Tuxtla Gutiérrez, ya que los hechos ocurrieron en Ocosingo. Ante ello se repuso el procedimiento y todos los tomos del expediente pasaron ante el nuevo juez de Ocosingo, quien en un primer momento rechazó investigar el caso.

El entonces juez Mixto de Primera Instancia en Ocosingo, Mariano Domínguez Hernández, emitió una sentencia absolutoria que no consideró elementos nuevos, por lo que el pasado 1 de abril Elmar Darinel Díaz Solórzano fue puesto en libertad. A la semana de su resolución, el juez enunció.
Omara aseguró que durante el juicio hubo tráfico de influencias a favor del ex diputado federal, ya que se enteraron de la liberación prácticamente por “accidente”, pues un día la hija menor de Tatiana volvió de visitar a su abuela paterna y dijo: “Tía, mi papá va a salir libre muy pronto”.

Ante el dicho de la niña, la familia de Tatiana se trasladó al municipio de Villaflores, donde se ubica el Centro de Reinserción Social número 8 y en el que estaba preso el asesino. Al llegar al lugar la familia se enteró de que Elmar ya no estaba ahí, pero que seguía preso en otro penal; asimismo supo que el expediente había sido llevado a Ocosingo.

Omara cuenta: “Cuando me presenté ante el juez Domínguez Hernández me negó toda respuesta y me dijo que a él no le había llegado ningún expediente. Nuestra sorpresa fue que días después Elmar fue liberado, sin que se nos fuera notificado”.
La familia presentó una queja administrativa en contra del ocultamiento de información.

Tras la excarcelación de Elmar, la familia y la Fiscalía interpusieron un recurso de apelación que fue resuelto por la Sala Regional Mixta Zona 03 del Tribunal Superior de Justicia del estado de Chiapas el pasado 25 de junio.

La Sala ordenó su reaprehensión y dictó la pena mínima de 25 años de prisión por homicidio calificado y estableció un monto de 43 mil 41 pesos como reparación del daño. Sin embargo hasta la fecha Díaz Solórzano está prófugo.

Cimacnoticias entrevistó a la abogada Luisella Preciado Gómez, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, explicó que la sentencia no es la adecuada, pues no toma en cuenta el contexto de violencia sistemática, las particularidades personales de Elmar Darinel, así como las agravantes respecto al modo y circunstancias en las que se cometió el crimen.

Y aseguró que la cantidad fijada por reparación del daño es limitada y no contempla una indemnización integral por la magnitud del hecho, ni considera los gastos de pensión para los tres menores de edad que le sobreviven a Tatiana.

La abogada agregó que existe una gran indignación respecto a la impunidad en el asesinato de Tatiana, y consideró el caso como una muestra más de que la justicia en Chiapas no tiene visión de género y deja en total desamparo a las mujeres.

Pese a estar prófugo, Elmar Darinel, a través de su abogado, se amparó contra la sentencia que lo condena a 25 años de prisión. El recurso fue admitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con número 702/2014.

Por su parte, la familia de Tatiana interpuso el pasado 13 de agosto un amparo directo contra la sentencia, que aún no ha sido admitido, para que se amplíe la condena por homicidio calificado a la pena máxima de 50 años de prisión y aumente el monto por la reparación del daño.

AUTORIDADES DE CHIAPAS ACTUAN CON “TIBIEZA” 

En el estado de Chiapas ninguna persona ha sido condenada con la sentencia máxima (60 años de prisión) por el delito de feminidicio, el cual fue reconocido en la entidad desde noviembre de 2011.

De acuerdo con una solicitud de información hecha por Cimacnoticas y publicada el 11 de septiembre, los datos del Poder Judicial del estado señalan que de 2012 a la fecha se se han registrado de manera oficial 94 casos por el delito de feminicidio en la entidad. De estos casos, 69 personas han sido acusadas por este crimen, de las cuales 15 tienen sentencia condenatoria.

La pena por el delito de feminicidio es de 25 a 60 años de prisión. Sin embargo, una persona condenada por este delito fue sentenciada a cuatro años y seis meses de cárcel.

Existe también los casos de dos menores de edad que fueron sentenciados a dos años de reclusión en un centro de readaptación para menores infractores.

Los jueces de Chiapas han preferido dar sentencias mínimas a las personas condenadas por este delito. De ellos 10 han recibido 25 años de prisión como castigo. Sólo una persona ha recibido una sentencia de 33 años y nueve meses, y la condena más alta es de 50 años de reclusión.

Activistas defensoras de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas denunciaron que el 65 por ciento de las 221 muertes violentas de mujeres ocurridas en el estado de 2012 a lo que va de 2014 han sido casos de feminicidio. Sin embargo, la autoridad no ha considerado así todos los casos.