Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).– México será evaluado por la Organización de la Naciones Unidas (ONU) en materia de derechos humanos y de acuerdo con organizaciones civiles, estudios y analistas, el país que gobierna el Presidente Enrique Peña Nieto debe bastantes cuentas en desapariciones forzadas, migrantes, cárceles, mujeres, indígenas y niños.
Según un Informe conjunto presentado por 33 organizaciones de la sociedad civil mexicana para la segunda ronda del Examen Periódico Universal a México, el periodo que comprende la revisión del Examen Periódico Universal (EPU) está enmarcado en un contexto de violencia generalizada.
“Se han implementado políticas de seguridad basadas en la militarización de los espacios públicos, donde las violaciones a los derechos humanos han aumentado exponencialmente. Es imposible dejar de mencionar las cifras de la emergencia humanitaria que se ha vivido en los últimos años en México, que rondan entre las 60 mil a las casi 100 mil personas asesinadas, así como 25 mil personas desaparecidas, cientos de miles de personas desplazadas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos perseguidas y asesinadas”, dice el documento.
Las organizaciones firmantes establecen que México enfrenta un deterioro en materia de derechos humanos y que no cumplió con sus obligaciones internacionales en derechos humanos.
“En el contexto del EPU, el Estado mexicano no ha creado ningún mecanismo incluyente para dar seguimiento a las recomendaciones recibidas. Igualmente, no se ha visto un cambio en las recomendaciones no aceptadas en el último EPU relativas al tema de fuero militar, arraigo y justicia transicional. En el caso de los crímenes del pasado, estos se mantienen en la impunidad, después de que la mayoría de las investigaciones abiertas ante la Femospp fueran trasladadas a la CGI2”, dice.
México durante el periodo de análisis de este examen, fue sancionado en cinco ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) y el Estado no ha dado cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el organismo internacional.
Aunque las violaciones a los derechos humanos son muchas en México, el gobierno de Peña Nieto sigue con la misma tendencia de su predecesor, el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, y se hace de la “vista gorda” ante las recomendaciones que llueven desde los organismos nacionales, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e internacionales como la COIDH.
Ayer, Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional para México dijo que el Gobierno de México “debe hacer más” por la defensa de los Derechos Humanos en ese país, además de limitarse a pronunciar “buenas palabras” por esa causa.
Mediante una nota emitida desde Londres, esta organización consideró que el Ejecutivo mexicano “continúa haciendo la vista gorda” ante casos de violaciones de derechos humanos cometidos en México.
El comunicado de AI se publicó dos días antes de que México sea sometido a la evaluación de la ONU, después de que el país presentara el pasado agosto un informe sobre sus acciones en la materia durante los últimos cuatro años.
“El nuevo gobierno, al igual que el anterior, afirma que la protección de los Derechos Humanos se encuentra en el centro de sus políticas de seguridad, pero, sin embargo, detenciones arbitrarias, torturas y tratos vejatorios y desapariciones continúan impactando las vidas de miles de mexicanos”, lamentó Rupert Knox.
Y desde México las voces de los activistas y especialistas en derechos humanos claman porque se elimine la figura del arraigo, se detengan y esclarezcan las desapariciones forzadas, se respeten los derechos humanos de los migrantes centroamericanos en su paso por el país y se tomen en cuenta los derechos humanos de indígenas, mujeres y niños.
ARRAIGO
De acuerdo con las 33 organizaciones firmantes del informe conjunto previo al EPU, la figura del arraigo “continúa siendo aplicada de manera excesiva y extensiva”.
“El arraigo es utilizado como un medio para investigar a presuntos delincuentes, que en la práctica se utiliza para que las autoridades gocen de más tiempo para imputar responsabilidades penales. Con ello, se detiene para investigar, no se investiga para detener. La legislación no establece los lugares en los cuales debe de ser aplicada esta medida, permitiendo el arraigo incluso en cuarteles militares. Aunado a ello, no existe un recurso efectivo en contra de la medida, pues el amparo no resulta eficaz; de 324 amparos solicitados, 96% fueron negados”.
Pero a pesar de que México ha sido llamado en varias ocasiones a eliminar la figura del arraigo, en mayo de este año la Cámara de Diputados aprobó con 389 votos a favor, 32 en contra y 14 abstenciones y con el voto en contra reformas al artículo 16 de la Constitución Mexicana para reducir el periodo de arraigo de 40 a 20 días.
Organizaciones como Human Rigths Watch, Amnistía Internacional y Sin Fronteras reaccionaron y solicitaron al Senado mexicano desaparecer de la Constitución la figura del arraigo pues origina violaciones a los derechos humanos y negligencia en los cuerpos policiales.
El director para América de Human Rights, José Miguel Vivanco, dijo que Congreso Mexicano no sólo debería rechazar un proyecto de reforma constitucional sobre el arraigo, sino eliminar esa práctica de la Constitución, porque no se adecua a las normas internacionales de derechos humanos.
La directora de Sin Fronteras, Nancy Pérez García y el director de Amnistía Internacional, Daniel Zapico, coincidieron en que el arraigo es una figura violatoria de los derechos humanos.
Apenas el 14 de octubre pasado la Procuraduría General de la República (PGR) arraigó a 7 mil 984 personas entre diciembre de 2006 y marzo de 2013, según se dio a conocer en cumplimiento a una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
Los arraigos están relacionados con personas acusadas de delitos de alta incidencia: delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, tráfico de indocumentados, posesión de vehículo robado en el extranjero y robo equiparable y posesión de vehículo robado.
La PGR precisó que del total de personas arraigadas, solo 464 fueron liberadas. Además dio a conocer estos datos por entidad federativa, año y delito, así como personas liberadas, procesadas, enjuiciadas y sentenciadas.
Los estados con mayor número de arraigos son: Baja California, 560; Sonora, 411; Hidalgo, 110; Sinaloa, 97; Aguascalientes, 91; Tamaulipas y Jalisco, 84, respectivamente; Nuevo León, 76; Oaxaca, 73 y Chihuahua, 72.
Inicialmente, la Procuraduría informó que de acuerdo con los datos de la Dirección General Adjunta de los Centros Federales de Arraigo de la Policía Federal Ministerial, había un registro de 10 mil 573 personas arraigadas en el periodo solicitado (del 1 de enero de 2006 a abril de 2013).
Sin embargo modificó su respuesta y, por conducto de la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), informó que de diciembre de 2006 a marzo de 2013 fueron arraigadas 7 mil 984 personas.
DESAPARICIONES FORZADAS
En México todos los estudios de las organizaciones civiles nacionales, pero en especial las internacionales, apuntan a que en las cifras de desaparecidos la desaparición forzada –en la que está presente la participación de autoridades de forma directa o en complicidad con el crimen organizado–, es el común denominador.
Pero de forma oficial, el Gobierno Federal que encabeza Enrique Peña Nieto no ha dado cuenta de cuántos de los 26 mil desaparecidos de su lista están catalogados dentro de esta clasificación, dijo Daniel Zapico, representante en México de Amnistía Internacional (AI).
“El problema no sólo es de esta administración pero el nuevo gobierno no sólo no ha hecho nada por investigar los casos que ya existían cuando llegó al poder, sino que siguen ocurriendo más, y como ejemplo tenemos los casos de cuatro personas que desaparecieron a manos de la Marina en Nuevo Laredo, Tamaulipas y de los cuales no se sabe nada”, agregó Zapico.
El caso reciente de Armando Humberto del Bosque Villarreal y de los menores de edad Raúl David Álvarez Gutiérrez, José de Jesús Martínez Chigo y Diana Laura Hernández Acosta, es emblemático durante la gestión de Peña Nieto, lo que motivó incluso una carta del Secretario General de Amnistía Internacional a nivel global, Salil Shetty, dirigida al Presidente de México, donde le solicitó medidas urgentes para proteger la vida e integridad de estas personas.
“Reconocemos que se hizo un buen intento al inicio de la nueva administración al dar a conocer la cifra de 26 mil desaparecidos, de la cual nosotros hemos dicho que tiene serios problemas metodológicos, pero no hay cambios concretos, ni un reconocimiento efectivo de la magnitud de las desapariciones forzadas por parte de este gobierno. No sabemos cifras exactas, sólo las que vamos recabando las organizaciones con nuestros recursos limitados”, precisó Zapico.
En su informe anual de actividades de 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), estableció que del total de desapariciones en el país, existen 2 mil 106 expedientes abiertos sobre desaparición forzada. Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch (WRW) y asociaciones civiles locales de Coahuila y Nuevo León han dado cuenta de la gravedad del problema en México.
En el informe “Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada”, que presentó en febrero la organización Human Rights Watch, se estableció que miembros de las fuerzas de seguridad participaron en numerosos casos de desaparición forzada.
Prácticamente en ninguno de estos casos las víctimas fueron halladas ni se llevó a los responsables ante la justicia. La organización documentó casi 250 desapariciones ocurridas durante el Gobierno del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, y en 149 de esos casos Human Rights Watch encontró pruebas contundentes de desapariciones forzadas en las cuales tuvieron participación agentes estatales.
En 149 de los casos HRW comprobó que participaron fuerzas de seguridad del Estado y de éstos, en 60 de ellos, cuenta con pruebas testimoniales, documentos oficiales, fotografías y videos que comprometen a servidores públicos, miembros del Ejército, la Marina y policías federales y estatales en colusión con el crimen organizado para perpetuar estas desapariciones.
Estas víctimas no tenían antecedentes penales, provienen de familias de escasos recursos. Son maestros, mecánicos, obreros y algunos de ellos policías municipales secuestrados por sus mismos compañeros como ocurrió en el municipio de Apodaca, Nuevo León.
En junio Amnistía Internacional publicó el informe “Enfrentarse a una Pesadilla: La desaparición de personas en México”, donde expuso que de un total de 152 casos de desapariciones forzadas estudiadas en siete estados del país, en 85 estuvo involucrado uno o más funcionarios públicos.
Amnistía reveló que la mayor parte de las desapariciones se realizaron en Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Michoacán y Guerrero, en la mayoría de los casos, con la ayuda de autoridades.
“La organización cree que, sobre la base de la información disponible, en al menos 85 casos hay indicios suficientes de implicación de funcionarios públicos, lo que convierte lo convierte en un delito de desaparición forzada tal como está tipificado en el derecho internacional”, plantea el documento.
La organización resaltó en esa ocasión que pese a las denuncias e indicios que existen sobre muchos desaparecidos sólo se tienen dos sentencias condenatorias durante el periodo 2006-2012 por la Procuraduría General de la República (PGR). Ambos casos estaban relacionados con delitos ocurridos en 2009 y las condenas se lograron gracias a confesiones.
En Nuevo León, la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) reveló en su informe que corresponde al año 2012, que del total de los expedientes abiertos en la categoría de desapariciones en el estado, 73% fueron forzadas.
En Coahuila, la asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec) registró entre 2007 y 2012 un total de 297 personas desaparecidas, de las cuales 177 fue el crimen organizado directamente el responsable y en 34 se reconoció la partición directa de agentes del Estado, mientras que en 86 de los casos se desconoce el perpetrador.
En marzo de este año, 33 organizaciones denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que 100% de las desapariciones forzadas en México, Colombia, Guatemala y Perú están impunes.
“La práctica de la desaparición forzada no es algo del pasado, sino que se sigue realizando hoy en al menos tres de los cuatro países aquí representados, y persiste la impunidad de sus autores materiales”, dijo el abogado Carlos
Rodríguez Mejía, ex presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, según citó la agencia EFE.
Mejía lamentó la “falta de eficiencia y de voluntad política para buscar a los desaparecidos”, la “tendencia a negar la existencia de la desaparición forzada” y la “falta de coordinación de las entidades” en esos cuatro países.
Sobre México, Nadin Reyes, del Comité Hasta Encontrarlos, dijo que en la actual administración existe una falta de voluntad política para resolver los casos, donde la impunidad es de 100% pues no se investiga, ni se castiga a los autores materiales de los crímenes.
Diana Iris García, de Fundem, lamentó que Peña Nieto no haya reconocido a las desapariciones forzadas en un listado público y que el país carezca de un banco de datos oficiales, categorizados.
José Miguel Vivanco de Human Rights Watch dijo a principios de año que ni la dictadura militar en Brasil ni la de Chile, Argentina y la Guerra Sucia en México, dejó tantos desaparecidos como el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
El directivo dijo que la situación mexicana supera las experiencias que Latinoamérica vivió en el pasado.
La cifra oficial de desaparecidos en Brasil durante la dictadura militar fue de 137 personas, mientras que en Chile con Augusto Pinochet fueron 3 mil, en Argentina la cifra ascendió a las 10 mil y durante la Guerra Sucia en México a 500, cantidades rebasadas por mucho durante la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, explicó.
“Este fenómeno constituye una de las crisis más grandes de América latina en las últimas décadas, por las cifras, por el número de desaparecidos, por la falta de investigación, por la impunidad local”, dijo Vivanco en esa ocasión.
Zapico de AI explicó que la historia más reciente de las desapariciones forzadas en el país data de los años 60, crímenes sin resolver que se magnifican con el paso del tiempo.
“La desaparición es un crimen que se comete cada día que continúa desaparecida una persona. Eso es lo que establece el marco jurídico, no porque sean del pasado, no existen, ahí están y diariamente se están repitiendo”, expuso.
Aunado a este clima de impunidad de desapariciones forzadas, tanto el gobierno de Calderón y el de Peña Nieto enviaron a la calle a los familiares a investigar los casos.
MIGRANTES: UNA MANCHA DE SANGRE EN MÉXICO
Han pasado tres años. Pero la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, todavía está fresca en la memoria. Aquel 22 de agosto, México recibió la noticia del hallazgo de los cuerpos de 58 hombres y 14 mujeres maniatados, ejecutados por la espalda y apilados en un terreno baldío. Los muertos provenían de Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Brasil.
El crimen se conoció gracias a que un ecuatoriano logró huir de sus secuestradores y de la muerte (a pesar de que le dispararon) y reveló el lugar donde estaban abandonados los cadáveres.
Una semana después de la masacre cometida por el crimen organizado, el gobierno del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa lanzó un programa para “proteger a los indocumentados de paso” por el país a través de cinco medidas: establecer convenios de colaboración con los gobiernos de los estados de la Ruta del Migrante, desarticular a las bandas tratantes de personas, vigilar las vías férreas, un plan para informar sobre los peligros en el cruce por México y mejorar la atención a las víctimas extranjeras.
Pero el plan de Calderón –hoy becario de Harvard– solo se quedó en buenos deseos, mientras que el nuevo gobierno priista de Peña Nieto ha dejado fuera cualquier estrategia de protección para los migrantes.
“En términos prácticos, no creemos que hayan servido los compromisos que se desprendieron después de la masacre, porque no se han cumplido. El programa se dio durante la administración anterior, pero la obligación de proteger a los migrantes y a los activistas sociales que luchan por ellos, no se está cuidando tampoco en la presente administración. No se están dando los pasos adecuados para perseguir a quienes cometen abusos, asesinan y secuestran a los indocumentados”, dijo Daniel Zapico de AI México.
Zapico agregó que la situación de los indocumentados en su paso por el país, no es mejor que hace tres años.
“Hay una enorme preocupación porque no sabemos cómo piensan el Gobierno Federal abordar este problema”, señaló.
Los derechos humanos de los migrantes que recorren México no tienen validez ante las autoridades, el mismo Instituto Nacional de Migración (INM), los persigue y no los protege.
Fray Tomás González Castillo, director del albergue La 72 de Tenosique, Tabasco, un activista social que permanece amenazado de muerte, dijo que el Estado mexicano no aprendió nada de la masacre de San Fernando.
“Al contrario: no se ha hecho nada. Estamos a tres años y no hay justicia ni reparación del daño. Hace unos días tuvimos contacto con dos familiares de los masacrados, una señora de Guatemala que perdió a su esposo y otros parientes, y una mujer de Brasil. La brasileña nos dijo que el gobierno mexicano le mandó un cuerpo que no es el de su familiar”, narró el sacerdote.
Fray Tomás llegó a Tenosique poco después de la matanza de Tamaulipas para encabezar el programa migrante en la iglesia del municipio. En un principio su labor solo consistía en alimentar a los indocumentados en la parroquia, pero al percatarse de la realidad que vivían los centroamericanos y sudamericanos, se convirtió en un activista y fundó el albergue La 72 en memoria de los migrantes masacrados en San Fernando.
Desde entonces el sacerdote vive amenazado, pues reconoce a cada uno de los delincuentes de las bandas del crimen organizado que operan en las vías del tren (que están a unos 500 metros del albergue) y que secuestran, extorsionan, asesinan y violan a los indocumentados.
Fray Tomás aseguró que continúa amenazado de muerte por las bandas delictivas de trata de personas que operan en el lugar y que Rubén Figueroa, miembro del Movimiento Mesoamericano, uno de los principales apoyos del religioso en la casa de indocumentados, tuvo que huir de Tenosique en junio para salvar su vida.
“Se fue porque denunciamos las amenazas de muerte y la policía agarró a dos maleantes, pero los soltó porque dijeron que no había pruebas en su contra, a pesar de que nosotros tenemos muy bien ubicados a esos criminales que operan en las vías del tren”, dijo el religioso.
A finales de mayo, especialistas en materia migratoria dijeron a SinEmbargo que México debe desarrollar instituciones y capacidades que reconozcan los derechos humanos de los migrantes centroamericanos y legalicen la migración al país, pues de lo contrario podrían victimizarse aún más los migrantes que cruzan por la frontera sur.
Andrew Selee, vicepresidente de Programas del Woodrow Wilson Center for International Scholars (WWICS), alertó que cuando Estados Unidos aprobara su reforma migratoria, México podría endurecer aún más su frontera sur.
“México no debe imitar a Estados Unidos para tener una política fronteriza, tiene que innovar para tener la suya. Yo creo que ahí requiere de capacidades que no tiene el gobierno mexicano pero que necesita desarrollar, como separar a la gente que viene a trabajar para que tengan acceso legal y que no son parte del flujo de paso que se trata de parar”, dijo.
El país tiene como reto contar un régimen de control de la frontera Sur a través de un servicio migratorio profesional, basado en conceptos de derechos humanos y procesarles, explicó.
“Si México empieza a endurecer la frontera sur sin tener las instituciones y procesos adecuados, habrá más victimización de los migrantes y será una mancha al exterior y ante sus propios ciudadanos. Uno de los dilemas de los derechos de los migrantes es justo que ellos son débiles para poder reclamar sus derechos. Existen violaciones de sus derechos aún con instituciones fuertes como en Europa o en Estados Unidos porque no están en posiciones de apelar”, dijo Selee.
En México, subrayó, se necesita generar canales legales de migración con Centroamérica.
“Para los que van y vienen. Hay muchos guatemaltecos que vienen en temporadas a trabajar a México y se regresan a su país. No se había puesto atención hasta que nos enteramos de la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, pero aun así, no hemos visto hasta ahorita el nivel de atención para que México invierta en instituciones fuetes y basadas en derechos humanos”, dijo. Luis Rubio, presidente del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), agregó que México debe regular sus flujos migratorios.
“El país debe tener una función distinta a sólo ser un actor pasivo en el proceso. Debe convertir esta potencial Ley Migratoria en una plataforma conjunta con los Estados Unidos y Centroamérica”, agregó.
Lo cierto es que, mientras Estados Unidos levanta sus muros, en México se cavan las fosas para enterrar a los migrantes, reflexionó Fray Tomás, entristecido por la situación que vive en carne propia, diariamente en la frontera sur del país.
“En el tema migratorio no hay una política social ni económica. Es fallido”, dijo.
NUEVAS FORMAS DE AGRESIÓN CON EPN
En el tema migratorio, la administración de Enrique Peña Nieto, no sólo no cuenta con avances, sino que la situación empeoró en lo que va del año, dijo Javier Urbano Reyes, coordinador del Programa de Asuntos Migratorios (Prami) de la Universidad Iberoamericana (UIA),
El especialista explicó que el Gobierno Federal solo se quedó en declaraciones y buenas intenciones, pero en poco trabajo de campo.
“La situación respecto a la administración de Felipe Calderón no se ha movido, se ha agravado. Hace un año o dos el cobro de los 100 dólares arriba del tren a los migrantes no existía, es un tema de esta administración. Se agravaron las violaciones a las mujeres, se multiplicaron las extorsiones, secuestros, han aparecido cosas emergentes, no solo no mejora sino que empeora”, dijo.
Javier Urbano detalló que es preocupante el desconocimiento de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) de la legislación, así como el desconocimiento del tema por los gobiernos locales. Agregó que hace falta capacitación a las autoridades migratorias, así como una verificación efectiva de la Ruta del Migrante.
“Un punto que me preocupa es la falta de protocolos de protección para los defensores de migrantes. Las amenazas han empeorado durante esta administración. Por último en el tema de los desaparecidos, no existe una estructura formal para la búsqueda de los migrantes que desaparecen en su paso por México”.
Urbano propuso que el Gobierno Federal revise la legislación y le otorgue más facultades para actuar en la materia a los gobiernos locales.
“Está muy centralizado todo, hay que darle mayor flexibilidad a la Ley para que actúen los gobiernos”, indicó.
El experto agregó que México puede ser un ejemplo en materia de cooperación etiqueta recursos para apoyar a los países centroamericanos que expulsan migrantes.
“Es la única forma de que no salgan de sus países. México tiene muy bien identificados de qué regiones vienen. Vía del incentivo de desarrollo se podría ayudar a que no se vengan para acá. Los que trabajamos con ellos no quisiéramos verlos en el tren”, dijo.
PUEBLOS INDÍGENAS
“Las condiciones de pobreza y marginación de los pueblos indígenas siguen estando marcadas por la desigualdad reflejado en la falta de acceso a salud, y a la educación. Los recursos aplicados en las políticas y programas públicos continúan siendo utilizados como mecanismo clientelares y asistencialistas. El Estado debe de crear programas que aborden directamente las causas estructurales de la pobreza en comunidades indígenas, con perspectiva de género y etnicidad”, dijeron las 33 organizaciones firmantes del informe con motivo del examen de la ONU.
Los activistas y expertos señalaron en ese documento que la lucha por su autonomía desató una violencia extrema en los pueblos indígenas con la complicidad del Estado mexicano y los gobiernos locales.
“La Constitución no considera mecanismos que protejan a los pueblos indígenas de los actores estatales y no estatales que buscan ocupar sus territorios indígenas, bajo argumentos falsos de promoción del desarrollo, expansión de mega proyectos de industrias extractivas, de represas y eólicos, promovidos por la iniciativa privada y el Estado afectando directamente los derechos de los pueblos indígenas”.
Uno de los ejemplos de esta lucha es la defensa que sostiene desde 2010 el pueblo Yaqui d la Cuenca del Río Yaqui en contra del proyecto Acueducto Independencia de Guillermo Padrés Elías, actual gobernador de Sonora.
La obra, que tiene un costo de 3 mil 860 millones de pesos, inició su construcción a finales de 2010 para llevar 75 millones de metros cúbicos de agua anuales del Río Yaqui, en la presa Plutarco Elías Calles (El Novillo) hasta la ciudad de Hermosillo a través de 172 kilómetros de tubería de acero.
Andrea Ulisse Cerami, abogado del Área de Defensa y del Área de Políticas Pública del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), consideró en febrero que el gobierno de Sonora violó derechos humanos de la etnia, incluso con ataques a los opositores del acueducto y al menos dos órdenes judiciales dictadas por jueces de Ciudad Obregón para detener la obra.
La Semarnat para otorgar la autorización a la Manifestación de Impacto Ambiental sólo evaluó el impacto de la tubería, pero omitió los efectos sobre el agua, argumentando que es competencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), detalla.
El abogado de Cemda dijo que el acueducto es un proyecto que impacta en extremo y que la Ley de Aguas Nacionales prevé como última medida el extraer agua de una cuenca hídrica a otra.
Según el Cemda, el Acueducto Independencia generará alteraciones a los patrones hidrológicos de la región, afectará los humedales que son abastecidos de agua por los ríos que se pretenden desviar, pondrá en riesgo la Región Terrestre Prioritaria (RTP) Bavispe-El Tigre localizada en la Cuenca del Río Yaqui y a la Región Hidrológica Prioritaria (RHP) Río Yaqui-Cascada Basaseachic.
Las autoridades sonorenses violaron derechos de los agricultores y del pueblo indígena según la recomendación número 37 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitida el año pasado y dirigida a la Semarnat y al gobernador Guillermo Padrés.
En esta recomendación la CNDH enfatizó sobre el mal manejo del conflicto por el agua del gobierno del panista, pues generó división y ataques entre los habitantes de Ciudad Obregón y Hermosillo debido a “la falta de implementación de políticas públicas por parte del Gobierno de la citada entidad federativa, a fin de evitar un conflicto social debido a la percepción de escasez de agua, su abastecimiento inequitativo, la construcción del Acueducto Independencia y la violación de los derechos al debido proceso, a la garantía de audiencia y a la consulta del pueblo yaqui, por parte de la Semarnat”.
MUJERES:DEUDA DEL ESTADO MEXICANO
El examen de la ONU llega justo cuando un caso sobre abuso y violación de derechos humanos en contra de una mujer destapó la discusión sobre el trato que reciben las mujeres en las Agencias del Ministerio Público y por los jueces cuando denuncian un abuso sexual, una violación y hasta un intento de asesinato.
Hace más de un mes que María de la Luz Salcedo Palacios, de 18 años de edad y conocida como “Lucero”, fue agredida en Guanajuato por un joven porque se negó a tener relaciones con él. La golpeó y, de acuerdo con el testimonio de la joven, la intentó asesinar.
La joven denunció a su agresor, sin embargo el hombre que la golpeó sigue en las calles y la muchacha fue revictimizada.
El pasado 11 de octubre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) decidió atraer el caso para continuar la investigación.
En rueda de prensa, el ombudsman del estado, Gustavo Rodríguez Junquera, explicó que son tres cuestiones las que se investigan en el caso: el trato que dio la Policía Federal a la joven, la falta de protocolos en el Hospital General de Guanajuato y las presuntas omisiones por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJEG) al abordar el caso.
“Lo que sigue para la Procuraduría de los Derechos Humanos es seguir pegados con ella, seguir en un acompañamiento, si la CNDH ve una conveniencia en desahogar más pruebas, vamos a estar en coadyuvancia en esa parte (sic)”, dijo.
José Zamora Grant, director de la sexta visitaduría de la CNDH, indicó que el organismo federal atrajo el caso de Lucero debido a la gravedad y relevancia del mismo, así como por el involucramiento de elementos de la Policía Federal.
Además dijo que debido al avance que lleva la investigación realizada por la PDHEG, el organismo federal emitirá las recomendaciones correspondientes en un corto plazo.
“No habrá retrasos, no habrá dilaciones y mucho menos por cosas injustificadas para determinar lo más pronto posible el expediente”.
Según organizaciones mexicanas de derechos humanos, la vulnerabilidad de las mujeres en el país va en incremento debido a los abusos del Estado Mexicano.
“La vulnerabilidad de las mujeres se ha acrecentado por un conflicto armado y las estrategias de seguridad pública, ocasionando actos de extrema violencia contra las mujeres como la violencia sexual por parte de militares y grupos del crimen organizado”, dice el documento elaborado por 33 organizaciones.
“El OCNF registró de enero de 2011 a junio de 2012, 3 mil 976 mujeres y niñas desaparecidas en 15 estados, de éstos el 54% sucedieron en los estados de Chihuahua y Estado de México; en 51% de los casos las mujeres tenían entre 11 y 20 años de edad. A pesar de ello, la denuncia de desaparición de mujeres y niñas no es prioridad del Estado, mientras que el contexto de inseguridad ha provocado el incremento en la venta y explotación de mujeres”.
¿CÓMO EVALUARÁ LA ONU EL CASO DE MANUELITO?
El 24 de junio de este año un video dio la vuelta a México y causó indignación entre la sociedad mexicana.
Era el video de un niño conocido como “Manuelito” vendedor de dulces en Villahermosa, Tabasco, humillado por un funcionario público.
Las imágenes fueron difundidas por Francisco Castillo Ramírez, Diputado local de Tabasco por el Partido Acción Nacional (PAN), a través de su cuenta de Twitter, donde se observa a un menor de edad llorando y aventando unos dulces que vende al suelo, mientras que un hombre que porta un gafete lo obliga a ello.
Después de que el niño tira toda su mercancía, el inspector Juan Diego López Jiménez se retira y se lleva tres cajetillas de cigarros que al parecer retiró de la canasta del pequeño.
Gracias a la presión de las redes sociales y la difusión de los medios de comunicación, ese mismo día se cesó al funcionario de su cargo en el Ayuntamiento de Villahermosa.
Faustino Adolfo Torres Álvarez, director de Fomento Económico y Turismo del municipio dijo: “Se decidió su cese definitivo, se le separa de su cargo y se van a seguir todos los procedimientos jurídicos, administrativos, todo conforme a la Ley con los tiempos correspondientes, pero la decisión es buscar su cese y ya se separó de manera inmediata de su cargo. Se le está por informar en breve”, dijo.
Torres también utilizó el twitter para informar sobre el caso. En uno de sus tuits @FaustinoTorres indicó que: “he comentado que en efecto ya habíamos tenido algunas quejas sobre dicha persona, mismas que hicimos saber al coordinador Zona Luz”.
Las quejas a las que se refirió el directivo aludieron a malos tratos, descortesía y omisión de su trabajo, que ameritó solo amonestaciones personales.
“En particular hemos recibido algunas quejas menores de comerciantes y ambulantes, menores y lo reprendimos como amonestación personal”.
La identidad del niño fue un misterio durante ese día, luego se supo que se trataba de un pequeño indígena originario de Chiapas, que estaba de vacaciones en Villahermosa y trabajaba vendiendo dulces para comprar sus útiles escolares.
Todos le prometieron ayuda: la Primera Dama del país, Angélica Rivera de Peña, un proyecto productivo para su madre y Arturo Núñez, Gobernador de Tabasco, una beca.
Hace unos días el mandatario dijo a SinEmbargo que el niño goza de una beca del gobierno tabasqueño, pero es de corto plazo.
“No se ha planteado un seguimiento para el niño, pero lo que corresponde a mi gestión lo vamos apoyar”.
El Gobernador de Tabasco dijo que Feliciano de 10 años, mejor conocido como Manuelito, goza de un apoyo económico para la adquisición deus útiles escolares.
“Nosotros le ofrecimos una beca, la familia luego no se nos presentó y hubo la información de que no se la habíamos otorgado, pero a través de las autoridades de Chiapas lo buscamos, dimos con él y ya disfruta de su beca para comprar materiales escolares, uniformes y todo lo que tiene que ver con sus estudios”, expuso.
Núñez Jiménez reconoció que el niño sólo disfrutará del apoyo tabasqueño, mientras dure su administración y no hay ningún proyecto para darle continuidad para sus estudios futuros.
En cuanto al apoyo de Angélica Rivera, Manuelito regresó a clases el 20 de agosto como el resto de los 26 millones de alumnos en México, sin la ayuda prometida.
En el paraje llamado Romerillo, en la comunidad de Tenejapa, del municipio de San Juan Chamula, uno de los municipios más marginados y pobres de Chiapas, Feliciano acudió a su primaria bilingüe “Josefa Ortiz de Domínguez”.
Su madre Andrea, de 27 años, dijo a un medio local, Reporte Ciudadano, que no llegó “el proyecto productivo y la instalación de una papelería que brinde servicio de fotocopiado e impresión”, como lo anunció Angélica Rivera, presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) nacional.
Rivera de Peña, también instruyó apoyar con becas, Seguro Popular y una papelería para que la familia del niño Feliciano Díaz mejorara sus ingresos.
En un comunicado, el DIF nacional destacó que desde el día en que se dieron a conocer los hechos “han estado pendientes del caso y que coordinará las acciones necesarias para dar la atención oportuna, con el trabajo conjunto del Sistema Estatal DIF de Chiapas, de donde es originario el infante, para que el menor ejerza sus derechos y sea protegido”.
La situación de los niños vendedores en las calles de Villahermosa no era nueva para el gobierno municipal y estatal, pues dos años antes de lo que ocurrió a Manuelito, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) tabasqueña realizó un estudio sobre los pequeños que venden dulces y cigarros en el centro de la ciudad.
“Nosotros le entregamos al DIF un estudio sobre los niños en condición de calle, ahí pusimos énfasis en los que venden y que vienen de diferentes pueblos de la Chiapas”, dijo en agosto Sergio Miguel León, vocero del organismo.
Pero el documento solo se quedó en el escritorio de algún funcionario, como ocurre con el 50% de las recomendaciones que la Comisión emite en la entidad. Sergio León dijo que la autoridad que se lleva la mayor parte de las recomendaciones es precisamente el sistema de procuración de justicia de Tabasco, de las cuales solo acepta 50 por ciento.
“Tenemos tres rubros como los principales focos: el sector de justicia, educativo y de salud y todos andan igual, con un rechazo de 50% de los casos”, detalló.
Arturo Núñez dijo en entrevista, sin ahondar en el tema, que la Procuraduría General de Justicia de Tabasco investiga ya la situación de calle de los niños vendedores.
Como el caso de Manuelito, en México todos los días se vulneran los derechos humanos de los niños.
De acuerdo con Silvia Garza, presidenta de la organización Educadores sin Fronteras, en México no existen cifras exactas sobre el maltrato infantil.
“No hay registros de los casos de maltrato en México. Hay muchas instancias que están haciendo algo pero lo hacen de forma descoordinada. Mientras no haya esta armonía, coordinación, va a ser muy difícil que podamos realmente tener una modificación de comportamientos y conductas”, dijo.
Según la Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el año pasado se contabilizaron 2 mil 660 quejas de abuso en contra de niños, principalmente provenientes del seno familiar.
Y de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al día mueren dos infantes menores de 14 años por la violencia en el país.
El informe conjunto de 33 organizaciones civiles en el marco del examen de la ONU, dice que de 2006 a 2010, 994 niños y niñas murieron en la lucha contra la delincuencia organizada en México.
