Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).–  México recibió 180 recomendaciones en materia de derechos humanos durante el Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, de las cuales destacan la violencia en contra de las mujeres, la pobreza, el acceso a la alimentación, los ataques a defensores y periodistas y de nuevo la eliminación de la figura del arraigo.

Un grupo de organizaciones defensoras de los derechos humanos, organizados por el Centro ProDH, analizó la participación de la comitiva de 30 funcionarios mexicanos y determinó que el país sólo se limitó a llevar una lista de acciones legislativas, consideras por el gobierno mexicano como avances, pero omitió por completo mostrar las cifras de muertos, desapariciones forzadas, desplazados y pobres.

Agnieska Raczynska, secretaría ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, dijo que los representantes mexicanos no profundizaron en la realidad mexicana.

“Nos llamó la atención la carencia un diagnóstico de los últimos cuatro años en materia de Derechos Humanos. El gobierno no asume la realidad del Estado Mexicano que se vive en el país. El informe que presentó México lejos de ser integral, solo presume una serie de acciones como un listado de actividades, pero no se habla del impacto en la población de estas acciones”, dijo.

Pero al país le “llovieron” las recomendaciones de naciones como Malasia, China y Trinidad y Tobago en materia de erradicación de la pobreza y el hambre.

Otra de las recomendaciones donde fueron insistentes 17 países fue la erradicación de la violencia de género, la sanción del feminicidio y la armonización de todas las entidades en la tipificación de este delito.

El viernes México recibirá el documento de la calificación del EPU, con las recomendaciones y en marzo el país emitirá una respuesta sobre cuáles acepta y rechaza.

MÉXICO TIENE UN 6: CNDH

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, dio a México hoy una calificación de 6 en materia de derechos humanos.

México es evaluado hoy en Ginebra, Suiza, como parte el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para analizar la situación que guardan los derechos humanos en el país. A esta sesión también acudieron una treintena de organizaciones no gubernamentales, como público que no forma parte de la evaluación, con una larga lista de violaciones en la materia.

“Hablando de calificación creo que estamos entre un 6 y un 7, no estamos en condiciones de otros países, que están pues todavía apenas tratando de tener claro el tema de derechos humanos, México ha avanzado de manera muy importante, pero hacen falta muchos retos todavía por sacar adelante”, dijo en entrevista para Primero Noticias de Televisa.

Advirtió que “hace falta mucho todavía por avanzar en materia de derechos humanos, hemos, sin duda, llevado a cabo reformas importantes en el país, pero hace falta que esas reformas se lleven a la práctica, que se hagan realidad y que el tema de derechos humanos se traduzca en resultados claros en donde la Ciudad en general pueda en buena medida gozar de los mismos y disfrutarlos”.

Entre los avances en la materia, destacó la reforma en derechos humanos de 2011, pero condenó que todavía se abuse de la figura del “arraigo” implementada durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y fuertemente criticada por la actual administración.

“Persista todavía el arraigo como una práctica totalmente contraria a los estándares internacionales; el tema de una justicia que no logra llegar a la sociedad en general, en donde hay problema de impunidad de corrupción; la situación tan dramática de los pueblos indígenas y la violencia contra la mujer pues son aspectos que están aquí hoy por hoy están aquí en el ámbito internacional”, expuso.

MEXICO SE DEFIENDE

Según un informe conjunto presentado por 33 organizaciones de la sociedad civil mexicana para la segunda ronda del Examen Periódico Universal a México, el periodo que comprende la revisión está enmarcado en un contexto de violencia generalizada.

“Se han implementado políticas de seguridad basadas en la militarización de los espacios públicos, donde las violaciones a los derechos humanos han aumentado exponencialmente. Es imposible dejar de mencionar las cifras de la emergencia humanitaria que se ha vivido en los últimos años en México, que rondan entre las 60 mil a las casi 100 mil personas asesinadas, así como 25 mil personas desaparecidas, cientos de miles de personas desplazadas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos perseguidas y asesinadas”, dice el documento.

Ante estas aseveraciones, durante su comparecencia, el día de hoy, el Secretario de Relaciones Exteriores (SRE) José Antonio Meade Kuribreña subrayó que “en México la defensa y protección de los derechos humanos es una tarea indeclinable”.

Meade enumeró los avances en la promoción y defensa de estas garantías, y enfatizó la disminución de la violencia y la importante baja en las quejas ante la CNDH contra miembros de las fuerzas armadas.

Subrayó que “tenemos absoluta convicción que las políticas de seguridad y de derechos humanos en México deben estar plenamente articuladas”.

Afirmó que existe un nuevo enfoque en la atención a las víctimas de la delincuencia y de violaciones a derechos humanos.

Como ejemplo recordó que en enero pasado se publicó la Ley General de Víctimas, de alcance nacional y sin precedente, que cumple con los estándares internacionales en la materia.

En el tema de Justicia Militar, que motivó recomendaciones en el examen anterior, reveló que se trabaja para redefinir la competencia de la justicia militar.

“El Estado mexicano reconoce que ante situaciones que vulneren los derechos humanos de personas civiles, no debe operar la jurisdicción militar “, indicó.

LA EVALUACIÓN

En el caso de México, más de 80 países, de los 194 miembros de la ONU, hicieron observaciones durante una sesión que duró tres horas y media; Meade tuvo dos horas para responder a las observaciones, aclaraciones y aportaciones.

México durante el periodo de análisis de este examen, fue sancionado en cinco ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) y el Estado no ha dado cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el organismo internacional.

Aunque las violaciones a los derechos humanos son muchas en México, el gobierno de Peña Nieto sigue con la misma tendencia de su predecesor, el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, y se hace de la “vista gorda” ante las recomendaciones que llueven desde los organismos nacionales, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e internacionales como la COIDH.

Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional para México dijo que el Gobierno de México “debe hacer más” por la defensa de los Derechos Humanos en ese país, además de limitarse a pronunciar “buenas palabras” por esa causa.

Mediante una nota emitida desde Londres, esta organización consideró que el Ejecutivo mexicano “continúa haciendo la vista gorda” ante casos de violaciones de derechos humanos cometidos en México.

EL ESTADO MEXICANO CONTRA PERIODISTAS

El Estado mexicano no ha cumplido con las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (GT-EPU), realizado desde febrero de 2009, respecto a la erradicación de la impunidad en las agresiones contra periodistas con motivo de su labor de información y “sigue ausente la verdad, justicia y reparación”, expone el Informe para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), elaborado por Artículo 19 México.

Este mismo día, en el marco de la revisión del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los países miembros pidieron al gobierno de México, encabezado por Enrique Peña Nieto, reforzar la protección a defensores de esas garantías y a periodistas.

Desde la sede de la ONU en Ginebra, cerca de una veintena de países recomendaron fortalecer el Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Naciones como Colombia, Suiza, República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, Suecia, Hungría, Polonia, Portugal, España, Estados Unidos y Reino Unido, entre otros, alentaron al gobierno mexicano a incrementar los fondos económicos de este mecanismo y la cantidad y calidad de su personal.

Estas medidas deben estar encaminadas a garantizar su funcionamiento adecuado con el fin último de proteger la integridad de periodistas y defensores, plantearon.

Ante esa petición, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lía Limón, reconoció en rueda de prensa el reto que significa implementar el mecanismo dado que su creación es relativamente nueva “y sin referentes”.

El gobierno, destacó, ha pedido asesoría técnica a la organización Freedom House para perfeccionar este mecanismo y expuso que se cuenta con un fideicomiso de 13 millones de dólares “que ya se echó a andar para garantizar su funcionalidad”.

REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN, “INOCUAS”

En México, Artículo 19 plantea en su informe que las reformas a la Constitución son “inocuas” mientras no se modifique la legislación secundaria, mientras que los cambios y el marco institucional tanto en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), el programa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como en los mecanismos de protección y prevención contra la violencia no han derivado en resultados contundentes que favorezcan el ejercicio de la libertad de expresión en México.

La ONG que trabaja a nivel internacional para promover y proteger el derecho a la libertad de expresión e información afirma: “La política estatal de protección no ha cumplido su objetivo. La mayoría de agresiones contra periodistas provinieron de agentes del Estado, por lo que debería de adoptar protocolos y medidas al respecto para evitar y disminuir las agresiones. Además la mayor cantidad de agresiones siguen sin recibir castigo, evidenciando la omisión del Estado en sus deberes de prevención, investigación y sanción”, establece en el informe derivado del GT-EPU de octubre de 2013.

PIDEN INDICADORES “REALES” A LA CNDH

En su informe, Artículo 19 considera necesario que dentro de la CNDH se construyan indicadores de gestión reales que permitan alcanzar adecuadamente cada uno de los objetivos planteados por el Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles y divulguen a la ciudadanía sobre el avance de los mismos.

En 13 estados de la República Mexicana, denuncia, se mantienen delitos contra el honor. En cuanto la responsabilidad civil por menoscabo a la reputación o el honor, “no se han adoptado en todas las legislaciones locales las excepciones que protejan la libertad de expresión, situación que permite el acoso judicial a periodistas a través de demandas civiles”, añade.

Además, expone, “la falta de regulación adecuada para la publicidad oficial, constituye un peligro latente para libertad de expresión en tanto censura indirecta. El sector público atiende a criterios discrecionales de naturaleza eminentemente política para la distribución de las pautas en cuestión”, afirma.

AGRESIONES REGISTRADAS

Artículo 19 documentó que de 2009 a 2012 se cometieron 772 agresiones contra periodistas y medios de comunicación por razones presumiblemente vinculadas con su labor de investigar y difundir información.

Del total de esos actos violentos, 128 los cataloga como graves: 36 asesinatos, 32 armas de fuego o explosivos a instalaciones de medios, seis desapariciones y 23 privaciones ilegales de la libertad.

Además, destaca, desde 2011 comenzó a registrarse un fenómeno de desplazamiento forzado de periodistas debido al peligro inminente contra su vida e integridad personal, ascendiendo en dos años a 31 casos.

“A pesar del discurso oficial del Estado mexicano de que ‘el mayor agresor contra la prensa es el crimen organizado’, Artículo 19 ha documentado de 2009 a 2013 que agentes estatales continúan siendo el principal agresor contra la prensa con 51.03% (394 casos) de los ataques de la siguiente manera: federales (109 casos), estatales (160) y municipales (125)”, consigna en su informe.

Como mencionó hace cuatro años, con el inicio de la estrategia de lucha contra la delincuencia organizada emergieron actores particulares que se caracterizaron por ejercer actos de violencia contra periodistas y medios de comunicación con la finalidad de incidir en sus líneas editoriales. De esta forma: “Los grupos del crimen organizado han sido señalados como responsables de 13.76% de los ataques registrados en 2012 (106 casos). Además en 17.22% de los casos se desconoce la identidad de los responsables (133 casos). Otros actores privados que han agredido a la prensa son: particulares en un 7.12% (55 casos); fuerzas pertenecientes a partidos políticos en 4.92% (38 casos); y agrupaciones sociales un 3.62% (28 casos)”.

LA NULIDAD DE LA FEADLE

La ONG internacional también destaca que la poca aportación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.

El 6 de julio de 2010 desapareció la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP) para sustituirla por la actual FEADLE. Sin embargo, expone, aunque ésta ha aumentado su actividad, presenta los mismos magros resultados que su antecesora.

De 2010 a 2012 fueron abiertas 294 averiguaciones previas, ejercitándose acción penal en 35 casos y en tres se determinó no consignarlas ante un juez. En 2011 se reportó que 55 individuos habían sido consignados, de los que 50 eran funcionarios públicos, “lo que demuestra una vez más que el grueso de agresores contra los periodistas son agentes estatales (Oficio SJAI/DGAJ/00441/2012, emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República el 17 de enero de 2012)”.

“En suma tenemos una efectividad del 11.9% de los casos que tiene como correlato un 88% de “tasa de impunidad”. Asimismo, a partir de información remitida por la misma unidad administrativa, se advierte que existe un constante subejercicio de su presupuesto anual”, expone Artículo 19.

“La poca operatividad de la FEADLE es una consecuencia del conjunto de falencias institucionales como: falta de recursos financieros y humanos suficientes y el mal uso de los asignados (96% se utiliza para gasto corriente); discrecionalidad en la facultad de atraer casos; ambigüedad en la definición del sujeto pasivo de la agresión; limitantes para conocimiento de delitos (tienen que ser federales o “conexos”, que prevean prisión y no se consideren cometidos con motivo de la delincuencia organizada); y falta de adecuación de ordenamientos jurídicos de mayor jerarquía que brinde certeza sobre su competencia y funciones (solamente existe el Acuerdo del Procurador)”, denuncia.