La oposición en Durango clama por justicia: hasta el momento son 4 mil 500 millones de pesos utilizados de manera irregular, denuncia. Jorge Herrera Caldera, ex Gobernador priista de la entidad, y sus colaboradores deben comprobar con documentos cada uno de los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y enfrentar los cargos correspondientes en caso de comprobarse el desfalco.

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- Las irregularidades que encontró hasta el momento la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en la utilización de fondos federales en Durango ascienden a 4 mil 500 millones de pesos, dijo en entrevista con SinEmbargo Héctor David Flores Ávalos, Senador del Partido Acción Nacional (PAN), el único de oposición por esa entidad.

“El resultado de una auditoría que se tiene ahorita a cargo de la Auditoría Superior de la Federación sobre el gasto público federal arroja que hay inconsistencias hasta por 4 mil 500 millones de pesos. Hace señalamientos muy puntuales; por ejemplo, en el rubro de salud se destaca que hay contrataciones irregulares por honorarios de personal que no está debidamente comprobado”, dijo.

El Senador adelantó que la ASF encontró irregularidades en las “áreas más sensibles” como salud y educación.

“En el caso de salud, Durango se enfrenta con un desabasto médico terrible y el desmantelamiento del Hospital 450 que hoy no funciona ni a la mitad, sólo lo hace como hospital general cuando estaba previsto desde el Gobierno del ex Presidente [Vicente] Fox como un hospital de especialidades”, argumentó.

Hace unos días se dio a conocer que la Secretaría de la Contraloría de Durango citó a comparecer a 14 ex subsecretarios de la administración del priista Jorge Herrera Caldera. El organismo pide que expliquen y documenten las irregularidades que se encontraron en las auditorías que realiza la administración del Gobernador José Rosas Aispuro Torres.

Herrera Caldera y 26 de sus colaboradores se ampararon, en semanas pasadas, ante una posible orden de aprehensión en su contra. Adrián Alanís Quiñones, Secretario General de Gobierno entrante, dijo que esos recursos legales fueron promovidos pese a que en ese momento no había ninguna denuncia por parte del estado en contra del ex mandatario.

El ex mandatario priista recibió una deuda, al inicio de su sexenio en 2010, de 3 mil 697 millones de pesos, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). A su salida, en septiembre pasado, el ahora ex mandatario dejó un endeudamiento de 15 mil millones de pesos, de acuerdo con las auditorías realizadas por la administración entrante.

Según esa información, Herrera Caldera incrementó la deuda de Durango 11 mil 302.3 millones de pesos durante su sexenio.

Además dejó una deuda per cápita más elevada que la de Chihuahua y Veracruz. Hoy, cada duranguense debe 13 mil 780 pesos, más que en Chihuahua, donde la deuda por habitante es de 11 mil 308 pesos, y que en Veracruz, con 5 mil 621 pesos per cápita.

El incremento de la deuda y las irregularidades que se han encontrado son preocupantes, explicó el único Senador de oposición por Durango.

“Ésta es una situación donde lamentablemente la economía de Durango depende fundamentalmente del gasto público. Esto es una tragedia, pero es una realidad; no se ha podido generar una economía propia que viva con independencia del gasto gubernamental. Entonces el asunto repercute de manera directa no sólo en las finanzas públicas, sino en las personas”, consideró el legislador Héctor Flores Ávalos.

Ricardo Rivero Martínez, Diputado federal de oposición del PAN por esa entidad recordó que cuando ocupó una curul en el Congreso local denunció en varias ocasiones malos manejos de los recursos públicos durante la administración de Herrera Caldera. Sin embargo, dijo, debido al “férreo” control de la prensa, la información no fluyó.

“En dos años pidieron recursos y refinanciaron recursos por más de 4 mil millones de pesos. Muchos de los proveedores eran cuentas que no habían pagado; hubo corrupción, manejo malo de las finanzas. Ellos manifestaban que la deuda que tenían registrada en Hacienda era de 7 mil millones de pesos, cuando tenían compromisos de recursos por más de 3 mil 500 millones de pesos en la construcción de unas carreteras que cada mes le costaban más de 28 millones de pesos al erario. Fue un manejo indiscriminado, muchos utilizados en campaña”, argumentó.

El pasado 12 de noviembre, Adrián Alanís Quiñones, Secretario General de Gobierno de Durango, aseguró en entrevista con este medio digital que el Gobierno de Herrera Caldera violó la Ley para la Entrega-Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Municipios de Durango, pues ocultó hasta el último día toda la información relacionada con la situación financiera de la entidad.

El Secretario de Gobierno dio algunos avances sobre las auditorías que realiza la nueva administración: en la Dirección de Pensiones encontraron falta de recursos para pagar pensiones a los jubilados y un adeudo por cubrir de 500 millones de pesos antes del 31 de diciembre.

“Tenemos además mucha obra pública que fue contratada y que no sabemos qué es lo que se tiene que pagar. Hemos encontrado en Fonden [Fondo de Desastres Naturales] 2014 y 2015 que no aportaron la parte que le corresponde al Gobierno estatal. Ahorita estamos hablando de más de 2 mil 200 millones de pesos que estamos gestionando y que nos debe la Secretaría de Hacienda, ya que fue autorizado por la Secretaría de Gobernación [Segob]. Son fondos de desastres naturales y no nos ha llegado el recurso, porque no aportó el Gobierno del estado la parte que le corresponde en los años pasados”, reveló.

El funcionario agregó que se descubrió obra pública de mala calidad, contratada con un sobre precio, mientras que en el área de finanzas encontraron “varias anomalías” que no precisó.

QUE SE CASTIGUE A LOS RESPONSABLES

Los legisladores federales de oposición y Beatriz Mojica Morga, secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fuerza política que en coalición con el PAN llevó a la gubernatura a José Rosas Aispuro, exigieron que si los ex funcionarios llamados a comparecer no acreditan la utilización de los recursos, se actúe rápidamente para fincar responsabilidades.

“Si la documentación no es suficiente y no hay forma de comprobar el ejercicio del gasto, lo que nosotros estamos pidiendo es que la Auditoría concluya su revisión, y una vez que tenga el resultado y se sepa si es comprobable o no el ejercicio del gasto, proceda a fincar responsabilidades. Queremos saber de qué estábamos hablando, cuál es el monto, cuáles son las irregularidades finales que se encuentran que no fueron subsanadas, para ver de qué manera se puede resarcir el daño”, dijo Héctor David Flores.

Beatriz Mojica detalló que Durango está endeudado y tiene serias complicaciones financieras. Llamó a la ASF a integrar adecuadamente las auditorías y a la Procuraduría General de la República (PRG) a proceder en contra de las autoridades estatales o federales que resulten involucradas en el desfalco.

La secretaria general del Sol Azteca dijo que los expedientes deben integrarse con cuidado y con las pruebas suficientes. El PRD, agregó, espera justicia en el caso de Durango.

“No solo es un tema del Gobernador de Veracruz [Javier Duarte de Ochoa]; hay otros estados donde los ex Gobernadores también cometieron desfalcos y que deben ser castigados. Esperamos que en Durango tanto el ex Gobernador como sus colaboradores se presenten ante la justicia para explicar qué pasó con los recursos”, opinó.

Para Mojica Morga el hecho de que Herrera Caldera y 26 de sus colaboradores se ampararán en contra de una orden de aprehensión significa que “algo hicieron mal y temen que se aplique la justicia”.

Héctor David Flores consideró que el Gobierno federal debe ir por el resto de los ex Gobernadores acusados de corrupción y no sólo enfocarse en Roberto Borge Angulo, ex Gobernador de Quintana Roo; Javier Duarte, Gobernador con licencia de Veracruz, y César Duarte Jáquez, ex Gobernador de Chihuahua, debido a que el nivel de escándalo de sus malos manejos llevará a que los ex mandatarios paguen con o sin la anuencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la administración de Enrique Peña Nieto.

“Cuando se habla de estos actos de corrupción se toman como referencia estos casos que son la cúspide, pero se pasan por alto otros expedientes como el caso de los hermanos Moreira. Si el PRI quiere entrarle en serio al tema del combate a la corrupción, tiene mucha tela para demostrar en su partido. Que se ocupe de esos casos que han protegido sistemáticamente: Humberto y Rubén Moreira”, dijo.

El Senador de la República recordó que el PRI nunca se ha pronunciado en el pleno del Senado por castigar a los ex Gobernadores acusados de corrupción, aunque de la oposición ha habido planteamientos de representantes de las entidades afectadas.