Uno de los problemas más profundos de nuestro país es que hemos creado un sistema de impunidad donde la responsabilidad es transitiva, las cosas pasan por sí solas y no por la acción o falta de acción de una persona, no digamos de una autoridad. Aquí los mercados se queman, los muros se caen, los camiones se voltean, las balas se pierden, la gasolina se fuga, los tornillos se capan. Por eso no es de extrañar que después de una tragedia como la de Tultepec las autoridades no sólo no hayan renunciado, faltaba más, sino que su preocupación sea dar con el cohetón que “se prendió”  y comenzó un incendio que mató a 35 personas, más las que se acumulen en las próximas horas.

No faltará quien defienda que la irresponsabilidad es cultural, como la corrupción, según Peña. Pero no. El que sea parte de los usos y costumbres del ejercicio del poder, no significa que todos los mexicanos seamos igual de irresponsables. Tampoco significa que sea algo que no se pueda cambiar. Quizá tenga que ver con otros elementos de los usos y costumbres del ejercicio del poder en el que no se distingue entre ser responsable y ser culpable, y si al Tlatoani en turno se le ocurre que la que forma de calmar a las masas en enviar al responsable a la cárcel como si fuera el culpable, entonces no asumir la responsabilidad es en realidad una forma de evitar los ojos del todopoderoso hacedor de justicia.

La responsabilidad transitiva es parte, pues, de la falta de cultura jurídica y ausencia de Estado de Derecho. Detrás de la tragedia de Tultepec, como de las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara, la tragedia de los mineros de Pasta de Conchos en 2006,  el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo en 2009, el incendio del Casino Royal en Monterrey en 2011, la explosión en la Planta Pajaritos en abril de este mismo año, el elemento central, y que las une a todas, es la corrupción. Ni las guarderías, ni los casinos ni los mercados se incendian; las minas no se derrumban solas, ni las plantas o los colectores explotan. Todas este tipo de tragedias son provocadas porque alguna autoridad no hizo su trabajo, o peor aún, permitió, corrupción de por medio, que se relajaran o evitaran las reglas de protección.

Combatir la corrupción no es un asunto moral. Es un tema económico pero sobre todo de seguridad. Cada vez que una autoridad municipal otorga un permiso que no debe, o una inspector permite una anomalía en un edificio, o un militar se hace de la vista gorda al autorizar la presencia de más explosivos de los permitidos, nos pone en riesgo a todos.

La responsabilidad no es transitiva; es personal. Asumamos cada quien las que nos toca. Se aceptan renuncias.

Diego Petersen Farah

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