Otra de Oliva: lo acusan de comprar hasta nueve veces más caros terrenos para fallida refinería en Gto

Ciudad de México, 24 de feb (SinEmbargo).– La administración del ex Gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, habría incurrido en 2009 en una operación que elevó, hasta nueve veces, el precio de los terrenos donde, supuestamente, se construiría la nueva refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex), en Salamanca y Villagrán.

El panista Oliva Ramírez gobernó Guanajuato del 26 de septiembre de 2006 al 29 de marzo de 2012. Ese día solicitó licencia al ser nombrado Secretario General adjunto para asuntos electorales del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), cargo que desempeña actualmente.

De acuerdo con una investigación del diario AM de León, una auditoría del Órgano Superior de Fiscalización confirmó que un intermediario o “coyote” del Gobierno del Estado, Ubaldo Ortíz Castro –quien era intermediario del gobierno con los ejidatarios de esos municipios– pagó a sobreprecios las tierras para el fallido proyecto de la refinería.

El sobreprecio provocó la pérdida de entre 500 y 1,300 millones de pesos de recursos públicos, pues en promedio la administración de Oliva Ramírez pagó 1 millón 870 mil pesos por cada hectárea que adquirió para la refinería. Sin embargo, plantea el periódico AM, el valor comercial de los terrenos en 2009 –cuando se realizó la transacción– era de 400 mil pesos.

“Si se hubiera pagado al precio comercial, el desembolso por las 933 hectáreas habría sido de sólo 373 millones de pesos, 1,300 millones menos de lo que pagaron”, expone el reportaje firmado por el reportero Raúl Olmos.

La investigación de Olmos también plantea que el ahora Gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, quien entonces se desempeñaba como Secretario de la Gestión Pública, no vio las irregularidades y el despilfarro. El 22 de diciembre de 2009, Márquez Márquez convocó a una rueda de prensa para anunciar que todo el proceso de compra de tierras  se había realizado “en forma transparente”, sin actos de corrupción ni desvío de recursos públicos.

“Todo fue claro, objetivo y transparente”, dijo al presentar el informe de una auditoría que realizó a la Secretaría de Desarrollo Económico, sobre el proceso de adquisición de los terrenos de la malograda refinería.

Otro documento mostrado por el diario, un avalúo realizado por expertos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), también confirma que el Gobierno del Estado pagó sobreprecios por las tierras.

El avalúo del Gobierno federal determinó que el valor mínimo de referencia de los terrenos en la zona donde se proyectaba la refinería era de 660 mil pesos por hectárea, y el valor máximo de un millón 320 mil pesos.

“Aún si los terrenos se hubieran pagado al valor máximo de referencia, se habría un ahorro de 514 millones de pesos.

“Al precio mínimo sugerido por el Indaabin, el ahorro habría sido de más de 1,100 millones de pesos”, plantea el periódico de León, Guanajuato.

La compra de los terrenos se realizó a través de dos intermediarios, aunque uno de ellos, Ubaldo Ortiz Castro, acaparó más de 90% de las negociaciones.

“Ubaldo Ortiz se ostentaba como el dueño de la empresa fantasma Cereal y Pastas Finas para negociar con ejidatarios de Salamanca y Villagrán la adquisición de las más de 900 hectáreas que se requerían para la Refinería Bicentenario, la cual finalmente no se concretó, pues Hidalgo ganó la puja”, recuerda el periódico.

Esta negociación se realizó entre junio y octubre de 2009, aunque muchos pagos se concretaron hasta 2010 y el registro de escrituras se concluyó en 2012.

De acuerdo con la auditoría, al cierre de las negociaciones Ubaldo ofreció hasta 3 millones 600 mil pesos por cada hectárea, que equivale al triple del avalúo oficial del Indaabin y nueve veces el valor comercial de la época.

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