Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).– El Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 15 inició su construcción en 2010, en Chiapas, con un costo superior a los cuatro mil cuatrocientos millones de pesos, mediante una adjudicación directa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuyo titular en ese entonces era Genaro García Luna.

Cuatro años después existen serias dudas sobre la viabilidad de la obra, la cual fue construida en una zona de inundaciones recurrentes, por lo que está en riesgo latente de generar una tragedia de grandes dimensiones, advirtió el Senador del Partido Revolucionario Institucional (PRD) Zoé Robledo Aburto.

Otra de las denuncias es que a pesar de que está terminada la construcción no ha podido ser utilizada, debido a que se fincó en terrenos del municipio de Villa Comaltitlán, al sur de Tapachula, sobre una zona de alta inundación, lo cual quedó demostrado durante el paso de los huracanes “Mitch”, en 1998; y “Stan”, en el 2005.

Ante este riesgo latente, el Senador Zoé Robledo pidió al actual gobierno federal que ni siquiera intente ocupar la prisión, pues podría poner en riesgo la vida de internos y custodios. “Fue un error la construcción de este Cefereso en Villa Comaltitlán, pero será un doble error que se ponga en  operación”, afirmó el Senador por Chiapas.

No obstante, el gobierno federal ha anunciado que pronto pondrá en operación la cárcel que fue ideada y construida en el marco de la ejecución de la Estrategia Nacional de Seguridad, del sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

“La propia Secretaría de Gobernación así nos lo indicó en respuesta a un punto de acuerdo presentado en la Comisión Permanente, no cuenta con un dictamen de ninguna autoridad ni federal, ni estatal, ni de protección civil que avale la seguridad y que afirme que dicho inmueble garantiza la integralidad de quienes eventualmente estarían en él”, agregó Robledo Aburto.

El 27 de diciembre de ese año, la SSP de Genaro García Luna firmó el contrato número OADPRS/DGA/S/083/2010 con la empresa proveedora Makobil, S. de R.L. de C.V., la cual fue encargada de la construcción y operación de la obra a 20 años.

Según el Legislador perredista, el Cefereso sería administrado por estas empresas mediante un contrato de prestación de servicios por un periodo de 20 años, del 1 de diciembre del 2013 al 1 de diciembre del 2033, por el que obtendrán un pago anual de mil 70 millones de pesos.

En agosto del año pasado, empresarios y ciudadanos de las regiones Costa, Soconusco y la frontera de Chiapas, protestaron por la construcción del Cefereso; ante los reclamos, las autoridades federales se vieron obligadas a retrasar la puesta en operación del centro penitenciario.

Para calmar los ánimos, el inspector general de la Comisión Nacional de Seguridad, Carlos Humberto Toledo Moreno, les dijo a los pobladores del área que el gobierno federal ya había iniciado una investigación sobre la construcción de ese Cefereso.

“Desafortunadamente, no se han revelado los resultados de dichas revisiones, si es que se han hecho”, indicó el Senador Robledo.

RIESGO DE INUNDACIÓN

En un punto de acuerdo presentado ante el Senado de la República, Zoé Robledo destacó que en el propio estudio de impacto ambiental que la constructora presentó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se advirtió sobre el riesgo de que el centro penitenciario estuviera sobre terrenos inundables.

No obstante, el Cefereso fue construido sobre la cuenca del Rio Vado Ancho, una zona que en 2005, tras el paso del Huracán Stan, quedó completamente anegada. Además, es una región con alta probabilidad de que se vuelvan a presentar este tipo de contingencias climatológicas.

Además, el terreno del Cereso está cerca de 20 metros por debajo del nivel medio del mar, que el resto de toda la población de Villa Comaltitlán.

En una imagen de satélite, se observa la zona de construcción situada sobre terrenos de inundación recurrente, porque se encuentra al lado del Río Vado Ancho, el cual, como su nombre lo indica se inunda constantemente.

Ante esto, el Senador Robledo Aburto presentó un punto de acuerdo para pedir al gobierno federal que antes de que ponga en operación el Cefereso número 15, envíe al Senado un informe sobre los riegos sociales, económicos, geográficos y técnicos de su implementación.

Que explique, además si este centro penitenciario albergará reclusos de alta, mediana o mínima peligrosidad y que presente el dictamen de identificación de riesgos de obra concluida.

Pero sobre todo, pidió al gobierno federal cancelar la apertura del Centro Federal de Readaptación Social en el municipio de Villa Comaltitlán y destinar el inmueble a otras actividades que atiendan a la vocación productiva de la zona donde se localiza la obra.

PROBLEMA SOCIAL

Por si esto no fuera suficiente, las autoridades federales tampoco tienen estudio alguno sobre el impacto social o económico que la operación del Centro Federal de Readaptación Social número 15 provocará en los municipios cercanos.

Según el Senador, esta obra trastocará no solo el paisaje del Soconusco, sino también, la vocación productiva de la región.

“En el Soconusco hay gente que sueña con dedicarse a la producción de mango de rambután, de café, dedicarse a actividades turísticas, este Cefereso pues pareciera una imposición que va en contra de todas estas aspiraciones”, alertó el Legislador chiapaneco.

Agregó que los pobladores de la región están molestos porque no fueron consultados antes de iniciar la construcción de la cárcel, con lo que de un momento a otro se acabó con la explotación de grandes terrenos fértiles.

“Por eso los chiapanecos están tan enojados porque no se les consultó para decidir sobre la instalación de un servicio que no negamos que es necesario, pero totalmente impropio para una región y construido además en un lugar altamente riesgoso”, apuntó Zoé Robledo.

Ante esta situación, el Legislador chiapaneco presentó también una iniciativa de reforma al artículo sexto de la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a fin de que se escuchen las voces de todos los interesados en la construcción de este tipo de obras.

En términos generales, la iniciativa plantea que la Comisión Nacional de Seguridad mantenga la facultad de definir la política de readaptación y los lugares donde se construirán los  Centros de Readaptación Social, pero que tenga la obligación de escuchar la opinión de los gobiernos de los estados, de la ciudadanía y del sector empresarial, antes de emprender cualquier proyecto.