Una por una van saliendo todas las contradicciones de las declaraciones 3 de 3 de los funcionarios. Si alguien se preguntaba hace unos meses para qué servía que los políticos hicieran públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses la respuesta la tienen la senadora y presidente del PRD, Alejandra Barrales, y el secretario de Gobierno del estado de México, José Manzur, por citar los escándalos más recientes: para evidenciar las contradicciones y las mentiras.

El sistema nacional anticorrupción, con todos sus aparatos burocráticos y sus buenas prácticas, no van a funcionar si no hay una sociedad civil dispuesta a investigar, sea a través de medios de comunicación, ONG, observatorios o universidades, si lo que dicen los funcionarios es verdad. Todo sistema burocrático tenderá a proteger a los funcionarios. Esa es la lógica; es una cuestión que va más allá de voluntades políticas. Si no hay un factor externo que presione y exija, los nuevos funcionarios del sistema nacional anticorrupción van a quedar atrapados en las lógicas de la burocracia y el poder, tal como ha sucedido con tantas y tantas instituciones, desde las Contralorías hasta la Secretaría de la Función Pública que, hay que recordar, nos la vendieron como una institución que acabaría con la corrupción (baste citar a los tristemente célebres “peces gordos” de Fox).

Fiscalizar a nuestros políticos y exigirles cuentas sobre el origen de su dinero no solo es un derecho de los ciudadanos sino un paso fundamental para erradicar la corrupción. Sin embargo, esto no va a suceder hasta que la declaración patrimonial no se cruce con la fiscal. Es decir, los políticos nos seguirán mintiendo a los ciudadanos mientras ello no tenga consecuencias y la única manera de que las tenga es por la vía del fisco.

Para ello es necesario dotar de una verdadera independencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT): que sea una institución de Estado y no de gobierno; que represente a los intereses de todos los mexicanos que pagamos impuestos y no del gobierno en turno que decide a quién se fiscaliza y a quién no. Cada sexenio hay uno o dos empresarios que van al bote por evasión y un par de personajes de la farándula que son exhibidos por no pagar sus impuestos completos, pero nunca se ha perseguido a ningún político, a pesar de ser candidatos naturales.

El día que el SAT persiga a políticos y empresarios corruptos, que se fiscalice a los funcionarios y se exija que la declaración patrimonial coincida con la fiscal y ambas tengan relación con los ingresos reportados, daremos un gran salto en el combate a la corrupción. Por lo pronto hay que seguir escarbando y revisando una por una las declaraciones 3 de 3 de cada político y funcionario hasta obligarlos que, al menos, declaren la verdad.

Diego Petersen Farah

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