PRIMERA PARTE

El odio a las mujeres en el Estado de México se mide por el desfile de féretros, el más largo en un país al que el asesinato comienza a definir. Durante los mismos años que convirtieron a Ciudad Juárez en referente mundial del feminicidio, en el Estado de México 10 veces más mujeres fueron asesinadas. Los políticos mexiquenses han desvirtuado las cifras de muertas y las comparaciones con Juárez al amparo del argumento de que lo suyo es un estado y además posee la población más grande del país. Los números son claros: muerta por muerta, ataúd por ataúd, durante los 21 años estadísticamente analizados en este estudio —seis de ellos bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto— el Estado de México fue el peor sitio para ser mujer, no en números absolutos sino en tasas. Y con el 13.5 por ciento de los mexicanos, el Estado de México ha aportado la cuarta parte de las muertas. Este texto es parte del nuevo libro “Las muertas del Estado. Feminicidios durante la administración mexiquense de Enrique Peña Nieto”, realizado por Humberto Padgett y publicado por la editorial Grijalbo.

Portada del libro Las muertas del estado.

Portada del libro Las muertas del Estado. Feminicidios durante la administración mexiquense de Enrique Peña Nieto. Foto: Cortesía Grijalbo.

Ciudad de México, 24 de abril (SinEmbargo).– El peor momento para la vida de las mujeres mexicanas es el presente.

Entre 1990 y 2011, periodo utilizado para el estudio que aquí se expone, la tasa de asesinatos por cada cien mil mujeres muestra que es 2011 el que muestra el dato más elevado en el país.

Las cifras utilizadas se componen a partir de las bases de datos de mortalidad de la Secretaría de Salud federal, conjuntos estadísticos integrados mediante las actas de defunción redactadas por los médicos que certifican cada muerte ocurrida en el país.

¿Por qué no utilizar las cifras proporcionadas por las procuradurías de justicia de los estados? Porque en México el índice delictivo es una composición propagandística hecha a la medida de un proyecto político, invariablemente interesado en mostrar un escenario halagüeño a favor de los jefes de los procuradores estatales y del federal: los gobernadores y el Presidente de la República.

Como se demostrará, el Ministerio Público del Estado de México mintió con respecto a la dimensión de los feminicidios en la entidad cuando fue gobernada por Enrique Peña Nieto. La Procuraduría de Justicia del Estado de México presentó datos falsos en su argumentación contra la declaratoria de alerta de género en su territorio.

La reciente tipificación del delito de feminicidio en las diferentes entidades del país, incluido el Estado de México, se redactó con la suficiente ambigüedad como para que los ministerios públicos resolvieran atender como homicidio doloso, homicidio culposo —sin intencionalidad— o hasta suicidio —sin pena para nadie, excepto para la muerta y su familia— cualquier caso de asesinato con evidente odio hacia la víctima sólo por ser mujer.

“Que nadie diga que en el gobierno del jefe se asesina a las mujeres”, parece ser la consigna entre los jueces y fiscales mexicanos.

Pero los datos acumulados por las secretarías de Salud federal y de los estados a partir de lo que consignan los registros civiles, muestran que las cosas son bastante diferentes a las presumidas en los discursos políticos.

Si bien nada garantiza la ausencia de manipulación política, lo cierto es que por cada muerto conocido existe un acta de defunción que aporta varios detalles de las razones del deceso, incluida la causa y, en teoría, algunas circunstancias del fallecimiento.

* Tasa por cien mil mujeres residentes en la entidad.

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La madre de Nadia Muciño visita la tumba de su hija, asesinada en Edomex. Foto: Eduardo Loza

Muerta por muerta y ataúd por ataúd, en el Estado de México mueren más mujeres que en el resto del país.

Los gobernadores del Estado de México y sus procuradores han argumentado siempre que la elevada cantidad de niñas, adolescentes, adultas y ancianas victimadas en su territorio se debe a que es la entidad, y con mucho, más poblada del país. Esto es cierto, pero sólo lo último: los municipios mexiquenses conurbados a la Ciudad de México y en el Valle de Toluca están sobrepoblados gracias a su nula planeación urbana.

Pero respecto de las asesinadas, la simple aritmética muestra otra cosa.

En el periodo de referencia se levantaron 32 172 actas de defunción por muertes de mujeres ocasionadas por agresiones; sólo en el Estado de México se elaboraron 7 749 de ellas.

Dicho de otra manera: mientras el Estado de México posee actualmente 13.5 por ciento de la población del país —a la vez, máxima participación histórica en el volumen poblacional—, ahí se cometieron la cuarta parte de los asesinatos de mujeres.

Durante poco más de una década Ciudad Juárez, Chihuahua, mantuvo la atención nacional e internacional debido a los casos de mujeres asesinadas y desaparecidas.

La brutalidad con que los asesinos actuaban sólo era comparable a la ineficacia con que las autoridades de ese estado fronterizo reaccionaban. Entre 1993 y 2005 el gobierno de la entidad admitió el asesinato de 379 mujeres, dato controvertido por El Colegio de la Frontera Norte y la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, que documentaron la ocurrencia de 422 feminicidios.

La cantidad de asesinatos de mujeres resultaba inexcusable. Entre 2000 y 2006 distintos organismos internacionales emitieron 140 recomendaciones a México por la violación de los derechos de las mujeres, de las cuales 63 se dirigieron a la atención específica de los feminicidios en Juárez.

De 1993 a 2005 se pronunciaron los y las titulares de la Relatoría Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la ONU; la Relatoría Especial sobre la Independencia de Jueces y Magistrados, también de Naciones Unidas; la Relatoría sobre Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Las actrices Jane Fonda y Salma Hayek aprovecharon su coincidencia en la Ciudad de México en 2006 para participar en una de las presentaciones de la obra teatral Los monólogos de la vagina y pronunciarse contra el horror vivido por las mujeres de Juárez.

En esos mismos años, en el Estado de México murieron con violencia una cantidad diez veces mayor de mujeres: 4 379.

Si se comparan las tasas de defunciones por agresiones a mujeres por cada cien mil, se observa que el Estado de México ha mantenido un copioso desfile de féretros de ellas aunque con un discreto descenso coincidente con la explosión de asesinatos de hombres y mujeres en todo el país a partir de 2008, cuando resultaban evidentes los estragos ocasionados por la política antidrogas instaurada por el entonces presidente Felipe Calderón.

Para colocar el análisis en coincidencia con el mandato estatal de Enrique Peña Nieto, entre 2005 y 2011, durante esos años los médicos del país certificaron 12 023 asesinatos intencionales de mujeres, de los cuales ocurrieron en el Estado de México 1 997, es decir, 16 por ciento.

Peña Nieto gobernó entre el 15 de septiembre de 2005 y el 15 de septiembre de 2011. Las estadísticas obtenidas no desglosan la cantidad de eventos mensuales.

Imposible saber cuántos miles de huérfanos, viudos, madres y padres quedaron en el desconsuelo y sin justicia, dejados a merced de agentes del Ministerio Público y policías judiciales sólo interesados en parasitar durante algún tiempo a las familias de las asesinadas antes de enviar sus casos al archivo muerto.

El peor año de esa serie fue 2005, y 2011 el segundo más enlutado. Estos dos datos permiten una conclusión: Peña Nieto recibió un enorme problema que no resolvió y así lo transmitió a su sucesor, Eruviel Ávila Villegas, a quien además toca lidiar con el crecimiento de la violencia del crimen organizado en el estado.

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Nadia Muciño (derecha) fue asesinada por su esposo (izquierda). Fotos: Eduardo Loza

Los registros comprendidos entre 1990 y 2011 muestran la vocación del Estado de México de ser el lugar donde más mujeres se asesinan en México; en esos veintiún años ocupó en once ocasiones el primer sitio en tasa de mortalidad por agresiones a mujeres.

Durante las pasadas dos décadas, en ningún otro lugar de México la vida de las mujeres ha corrido más peligro que en el estado del que es originario el Presidente de la República.

Esta posición fue ocupada de manera ininterrumpida entre 1990 y 1997. En ese periodo la entidad tuvo tres gobernadores: Ignacio Pichardo Pagaza, hoy consultor privado en asuntos públicos; Emilio Chuayffet Chemor, en el presente Secretario de Educación Pública, y César Camacho Quiroz, hoy presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El mayor registro de feminicidios recayó nuevamente en el estado durante 2000, 2001 y 2003, durante el gobierno de Arturo Montiel Rojas, tío y predecesor de Peña Nieto, quien recibió la administración en 2005, año en que el peor lugar para ser mujer en el país fue nuevamente el Estado de México.

A los procuradores de justicia mexiquenses tampoco les ha afectado dejar su estado bañado en sangre de mujer. Alfonso Navarrete Prida fue fiscal estatal entre 2001 y 2006: nombrado por Arturo Montiel y ratificado por Peña Nieto, es actualmente Secretario del Trabajo. Alberto Bazbaz Sacal, a quien tocó administrar el caso de la niña Paulette, que si no fuera trágico resultaría meramente ridículo, le toca ser hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, o dicho de otra manera, luego de no encontrar a una pequeña niña muerta en su propia cama, le encargaron rastrear el dinero del crimen organizado en todo el mundo.

Lugar que ha ocupado el Estado de México con respecto al nivel nacional y el resto de las entidades federativas en la tasa de mortalidad por agresiones a mujeres, 1990-2011

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La serie estadística muestra cómo la posición del Estado de México se desplaza hacia abajo en concordancia con el incremento de homicidios producidos durante la estrategia contra el narcotráfico.

En 2006 la entidad de Enrique Peña se situó en la segunda posición nacional con una tasa de 3.7 muertes de mujeres por agresiones por cada cien mil mujeres en el estado. En 2010, año de la mayor mortalidad relacionada con las reyertas entre el crimen organizado y las autoridades durante el pasado sexenio, el Edomex se colocó en el lugar 13 del listado con la misma tasa de 3.7.

Y en 2011, último año de gobierno de Peña Nieto, quien concluyó su gestión el 15 de septiembre, la situación empeoró: la tasa creció a 4.3 y la entidad se colocó como el undécimo lugar con más homicidios de mujeres.

¿Debajo de qué estados se posicionó?

De Chihuahua —que en esos años vivió la peor masacre femenina y no durante la década antepasada, en que Ciudad Juárez se significó como un pueblo asesino de sus mujeres—, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Colima, Baja California, Morelos y Tamaulipas: todos estados en que los narcotraficantes viven y mueren en guerra permanente.

Este aún no es el caso del Estado de México, aunque asciende aceleradamente en el número de ejecuciones propias del crimen organizado.

La siguiente tabla muestra las fluctuaciones porcentuales en los asesinatos de mujeres en el Estado de México entre 1990 y 2011; el comportamiento es evidentemente errático.

Como se observa, entre 1990 y 2004 ocurrió una reducción constante de las muertes por agresiones a mujeres. Con respecto al periodo gobernado por Peña Nieto, el descenso parece retomar su tendencia natural hasta 2008, cuando, al igual que en otros estados, la tasa de mortalidad por asesinatos retoma el incremento.

No existe ninguna otra explicación para esta situación que se trata de las consecuencias visibles de la estrategia de combate al narcotráfico emprendida por Felipe Calderón Hinojosa. Y se debe subrayar que Enrique Peña Nieto continúa con la misma política, acaso diferenciada en las pautas de información de la situación, siendo el gobierno priista aún más opaco que el panista.

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El Estado de México es complejo en todos los sentidos. Una de sus peculiaridades es la diversidad de sus regiones; es difícil pensar en una entidad más heterogénea en términos económicos y sociales. Por eso es tan llamativo el comportamiento del feminicidio y la conclusión es que la muerte violenta de las mujeres en el estado del Presidente es un problema generalizado.

Para efectos comparativos y de análisis se utilizaron las series estadísticas de defunciones entre 1990 y 2011 en diecisiete estados de todas las regiones del país, incluido el Edomex.

El Estado de México sólo ha estado dos años debajo de la media nacional, en 2010 y 2011, en coincidencia con la mayor alza de las narcoejecuciones en México. De manera congruente con lo anterior, las tasas feminicidas en los sitios más asolados por las disputas entre los cárteles se observan disparadas hacia arriba en esos años.

Hasta 2006 el Estado de México fue un sitio con mayor índice de asesinatos de mujeres que Chihuahua. Nunca antes de la actual crisis de seguridad, ni durante los años en que el mundo entendió a Juárez como el peor lugar para ser mujer, la proporción de mujeres asesinadas en el estado fronterizo superó al registro porcentual mexiquense. En 1993, cuando comenzó la matanza en el desierto juarense, en ese municipio la tasa cerró en 1.9; en el Edomex fue más de cuatro veces superior.

Ahora, sin minimizar la tragedia de las mujeres chihuahuenses durante las décadas antepasada y pasada, el presente en Chihuahua en verdaderamente grave. Las condiciones que llevan a la muerte violenta de mujeres en esa frontera reclaman un nuevo y exhaustivo análisis aparte.

El Distrito Federal, considerado durante décadas como el peor lugar del país en términos de seguridad, jamás ha superado al Estado de México en muertes violentas de mujeres. Lo mismo ocurre con Michoacán, ni siquiera en el presente y a pesar que este último estado parece al borde del colapso.

El Estado de México posee grandes zonas industriales, al igual que Nuevo León, entidad con una clara mejor calidad de vida y que rebasó la tasa feminicida mexiquense hasta 2011. Coahuila, también con un crimen organizado altamente confrontado, sólo en 2010 ha vivido más asesinatos de mujeres que el Edomex.

Chiapas es sumamente más pobre que el Estado de México y sitio de tránsito de mujeres migrantes centroamericanas, altamente vulnerables, pero sus tasas feminicidas están lejos de cualquier comparación con las mexiquenses. Lo mismo ocurre con Quintana Roo que, como el Edomex, tiene municipios con población indígena sumidos en la pobreza.

O Jalisco, enlistado junto con el Estado de México como uno de los más poblados del país: las mexiquenses deben temer más que las jaliscienses.