Ciudad de México, 24 de abril (SinEmbargo).– La violencia provocada por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) en la manifestación contra la censura en la Internet, efectuada el martes pasado en la Ciudad de México, volvió a ser fuertemente criticada por organizaciones de la sociedad civil y también por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Tras las denuncias de los manifestantes que sufrieron agresiones por parte de granaderos y policías capitalinos frente a las instalaciones de Televisa Chapultepec, la CDHDF inició una queja de oficio y exigió a las autoridades una investigación por el caso.

No es la primera ocasión que organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil denuncian este tipo de ataques y encapsulamientos de la policía capitalina. Desde el 1 de diciembre  de 2012, cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión de la Presidencia y, días después, cuando Miguel Ángel Mancera Espinosa asumió el Gobierno del DF, este tipo de situaciones se han repetido una y otra vez.

Carlos Brito, del movimiento #YoSoy132, explicó que el conflicto del pasado martes se originó cuando la marcha arribó a Televisa y los granaderos empezaron a jalar a los manifestantes y a llevárselos. “Fue el mismo patrón que utilizaron el 1 de diciembre, esto lo vemos siempre”, afirmó.

En este contexto, Organizaciones No Gubernamentales y la CDHDF han emitido varias alertas contra los elementos de seguridad por si proceder violento, que ha derivado en cientos de detenciones. Únicamente en las marchas del 1 de diciembre, 10 de junio, 1 de septiembre y 2 de octubre las autoridades detuvieron a 243 personas.

El año pasado, la CDHDF emitió la recomendación 7/2013 por violaciones a los derechos humanos registrados durante el operativo del 1D, que incluyen agresiones a manifestantes y detenciones arbitrarias.

Sin embargo, funcionarios encargados de seguridad niegan este tipo de situaciones. El titular de la SSPDF, Jesús Rodríguez Almeida, dijo ayer que estos hechos “nunca” han sucedido en la actual administración presidida por Mancera Espinosa.

Explicó que los miembros de la corporación actuaron por su cuenta y que iniciará una investigación para determinar si hay policías responsables de abuso de autoridad. “No es la primera vez que participamos en una marcha o manifestación violenta o pacífica y todos saben lo que tienen que hacer y el que se haya excedido de lo que esté establecido en la Ley”, comentó.

Por su parte, Héctor Serrano Cortés, secretario general de Gobierno, “las detenciones son totalmente legales, sujetas a la norma, sujetas a derechos, y los detenidos fueron presentados (ante un juez) para que el proceso sea encausado”.

MANCERA, “EL REPRESOR”

Organismos nacionales y extranjeros han acusado al gobierno federal y local de haber provocado en los últimos meses un clima de confrontación con la sociedad civil. Incluso, el GDF es señalado por querer imponer una ley que limite el derecho a las marchas.

En el informe “Control del Espacio Público”, diversas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), como Artículo 19, Centro de Análisis e Investigación, Fundar; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Propuesta Cívica, Serapaz y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, denunciaron que con la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República se endurecieron los mecanismos para criminalizar la protesta social, limitar a las voces disidentes al régimen político y reducir los espacios de expresión.

Además, observaron que las acciones para inhibir la protesta social incluyen la deslegitimización, la censura en las calles, en las redes sociales, así como el castigo penal de la disidencia.

Para el investigador del Instituto Mexicano de Democracia y Derechos Humanos (IMDDH), Edgar Cortez, la tendencia de criminalizar las protestas sociales es de parte de gobiernos de todas las ideologías, no sólo del gobierno federal.

“No sólo el de Enrique Peña Nieto, hay una tendencia de todos los gobiernos, incluidos los de izquierda, lo que ha pasado en los últimos meses en el gobierno de Miguel Ángel Mancera (en el DF), la expropiación que ha hecho del Zócalo se inscribe en esa lógica. Hay una perspectiva de los gobiernos, sean del PRI, PAN o PRD de querer tener a la sociedad controlada y como espectadora pasiva de sus políticas, que no sea participativa, que no esté involucrada, discutiendo temas públicos, que esté calladita, que vaya a votar y ya”.

El problema comenzó con anterioridad a que Mancera asumiera el cargo, los enfrentamientos  del 1 de diciembre dejaron decenas de detenidos y heridos, incluso un joven que resultó herido, Juan Francisco Kuykendall, murió meses después.

En las manifestaciones del 10 de junio de 2013, en recuerdo de la represión de estudiantes de 1971, grupos violentos volvieron a sumarse al contingente. Entonces hubo ocho heridos y 22 detenidos, de los cuales siete fueron consignados ante un juez y enfrentan su juicio en libertad tras pagar una fianza.

Agosto trrajo problemas mayores para el Jefe de Gobierno capitalino: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instaló el 18 de agosto un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México. Un mes después fueron desalojados en un operativo que también dejó heridos.

El 2 de octubre, cuando se recordó el 45 aniversario de la matanza de Tlatelolco, se registraron disturbios en el primer cuadro de la ciudad con saldo de 88 heridos, cuando un mes antes, en la marcha de protesta del 1 de septiembre por el primer informe del Presidente Enrique Peña Nieto, hubo 17.

LEYES CONTRA MARCHAS

Pese al clima de confrontación, legisladores capitalinos han intentado promover leyes que regulen las marchas en la capital del país.

El 23 de marzo de 2013, el Diputado panista Jorge Sotomayor Chávez presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal para incluir el tipo penal contra la paz pública y sancionar de 10 a 20 años de prisión a quienes pongan en riesgo bienes públicos o privados por actos vandálicos, utilizando sustancias tóxicas, inflamables o explosivas, en otras palabras, por fuego o por bombas molotov.

“El derecho de manifestarse termina donde empieza el derecho de un tercero, no es posible que una persona utilizando una bomba molotov o utilizando fuego, se haga escuchar, no es posible porque está dañando a una persona o sus bienes, al tener este tipo de conductas”, afirmó Sotomayor al defender su propuesta ante comisiones.

La iniciativa que más tarde se conoció como “Ley Sotomayor” también planteó incrementar las penas si los manifestantes usaban máscaras, paliacates y pasamontañas. Asimismo, planteó regular las marchas, para evitar que los contingentes bloquearan avenidas principales o cerraran el paso a edificios públicos

Organizaciones civiles inmediatamente rechazaron esta ley con la advertencia de atenta contra el derecho de libertad de expresión y asociación.

El 20 de noviembre de 2013,  las bancadas de PRI, PAN y PVEM en el Senado, encabezados por la panista Mariana Gómez del Campo, presentaron la iniciativa para crear la Ley General de Regulación de Manifestaciones Públicas, que tendría aplicación concurrente en la federación, las entidades federativas y los municipios.

La iniciativa que se quedó “congelada” en comisiones de la cámara alta, atenta contra los derechos fundamentales de manifestación, asociación, reunión y tránsito contenidos en los artículos 6, 9 y 11 de la Constitución.

Establece horarios, permisos, prohibiciones absolutas de utilizar vialidades primarias y un esquema de responsabilidad solidaria por presuntas infracciones cometidas durante protestas.