Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo/EFE).– El ministro peruano del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, admitió hoy que la Policía cometió abusos contra los campesinos del sur de Perú que se manifiestan contra el proyecto cuprífero Tía María, de la minera mexicana Southern, en una protesta que el miércoles dejó 1 muerto y 24 heridos, entre ellos once policías.
Southern Copper es controlada por la minera Grupo México, propiedad de Germán Larrea Velasco. El mexicano, el segundo hombre más rico del país según Forbes es dueño de esta empresa a la que se responsabiliza de haber derramado 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora.
A Grupo México también se le ha señalado por la muerte de 65 mineros en la mina de Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2006. Es además causante de la muerte de cinco trabajadores mineros en la mina de Charcas, ubicada en San Luis Potosí y de la muerte de dos mineros de la empresa minera Alva Ram de Agujita SA de CV, la cual trabajaba una concesión de Grupo México (GM).
El pasado miércoles, pobladores de la provincia de Islay salieron a las calles para manifestarse en contra del proyecto minero Tía María. La protesta motivó la movilización de unos 5 mil policías hasta Arequipa, ya que las organizaciones gremiales anunciaron que iban a bloquear las carreteras.
Los opositores a Tía María afirman que la futura mina de cobre contaminará con polvo ácido sus campos de cultivo y el agua del río Tambo, a pesar de que la empresa ha aclarado que usará el agua de mar desalinizada en sus operaciones.
Tía María planea producir 120 mil toneladas anuales de cátodos de cobre, con una inversión de 1 mil 400 millones de dólares de Southern Copper Corporation, de capital mexicano, y el inicio de sus operaciones está previsto para 2017.
Durante los primeros días de protesta hubo violentos enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía que dejaron decenas de heridos y daños en entidades públicas, como la estación de bomberos de Cocachacra, que resultó parcialmente destruida. Ahora, los choques entre uniformados y pobladores dejó un muerto.
El Alcalde de Cocachacra, Elard Valencia, informó que el agricultor Victoriano Huayna Mina, de 61 años, fue quien murió tras los enfrentamientos con la policía. “La policía disparó para poder dispersar a los pobladores”, declaró Valencia.
El Ministerio del Interior señala que Huayna Mina falleció luego de ingresar de emergencia del Centro de Salud de Mollendo “con el diagnóstico traumatismo en pierna derecha, cuyas causas hasta el momento son materia de investigación”.
También dijo en un comunicado que los policías “están prohibidos de usar armas letales” para contener las protestas.
Pese a esta prohibición, en febrero, una manifestación contra la petrolera Pluspetrol en Pichanaki, región Junín (selva central), dejó una persona muerta por disparo de bala, lo que desencadenó la remoción del entonces ministro del Interior.
Por su parte, el Presidente Ollanta Humala pidió calma a los pobladores de la provincia de Islay. “Hacemos un llamado a la calma, un llamado a que todos defendamos el patrimonio del país”, dijo el mandatario durante la inauguración de la central termoeléctrica de Fénix Power, ubicada en Chilca, provincia de Cañete, sur de Lima.
“Nada se ganará con la violencia, hay que lamentar la pérdida humana y se procederá con las investigaciones”, precisó el mandatario.
En Islay desde 23 de marzo los pobladores, en su mayoría agricultores, mantienen un paro y enfrentamientos con la policía en protesta por el proyecto de la empresa de Germán Larrea.
