Ayer, el Gobierno de México no se presentó a una reunión con los miembros de la ONU y de la CIDH. Hoy, no envió a nadie a la presentación del informe del GIEI. Esa ha sido la relación entre las autoridades mexicanas y los expertos internacionales. El Presidente Enrique Peña Nieto dijo hoy que se integrará el informe a la averiguación de la PGR, pero el Subprocurador de Derechos Humanos, Eber Omar Betanzos, rechazó casi todo lo que dijo el GIEI.
Ciudad de México, 24 de abril (SinEmbargo/AP/dpa).– La relación entre el Gobierno de México y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que llegó a investigar los hechos ocurridos en Iguala entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, ha sido tensa de principio a fin. Y hoy no ha sido la excepción.
El penúltimo episodio de tensión fue ayer, a unas horas de que fuera presentado el informe final del GIEI. El Gobierno de México simplemente no acudió a una reunión con integrantes de la Comisión Interamericana, entre ellos su presidente James Cavallaro. En ella se acordaría cómo dar seguimiento a las recomendaciones que serían emitidas el domingo.
La cita era a las 16:30 horas en las oficinas Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Gobierno de México no mandó a nadie. Al encuentro acudieron representantes de los padres de los 43 normalistas, integrantes del GIEI y funcionarios de la ONU, así como miembros de organizaciones civiles. Se quedaron esperando.
Y hoy, mientras miles marcharon por la capital del país para exigir la aparición de los 43 estudiantes, apenas tres tuits del Presidente Enrique Peña Nieto en los que prometió que la Procuraduría General de la República (PGR) daría seguimiento a los hallazgos del GIEI. “Con apertura, responsabilidad y apego a Derecho, la @PGR_MX seguirá trabajando para que haya justicia”, expresó.
Inmediatamente después, el Subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Omar Betanzos, dijo que la investigación sigue abierta y que “el expediente se ha trabajado con transparencia”.
“Las acusaciones de tortura se están investigando”, dijo Betanzos. Dijo que los militares que estuvieron en la noche de Iguala sí han declarado ante la PGR; que sí se investigó el quinto autobús; que la investigación no está fragmentada; que sí se investiga a los policías de Huizuco; que sí hay compromiso con las familias de los 43; que sí hay preocupación por los derechos humanos.
Hoy, en un episodio más de la tensión entre el Gobierno y la CIDH, las autoridades mexicanas no estuvieron en la presentación del informe.
Al evento fueron invitados los subsecretarios Roberto Campa, de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y Miguel Ruiz, de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, así como al subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos. No fueron al Claustro de Sor Juana.
Tras recibir el informe de manos del Grupo de Expertos, el presidente de la CIDH, James Cavallaro, lamentó precisamente la ausencia de representantes del Estado mexicano, en la divulgación de un informe en el que se denunciaron todo tipo de bloqueos a las labores de coayuvancia del GIEI.
Cavallaro también se dijo inconforme por la negativa del Gobierno mexicano ha renovar el mandato del GIEI aún cuando el objetivo de encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa no se logró.
“La Comisión Interamericana lamenta profundamente que el Estado mexicano haya manifestación su posición de no apoyar la prórroga del mandato del GIEI y que pone fin al acuerdo a pesar de que los objetivos del mismo permanecen incumplidos principalmente los que se refieren a la ubicación de los estudiantes desaparecidos. Como Relator del país también lamento que las autoridades del Gobierno no se encuentren el día de hoy para recibir este informe. En mi calidad de Relator del país deseo exhortar a las autoridades mexicanas en todos sus niveles, incluyendo al Presidente de México, el señor Enrique Peña Nieto, a continuar trabajando en la búsqueda del paradero de los 43 estudiantes desaparecidos y también pedimos que estas autoridades analicen y también implementen las recomendaciones realizadas en el presente informe”, dijo James Cavallaro al término de la presentación del informe.
El Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana presentó este día su segundo informe sobre la desaparición de los 43 normalistas. En él, los expertos denunciaron los obstáculos impuestos por el Gobierno de México a sus labores de coadyuvancia, desde la lentitud para atender sus solicitudes hasta la negativa para impedir a los expertos interrogar a militares y un rechazo de las autoridades del Ejército a entregar documentos o imágenes sobre la noche de Iguala.
Los expertos denunciaron en la conferencia de prensa de este domingo otros obstaculos a su trabajo como fue el demorar la realización de pruebas, el que no se indagaran otras líneas de investigación sugeridas por ellos, la imposibilidad para que entrevistaran a algunos inculpados.
Todo esto, señalaron en su informe, “no puede leerse como simples obstáculos improvisados o parciales. Estas diferentes situaciones demuestran barreras no ocasionales, sino estructurales en la investigación”.
La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, “Raúl Isidro Burgos” sacudió al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, quien entonces tenía dos años en el poder. El caso tuvo repercusión internacional con diversas protestas y críticas. En este contexto fue que el Gobierno mexicano aceptó en noviembre que los expertos de la CIDH llegaran al país para investigar lo sucedido en Iguala, Guerrero.
Tanto el Gobierno mexicano como la Comisión Interamericana acordaron conformar al Grupo de Expertos. Para ello se eligió a Carlos Beristain, experto español en atención integral a víctimas de violaciones de derechos humanos; Ángela Buitrago, colombiana, abogada, ex Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia y experta en desapariciones, corrupción y asesinatos políticos; Francisco Cox Vial, abogado chileno, quien trabajó en apoyo de la extradición del dictador Augusto Pinochet a España; Claudia Paz y Paz, abogada guatemalteca experta en investigación del crimen organizado y violaciones de derechos humanos, y Alejandro Valencia, jurista colombiano, experto en derechos humanos, consultor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Los trabajos del Grupo iniciaron en enero de 2015. En un principio se centraron en fortalecer la confianza perdida entre las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa, objetivo que se logró como quedó de manifiesto este domingo con el apoyo recibido por los familiares que acudieron a la presentación de su informe final. Posteriormente el Grupo de Expertos estableció un relación de colaboración con el Gobierno mexicano, la cual si bien se logró en un principió se vio minada con la presentación del primero informe del GIEI que desechó la conocida “verdad histórica” de la PGR que argumentaba que los estudiantes habían sido secuestrados por sicarios en colusión con autoridades locales y después quemados en el basurero del municipio colindante de Cocula.
Este punto de inflexión entre la versión oficial y la del Grupo de Expertos de la CIDH dio pauta a las diferencias entre ambas partes que derivó primero en una campaña de desprestigió contra el Grupo de Expertos.
Betanzos Torres aseguró esta tarde: “Estamos del mismo lado y queremos lo mismo: saber qué pasó con los normalistas y llevar ante la justicia a los responsables”.
Señaló que ya se investiga la intervención de un Policía Federal que presuntamente estuvo en el momento en el que efectivos de la policía de Huitzuco, Guerrero, se llevaban a una parte de los estudiantes de Ayotzinapa. Los policías municipales, dijo, ya son investigados y en el municipio se han realizado acciones para el rastreo de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde septiembre de 2014.
Respecto a la presencia del quinto autobús que planteó el GIEI, el subprocurador señaló que se le ha dado un seguimiento puntual y que las investigaciones que se realizaron mostraron que no había alteración alguna de su estructura y que un elemento canino descartó que hubiera presencia de narcóticos.
Sobre la línea de investigación deuna red de envió de droga desde Guerrero a Estados Unidos en camiones de pasajeros, Betanzos Torres dijo que se solicitará al FBI su intervención; sin embargo, señaló que la ruta que mantenía el autobús en cuestión no tenía como destino el país vecino del norte.
El representante de la PGR negó que la investigación sobre el caso Iguala esté fragmentada y que a petición del GIEI se concentraron las cuatro investigaciones abiertas en un sólo juzgado.
El funcionario aseguró que en todo momento el Estado mexicano ha dado las facilidades al GIEI para resolver el caso de los desaparecidos y que a la CIDH también le entregará la información que solicite.
La PGR señaló que se han realizado 851 acciones de búsqueda de los estudiantes; se han consignado a 168 personas, de las cuales, 123 han sido detenidas, entre las que se cuentan a 54 policias de Iguala y a 19 de Cocula; han realizado mil 651 intervenciones periciales y se han realizado 135 muestras de ADN para dar con el paradero de los estudiantes guerrerenses.
EL PASO A PASO DEL ROMPIMIENTO
La CIDH designó el 16 de enero a los cinco miembros de la misión: la ex fiscal de Guatemala Claudia Paz, la ex fiscal colombiana Ángela Buitrago, el abogado chileno Francisco Cox, el médico español Carlos Beristáin y el abogado colombiano Alejandro Valencia.
El 1 de marzo iniciaron los trabajos del llamado GIEI en México. Y dieciocho días después los investigadores pidieron al Gobierno entrevistarse con militares del Batallón 27 para indagar sobre su actuación en el caso, mismo que les fue negado.
El 29 de junio, los enviados de la CIDH expresaron su preocupación por no haber obtenido respuesta a su pedido de interrogar a militares. Y el 17 de agosto denunciaron la pérdida y ocultamiento de evidencias.
Once días después, la CIDH extendió por dos meses el mandato de los expertos.
El 1 de septiembre, la PGR envió 53 prendas y objetos a un laboratorio en Austria para ser examinadas, a pedido de los expertos. El 6 de ese mismo mes, en un informe de 500 páginas al término de su primer mandato de seis meses, los expertos descartaron que los jóvenes hayan sido incinerados en el basurero de Cocula. El presidente Enrique Peña Nieto ordenaron que se tomaran en cuenta sus señalamientos. La dependencia encabezada por Arely Gómez anunció un nuevo peritaje.
A mediados de septiembre, México pidió a la CIDH prorrogar seis meses la misión de los expertos.
Un mes después, el Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, dijo que no había motivos para entrevistar a militares: “Yo no voy a permitir que a los soldados los traten como criminales”.
El 2 de octubre, el pleno de comisionados de la CIDH afirmó que México vive una “grave crisis” de derechos humanos. El Gobierno respondió que eso no reflejaba la situación general del país. A los ochos días, la Procuraduría anuncia que siete expertos de cinco países participarán en nuevo peritaje en el basurero.
El 28 de septiembre, la CIDH extiende por seis meses mandato de los expertos hasta el 30 de abril, sin descartar una renovación adicional. Siguen las discrepancias con el Gobierno sobre la necesidad de interrogar a militares. Mientras que el 6 de Octubre, e GIEI considera innecesario el nuevo peritaje en el basurero, pero expresa su disposición a colaborar.
El 24 de febrero de 2016, Peña Nieto defendió las investigaciones. “El Estado mexicano ha desplegado un amplio esfuerzo institucional para procurar Justicia a partir de una investigación profunda, transparente y abierta”, afirma.
El 2 de marzo, el pleno de la CIDH presentó en Washington un informe sobre México según el cual el país vive una “espiral de violencia e impunidad”. El Gobierno federal dijo que está sesgado y mal sustentado.
Posteriormente, el 23 de marzo, la PGR abrió una averiguación previa contra Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH, después de que un abogado lo acusara de fraude en el manejo de dos millones de dólares pagados por México para financiar al GIEI.
Una semana después, la CIDH afirmó que hay una “campaña de desprestigio” y que México está entrando en “una regresión autoritaria”.
El 1 de abril, el perito mexicano Ricardo Damián Torres presentó resultados del nuevo estudio de fuego. Los expertos del GIEI acusaron a la fiscalía de romper acuerdos al dar a conocer de manera unilateral resultados parciales. Horas después, la fiscalía rechaza la acusación.
El 5 de abril, la PGR desecha la denuncia de fraude contra Álvarez Icaza. Sin embargo, al siguiente día los expertos dicen que hubo un “quiebre de confianza” y que no seguirán colaborando en el tema del basurero en esas condiciones.
Tras ello, el portavoz del Gobierno, Eduardo Sánchez, niega un distanciamiento, pero anunció que no se renovará la misión de los expertos. Lo mismo hace Peña Nieto, ocho días después; desde Copenhague informó la decisión de su Gobierno de no mantener el mandato de los expertos extranjeros: cumplido el plazo “es de esperarse el informe final que rinda este grupo de expertos” previsto para el 24 de abril, afirma.
A mediados de este mismo mes, la CIDH anunció de manera oficial el fin del trabajo de los expertos a partir del 30 de abril por no haber condiciones para una renovación.
CINCO CLAVES SOBRE EL INFORME
El GIEI concluye su trabajo de apoyo a la investigación sin saber el destino de los jóvenes, sin confirmar cuál fue el móvil del crimen ni quienes fueron sus máximos responsables.
Su último informe sí deja, sin embargo, algunas claves importantes:
1. CRITICAS Y PROBLEMAS CON LA VERSION OFICIAL
Al menos 17 detenidos habrían sido torturados, según análisis de reportes médicos hechos por las propias autoridades mexicanas. Entre ellos están los cinco presuntos sicarios que confesaron ser los autores materiales de asesinar y quemar a los 43 en el basurero de Cocula, en el estado de Guerrero, para después arrojar sus cenizas al río, como indica la versión oficial.
Esto podría desacreditar esa parte de la investigación porque, según los estándares internacionales, toda confesión obtenida bajo tortura es nula. El propio gobierno de México, esta misma semana, en boca del subprocurador de Derechos Humanos, Roberto Campa, dijo que una investigación basada en la tortura “carece de valor jurídico” y “no garantiza llegar a la verdad”.
Para los expertos no hay evidencias científicas de la versión del basurero salvo los testimonios de los torturados, ven “claro” que hubo un “rechazo latente a versiones distintas” y creen “que se hicieron diversos intentos de regresar a dicho escenario” sin investigar otras hipótesis.
Nuevos elementos vuelven a cuestionar la llamada “verdad histórica” ofrecida por el ex procurador general, Jesús Murillo Karam: un mensaje de celular de un estudiante enviado una hora después de cuando habrían sido asesinados, o las distintas versiones sobre cuándo se encontraron los restos en el río, donde estaba el único hueso que ha sido identificado al cien por cien y que corresponde al estudiante Alexander Mora. Además, hay indicios de que al menos parte de los jóvenes pudieron ser llevados en dirección contraria al basurero.
2. ATAQUE MÁS COORDINADO Y DE MAYOR ENVERGADURA
Si en el primer informe los expertos ya hablaban de un ataque coordinado y al menos en nueve puntos, el nuevo reporte constata que la planificación fue todavía mayor: se extendió por 80 kilómetros, incluida la localidad de Huitzuco, cuya policía también participó en los hechos.
Este área se llenó de retenes, tanto de policías como de miembros del crimen organizado, lo que “muestra un modus operandi coordinado para evitar la huida de los autobuses”, según los expertos.
A su juicio, una mayor coordinación implica un nivel de comando mayor. Los dos detenidos de mayor rango hasta ahora son el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y un jefe del cártel de los Guerreros Unidos en esa localidad, Gildardo López Astudillo.
3. MÁS DUDAS SOBRE EL PAPEL DEL EJERCITO Y LA PF
Hay numeras constancias de que la Policía Federal y el ejército estuvieron enterados en tiempo real de lo que pasaba en Iguala pero este nuevo informe constata que fueron federales los que, además de estar presentes en varias escenas del crimen, se encargaron de organizar los retenes y desvíos carreteros a la altura del Palacio de Justicia para evitar el lugar donde estaban siendo detenidos un grupo de estudiantes pero esto solo aparece en declaraciones de testigos, los agentes no lo mencionan en las suyas.
Además, según los expertos, un federal mantuvo comunicación constante con Felipe Flores Velázquez, el jefe de la policía de Iguala, todavía prófugo, desde diferentes escenarios de los ataques y en momentos distintos
Ni la Policía Federal ni los militares hacen referencia en sus declaraciones a un quinto autobús que los expertos pidieron desde el año pasado investigar. Sin embargo, se encontró policías federales lo custodiaron hasta la salida de la ciudad de Iguala. Este bus —que se sugirió pudo haber estado involucrado en el negocio del tráfico de heroína entre Iguala y Chicago y tomado por error por los estudiantes— no fue investigado y los expertos dicen que no pudieron verlo porque las autoridades les presentaron otro en su lugar.
En el caso de los militares, los expertos denuncian que hubo variaciones en sus declaraciones, algunas posteriores a su primer informe y que parecen ajustarse a las evidencias que ellos mostraron. También advierten de que no se investigaron declaraciones inquietantes como la de un marino que acusa a un miembro del 27 batallón de ser traficante de armas para el cártel Guerreros Unidos; la existencia de un camión militar que patrullaba por donde escaparon algunos normalistas y del que no se tiene noticia o por qué el ejército pidió al hospital las grabaciones de sus cámaras.
4. OBSTRUCCION A LA INVESTIGACION Y EL MOVIL SIN INVESTIGAR
Los expertos denuncian la falta de voluntad para investigar a altos funcionarios, a miembros del ejército, o a actores clave a los que todavía no se ha interrogado, así como la dispersión del caso en expedientes distintos. También constatan la falta completa de investigación la noche de los hechos o la mala o nula consignación de pruebas y evidencias —algunas como grabaciones de video, han desaparecido_, errores que han podido contaminar todo el caso. Ya denunciaron, además, que hay grabaciones que han desaparecido.
Hablan de dilación y demoras por parte de la fiscalía para darles información hasta una semana antes de presentar su informe y de la falta de investigación sobre la hipótesis de que el tráfico de heroína en autobuses de Iguala a México pudo estar en la raíz de todo el ataque.
Los expertos insisten en que no hay pruebas que indiquen que entre los alumnos hubiera narcotraficantes infiltrados, como la investigación oficial sugirió en un primer momento a partir de testimonios, y que está comprobado que todas las fuerzas de seguridad sabían que se trataba de estudiantes.
“Existen ciertos sectores que no están interesados en la verdad”, indica el documento, aunque no especifica.
5. REVICTIMIZACION Y MALTRATO A LAS VICTIMAS
El informe evidencia que los supervivientes fueron tratados mal por la policía federal y el ejército que no les resguardó ni quiso colaborar en el traslado de heridos graves.
En total hubo 180 víctimas, incluidos los seis asesinados, y 700 familiares directos afectados a los que no se dio un apoyo correcto.
Hubo familias que fueron re victimizadas, como la de Julio César Mondragón, un estudiante asesinado, torturado brutalmente y desollado. Para conseguir su ADN y cerrar la segunda autopsia una vez exhumado el cadáver hubo que hacer 44 reuniones y 22 procesos legales en 7 localidades durante 3 meses con un costo de más de 177.000 pesos (poco más de 10.000 dólares) para la familia, denuncian los expertos.
