La justicia administrativa le ordenó a la PGR ofrecer una disculpa pública a Jacinta Francisco Marcial por haberla detenido, procesado y condenado ilegalmente por el supuesto secuestro de agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en 2006, pues una indemnización no resarcía el daño ocasionado a la mujer. Se espera que el Tribunal Colegiado intervenga por otras dos mujeres indígenas ñhäñhú, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, encarceladas por los mismos hechos.

Ciudad de México, 24 de mayo (SinEmbargo).- El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reparar el daño a Jacinta Francisco Marcial, quien en 2006 fue condenada a 21 años de prisión por el presunto secuestro de seis miembros de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).

Después de casi 10 años de que Jacinta Francisco fuera condenada a prisión por un delito que no cometió, la justicia administrativa le ordenó a la PGR ofrecerle una disculpa pública por haberla detenido, procesado y condenado ilegalmente, pues una indemnización no resarcía por sí sola el daño ocasionado.

En conferencia de prensa, integrantes de la organización Amnistía Internacional (AI) y de otros grupos de defensa a los derechos humanos dijeron que a Jacinta, quien permaneció tres años en prisión, se le negó un juicio justo y que fue encarcelada por su situación social marginal de mujer indígena, pobre y con limitado acceso a la justicia.

La sentencia es inapelable, por lo que la PGR está jurídicamente obligada a cumplir lo ordenado. “En ese sentido, exhortamos a qué través de las instancias competentes, gire las instrucciones necesarias para que una vez que reciba la notificación oficial de la sentencia proceda a cumplirla”, expresó AI.

Amnistía Internacional reconoció que la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado “abre paso formalmente a las víctimas de la actuación irregular de Ministerios Públicos Federales por la vía de responsabilidad administrativa al reconocer la obligación de resarcir los daños ocasionados por la indebida privación de la libertad, incluyendo el daño moral ocasionado en su reputación, vida privada y dignidad al haberse hecho de forma pública ante los medios de comunicación la supuesta responsabilidad de los delitos. De esta manera, en casos similares se pueda demandar a la PGR la reparación integral por violar sus derechos humanos”.

Amnistía Internacional la nombró presa de conciencia el 18 de agosto de 2009, pues había recibido una condena injusta sin recibir, posteriormente, el reconocimiento oficial de su inocencia.

La indígena fue condenada a 21 años de cárcel en 2006 por el secuestro de seis miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que entraron vestidos de civil en un mercado de la localidad de Santiago Mexquititlán, en el estado central de Querétaro, en un operativo en busca de drogas y DVD piratas.

Tras cumplir tres años de condena, fue liberada “tras la decisión de la PGR de no presentar conclusiones acusatorias en su contra; sin embargo, esta misma instancia se negó a reconocer su inocencia”, recordó AI.

Los defensores de derechos humanos refirieron que aún están pendientes los casos de las mujeres indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, también encarceladas injustamente por los mismos hechos, “por lo que confiamos que tal como sucedió en el caso de la señora Jacinta Francisco, el Poder Judicial de la Federación, confirme la decisión previa y ordene a la PGR la reparación integral del daño incluyendo garantías de satisfacción  como el ofrecimiento de disculpas públicas”.

Jacinta Francisco estuvo privada ilegamente de su libertad de agosto de 2006 a septiembre de 2009, acusada por por la PGR por el presunto secuestro de seis miembros de la AFI, quienes realizaban un operativo para decomisar mercancía en el tianguis de Amealco, en Querétaro.

La indígena fue liberada tras la decisión de la PGR de no presentar conclusiones acusatorias en su contra, sin embargo, ésta misma instancia se negó a reconocer su inocencia.

La organización confió en que, al igual que en el caso de su compañera, “el Poder Judicial de la Federación confirme la decisión previa y ordene a la PGR la reparación integral del daño, incluyendo garantías de satisfacción como el ofrecimiento de disculpas públicas”.

Hace un año, durante una conferencia, la mujer indígena hñähñu dijo estar cierta que su caso sienta un precedente en materia de derechos humanos no sólo en Querétaro, sino en el país, por lo que llamó a la población a acudir a las comisiones de derechos humanos a interponer su queja cuando haya una violación a las garantías fundamentales.

Recordó que durante su estancia en el Reclusorio Femenil de San José el Alto fue víctima de la misma discriminación de la que había sido objeto fuera de ese centro de reinserción social, por el simple hecho de ser indígena.

“Cuando recién llegué a la cárcel, las presas decían: ‘No queremos estar con esta india, llévensela de aquí’. No me querían, ahí donde a una la llevan, donde hay otras tres presas”, relató.

“No hizo bien su trabajo [dijo refiriéndose al Procurador que la encarceló, Eduardo Medina Mora]. A veces yo me pregunto, tres años y dos meses, y ahorita que hablan de reparación del daño, eso no es reparación del daño, reparación del daño solamente cuando me tiraron algo y me regresen lo mismo”.