Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).– El Presidente de México Enrique Peña Nieto instaló ayer el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con el que aseguró: el país está “adoptando el modelo de ‘Gobierno abierto’, que democratiza la información pública generada por dependencias y entidades federales”. Sin embargo, expertos consideran que lograr que estados y municipios se adhieran de inmediato al mismo modelo es un reto que hasta ahora no prevé el nuevo esquema, pues será hasta dentro de un año cuando se definan las sanciones para quien no lo haga.

Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, admitió en entrevista con SinEmbargo que uno de los riesgos es que en la práctica cotidiana las personas –entiéndase alcaldes y gobernadores– comprendan que ahora existirá información que deberán entregar por ley y que no se podrán negarse a transparentar sus ejercicios.

“La autoridad municipal y estatal no entiende, y no parece dispuesta a colaborar; y si no cambia nada –con la creación del Consejo–, porque las expectativas que creamos fueron muy amplias, sería una gran decepción porque sería nuestra democracia la que estaríamos deslegitimando”, expresó.

Salas Suárez explicó que las nuevas leyes anticorrupción y en materia de transparencia permitirán que todo el país se dé cuenta de la problemática real que viven los estados y municipios en relación a su tamaño y el ejercicio de sus presupuestos.

De acuerdo con el Índice de Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM), los estados menos trasparentes son Hidalgo, con una calificación de 4.5 puntos sobre 10, Baja California Sur con 4.7 puntos, Yucatán, Querétaro, Guanajuato y Campeche con con 4.9 puntos.

Mientras que los más transparentes, de acuerdo con ese indicador, son Colima con 7.7 puntos y Puebla con 7.1; sin embargo, a nivel nacional el promedio es de 6.0, lo cual indica que el país apenas aprueba de panzazo.

“Mover a estados y municipios es el gran pendiente. Yo creo que en el tema de la falta de recursos que a veces expresan el Gobernador y presidentes municipales [para no implementar instrumentos que faciliten la transparencia y rendición de cuentas], pues en el caso del Gobernador es más que un pretexto”, planteó por su parte Max Kaiser Aranda, quien durante el sexenio pasado fuera Subsecretario de Sanciones Administrativas y Sanciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y actualmente se desempeña como profesor del Departamento Académico de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

“Estados y municipios deben subirse a este tren de desarrollo en el que la rendición de cuentas tiene que convertirse en algo cotidiano de cualquier orden de gobierno, y esto pasa por la presión de la sociedad civil, los medios, los académicos, hay que estar muy pendientes de cómo se desarrolla”, aseveró.

Casos como el de Compranet, explicó, muestran que crear plataformas digitales para rendir cuentas no es costoso sino que más bien existen “otras resistencias que la falta de recursos: esta cultura de tenerlo todo en un papelito sellado en un archivo y tener esta gente trabajando guardando y archivando papelitos”.

EL GRAN PENDIENTE: LAS SANCIONES

De acuerdo con la regulación aprobada por el Legislativo en materia de transparencia y rendición de cuentas, no será sino hasta el 5 de mayo de 2016 cuando entren en vigor las nuevas sanciones para los funcionarios y dependencias que se nieguen a transparentarse.

Salas Suárez admitió que “apenas vamos a generar una especie de tabulador que diga: ‘si incumples con A tienes derecho a una sanción C y lo que tienes pendiente es la parte de una sanción administrativa. Es decir, ¿qué pasa si un funcionario no cumple? ¿Lo vamos a amonestar, a destituir, a ponerle una falta administrativa o va a derivar en una denuncia penal? Eso lo vamos a construir y después tendrán que generarse los procedimientos”.

El Comisionado expresó que aún ahora no está definido que tipo de sanción administrativa se aplica si un funcionario o dependencia incumple con una obligación de oficio. Un ejemplo es que de las más de 100 denuncias interpuestas por el ahora INAI ante la SFP solamente una ha prosperado y fue en el año 2005.

“Van a tener que establecer nuevos procesos que se sean más claros”, enfatizó por otro lado el académico del ITAM.

Definió como “gravísimo” lo que pasa en muchos estados y municipios por las resistencias que aún existen hacia la transparencia: “Veo a muchos gobernadores y alcaldes tratando de blindar lo que están haciendo para seguir trabajando en esa forma tan arcaica en obra pública y compras gubernamentales, en temas de salud, etcétera”.

No obstante, señaló que cada día crece la exigencia hacia la transparencia, lo que fue notorio durante el proceso electoral del 7 de junio en los que hubo vigilancia para que a los recursos públicos no se les diera un manejo políticamente rentable.

“Me preocupa mucho que se mantenga esta idea de que los gobiernos locales y municipales pueden mantener flujos oscuros que les permitan tener programas políticamente rentables, por eso creo que es tan importante empatar el Sistema Nacional de Transparencia con el Sistema Nacional Anticorrupción”.

EL LARGO CAMINO AL CONSEJO

El Consejo no llega exento de controversia ya que antes de la aprobación del Sistema, así lo recordó el Senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Encinas Rodríguez, la Consejería Jurídica de la Presidencia, encabezada por Humberto Castillejo, envió al Senado de la República 88 modificaciones al proyecto de dictamen de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que pretendían diluir el espíritu de la reforma al artículo sexto constitucional y revertir los avances alcanzados, lo que no prosperó ante la presión de organizaciones civiles y legisladores de oposición.

Las modificaciones planteadas por el Ejecutivo Federal pretendían:

Imponer cambios drásticos a la legislación secundaria, como la reducción de facultades al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para resolver impugnaciones.

Eliminar la posibilidad de que el INAI determinara la apertura de información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, y que el Instituto no pudiera exigir a los sujetos obligados la generación o reconstrucción de información o, en su caso, exigir a los sujetos la prueba de daño que justificara la reserva de información por asuntos que pusieran en riego la seguridad nacional.

En el artículo 104 la iniciativa para crear la Ley General de Transparencia, referente a la prueba de daño sostiene que un ente puede negar acceso a la información en caso de que compruebe que la divulgación de dicha información representa un riesgo real a un “interés legítimo de seguridad nacional”.

“Desde Los Pinos” se pretendía eliminar la figura de “interés legítimo” para dejar a la interpretación discrecional de la autoridad que cualquier información pudiera representar un riesgo de seguridad nacional.

Se pretendía además, eliminar la posibilidad de que el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos sancionara a los sujetos obligados que no garantizaran el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia.

La Presidencia planteó modificar el significado de información de interés público, para señalar que se trata de aquella información beneficiosa para la sociedad, siempre y cuando no tenga carácter de reservada o confidencial.

La Consejería Jurídica planteó eliminar la palabra “comprensible” dentro de las características que debe contener la información que los entes obligados entreguen a la ciudadanía, cuando esta palabra es clave, porque al hacer “comprensible” la información tendrá mayor alcance entre la ciudadanía mexicana, la cual desconoce en su mayoría conceptos y términos jurídicos, políticos y económicos.

También se opuso –con el apoyo del PRI [Partido Revolucionario Institucional] y el PVEM [Partido Verde Ecologista de México]- a establecer la obligación de hacer pública las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, así como su declaración de interés, y se opuso a la obligación de poner a disposición del público “la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos, honorarios (…) o sindicalizados, o en cualquier otro esquema laboral o de prestación de servicios”.

“Es lamentable que el Ejecutivo Federal, en un acto donde se debería reivindicar la autonomía de los órganos garantes, presente como un logro gubernamental la nueva ley y el Sistema Nacional de Transparencia al que, en su momento opuso una profunda resistencia”, externó el legislador.

“El sistema nacional de transparencia es un logro de las fuerzas del Congreso, de los órganos garantes y de la sociedad civil”, finalizó.